¿Para qué recordamos? El deber estatal de la memoria

Opinión

El homenaje realizado ayer al Capitán Viola por parte del municipio de Yerba Buena, lejos de cerrar cualquier grieta, implica un regreso a la teoría de los dos demonios impuesta a nivel nacional por el relato macrista. El debate acerca de qué y para qué debe conmemorar el Estado. Por Julia Vitar.

Crédito: http://www.frcu.utn.edu.ar/.


Durante la década del noventa, a partir de la impunidad a los crímenes contra la humanidad cometidos en la década del setenta, surgió en Argentina lo que algunos autores llaman un “régimen de la memoria”. En ese proceso las conmemoraciones y rememoraciones en los espacios públicos, llevadas adelante principalmente por el movimiento de derechos humanos (entre éstos se destacan los escraches a los autores de crímenes de lesa humanidad que surgen en la década del noventa a partir de las acciones de la agrupación H.I.J.OS.), ocuparon el lugar que debió ocupar el Estado y la justicia, nominando lo ocurrido en Argentina como lo que fue: violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos esenciales de lxs argentinxs.

Mientras que para la comunidad internacional resultaba bastante claro que lo ocurrido en Argentina se encontraba dentro de los cánones de los más graves y horrendos crímenes que un Estado pueda cometer, en Argentina continuaba la discusión. Tanto el sistema interamericano de derechos humanos (desde el informe de la Comisión Interamericana de DDHH del año 1979 en adelante), como tribunales de países de España, Italia, Francia, sostuvieron la necesidad de investigar, juzgar y castigar a los responsables de esos crímenes, y reparar a sus víctimas.

A partir del año 2003, el Estado nacional acogió como parte de sus políticas gubernamentales, la promoción de los juicios contra los responsables de los crímenes del terrorismo de Estado junto a una amplia política de memoria sobre el pasado. Desde la perspectiva que planteo en esta nota, las políticas de memoria, se inscriben en el marco de las reparaciones colectivas o simbólicas, es decir como parte de las obligaciones estatales de reparación integral a las víctimas y familiares de víctimas del terror estatal. Surgieron señalizaciones de centros clandestinos de detención; homenajes a víctimas del terror estatal; la nominación de calles, edificios, aulas con el nombre de víctimas, etc.

El deber estatal de recordar, de homenajear y rememorar, es parte del imperativo ético del Nunca Más, es decir, rememorar para que no vuelva a suceder. En Tucumán, desde el año 2003 a la fecha, se han desarrollado 14 juicios orales y se han juzgado las responsabilidades de militares, gendarmes, policías provinciales, miembros del servicio penitenciario provincial y civiles que actuaron en estructuras de inteligencia. Todos ellos, fueron funcionarios públicos y actuaron –a partir de febrero de 1975 - en el marco de un plan nacional, destinado a la violación sistemática y generalizada de derechos humanos.

A partir del año 2015, comenzó un proceso de retroceso en esta política estatal de memoria, produciéndose por ello un retroceso claro y marcado. Un ejemplo de ésta contramarcha ocurrió durante la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado, cuando el presidente Mauricio Macri, posteó en sus redes sociales un video en donde, con motivo del día nacional por la Memoria la Verdad y la Justicia – fecha conmemorativa que fue fijada por ley nacional-, escogió repudiar, a través de un video publicado en su cuenta de Twitter, la “violencia política”, sin distinguir entre la violencia del Estado y sus fuerzas armadas y de seguridad, respecto de la violencia ejercida por los particulares.

Luego, en una entrevista con el medio Buzzfeed, Mauricio Macri se refirió a lo ocurrido durante la década del setenta como una  guerra sucia. En paralelo se produjo una campaña por parte de diferentes exponentes del gobierno y sus aliados, cuestionando las cifras de las víctimas de la represión.

El concepto guerra sucia, acuñado por los teóricos de la doctrina de seguridad nacional, fue utilizado por la junta militar para justificar lo que ocurrió en la década del setenta. Básicamente, ésta visión plantea que en la defensa de la nación de un enemigo interno llamado subversión, que se encuentra disimulado entre la población, es legítimo la utilización de métodos no convencionales para combatirlos: la tortura, el secuestro, la desaparición de cadáveres.

El discurso de memoria que propone el macrismo es un regreso a la teoría de los dos demonios. Ella implica explicar el terrorismo de Estado como excesos cometidos en el marco de un objetivo que postulan como justo: combatir la subversión. La teoría de los dos demonios es un conjunto de representaciones asociadas a la explicación de lo ocurrido en la década del setenta como un proceso atravesado por la existencia de dos violencias enfrentadas, que se presentan como equiparables, en sus métodos y/o responsabilidad histórica. En esa lectura la violencia guerrillera actuó como un desencadenante de la reacción violenta del Estado.

Esta representación del pasado buscó construir consensos sociales respecto a la necesidad de reprimir de forma ilegal a las expresiones políticas armadas que existieron en nuestro país. En ese proceso no existieron leyes, derechos ni garantías. Los jueces y los procesos judiciales fueron trocados por torturas sin límites, secuestros y desaparición de personas.

Las conmemoraciones recientemente organizadas desde la Municipalidad de Yerba Buena, primero nombraron Coronel Arturo Larrabure a una calle y ahora, el pasado domingo, una conmemoración por los 45 años de la muerte del Capitán Humberto Viola, se dirigen en el mismo sentido que éstas acciones del gobierno de Macri. Pretenden, en primer lugar, plantear la igualdad de responsabilidades entre la violencia de organizaciones políticas que nunca tuvieron el control de una porción del territorio, respecto de la acción del Estado que desató de forma ilegal, ilegítima y antidemocrática, todo el poder de la violencia estatal –recordemos que el Estado es el único ostentador del monopolio de la fuerza-. Por otro lado, estos discursos presentan la violencia política de organizaciones armadas no estatales como preexistentes y justificadoras del terrorismo de Estado.

Las víctimas de delitos, cualquiera estos fueran, tienen el derecho de homenajear a sus muertos, hacer sus duelos  y recordarlos de la mejor forma que crean necesario. Además, la muerte de Humberto Viola y su hija María Cristina, fue investigada por el poder judicial en el momento en que se produjo. Hubo personas que fueron juzgadas y condenadas por ese hecho. El Estado, que pudo haber elegido el camino de la legalidad y el pleno respeto de los derechos y las garantías de los acusados, sin embargo, eligió llevar adelante procesos fraudulentos, plagados de violaciones a los derechos humanos básicos de los acusados. 

Recordemos que los secuestros y torturas de quienes fueron acusados por el atentado a Viola fueron acreditadas en el juicio oral de la causa “Operativo Independencia”, incluyendo entre las víctimas a un niño que tenía 14 años cuando fue acusado de ese hecho y estuvo ilegalmente preso desde 1975 hasta 1983.

A partir de febrero del año 1975, el Estado y sus fuerzas armadas pusieron en marcha en la provincia un plan sistemático de violaciones a los derechos humanos que implicó “una experiencia totalitaria” de acuerdo al Tribunal Oral de Tucumán, con el secuestro, las torturas el asesinato y la desaparición de cientos de personas y la ocupación del territorio provincial. Es decir, en lugar de elegir la aplicación de la ley y el funcionamiento del aparato judicial y las garantías constitucionales de los ciudadanos eligió el terror como mecanismo de acción.

Existe una diferencia palmaria entonces, entre el deber del Estado de recordar, rememorar a las víctimas del terrorismo de Estado, en tanto es parte de su imperativo ético, de sus obligaciones internacionales respecto a la reparación de las víctimas. Porque esas víctimas fueron desaparecidas, asesinadas o encarceladas por los agentes del Estado que actuaron desde el lugar que les da el monopolio de la fuerza pública. En relación con hechos que pudieran ser perpetrados por personas  o grupos de personas que no eran parte del Estado ni actuaron con su aquiecencia, no pesan estas obligaciones.

Poner en un pie de igualdad una y otra situación, no es otra cosa que intentar plantear la existencia de una paridad entre un hecho y otro. Es, a través de discursos y políticas estatales, equiparar la responsabilidad del Estado y sus agentes con las de los grupos políticos insurgentes que existían en aquel momento. Esa no solo es una lectura maniquea del pasado, sino que intenta igualar lo que no es igual. No lo fue en su momento y no lo es ahora. 

*La autora es Abogada y Magister en Derechos Humanos y Política Sociales


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