Violencia sexual, la brutal expresión de una sociedad patriarcal

Patriarcado es un término griego y significa, etimológicamente, “gobierno de los padres” y se usa este concepto para hacer alusión a aquellas sociedades en la que los hombres tienen el poder sobre las mujeres.

Los movimientos feministas y grupos de mujeres en los últimos años vienen denunciando y visibilizando las violencias y discriminaciones que sufren las mujeres. Han sido las precursoras de un doble proceso: la deslegitimación de la violencia contra las mujeres y la elaboración de un nuevo marco legal para la prevención, sanción y erradicación de todas las formas de violencia que sufrimos las mujeres a diario. 

Este proceso ha sido particularmente importante en nuestro país, lográndose unas elevadas tasas de sensibilización social, que, si bien, aún no han logrado su erradicación, si hemos dado un salto cualitativo importante en un tiempo realmente corto. Pero no alcanzan para deconstruir una cultura de cuatro milenios o más de patriarcado que permeó cada aspecto de nuestras vidas, y se reproduce en las estructuras basadas en la supremacía de un sexo y la supeditación del otro.

La violencia de género en todas sus manifestaciones es la expresión más clara y brutal de las desigualdades existentes en nuestra sociedad y es utilizada para mantener el control y poder. Se trata de una violencia que se dirige a las mujeres por el hecho mismo de serlo y se da en todos los ámbitos, por ser consideradas por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión.

La violencia sexual es una herramienta política de disciplinamiento que el patriarcado utiliza desde sus orígenes. Sirve para recordarle a la mujer que rol debe ocupar: de obediencia al hombre, de permanecer en el hogar y no salir a la calle a cualquier hora, como vestirse, como comportarse y sobre todo no invadir el espacio público y político que pertenece a los varones, aun después de las sanciones de leyes de acciones positivas para que la mujer pueda ocupar espacios de poder, todavía se está lejos de alcanzar la paridad. 

El Estado ha asumido compromisos internacionales de respeto y garantía al considerar la violencia contra las mujeres como una violación a los derechos humanos.  Desde la Conferencia Mundial de Viena, donde se declaró que la violencia contra las mujeres es una violación a los Derechos Humanos y que, por lo tanto, los derechos humanos deben respetarse y garantizarse dentro y fuera del hogar.

Esta declaración rompe con la separación entre las esferas de lo público y privado al expandir el campo de los derechos humanos a un ámbito donde aún no había llegado. 

Ahora bien, partir de la ratificación de tratados de derechos humanos, el Estado ha asumido las obligaciones de respeto y garantía, que debe llevar adelante con debida diligencia, de lo contrario, su responsabilidad internacional puede verse comprometida. El Estado “es garante de la igualdad, y por lo tanto tiene una posición de garante frente a patrones de violencia que afectan a grupos subordinados".

De ello se desprende que una de las obligaciones del Estado es el Acceso a la Justicia, ya que la misma le debe garantizar el acceso a recursos judiciales adecuados para las víctimas de género. Entendiendo tal “como la existencia de facilidades para que todas las personas sin discriminación alguna puedan gozar de todos los recursos y servicios que garanticen su seguridad, movilidad, comunicación y comprensión de los servicios judiciales, que garanticen una justicia pronta y efectiva".

Otra  obligación es la de la debida diligencia es decir que la víctima “tiene derecho a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y el establecimiento de las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento desde una perspectiva de género, teniendo en cuenta cada uno de los datos en forma integral, en un tiempo razonable, a fin de que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y la debida sanción del responsable". 

Debemos manifestar en estos casos de violencia sexual,  que ahoratienen  una visibilidad que era impensable años atrás, que se encuentra dentro de un contexto de desigualdad y discriminación estructural, no es el único, ni un caso aislado. Por eso para poder prevenir estas conductas, el Estado tiene que contar con políticas públicas reales y eficientes, no meramente declarativas o que estén sujetas a las creencias de los políticos de tuno, con presupuesto acorde, con funcionarias/os, jueces/as y operadores de justicia capacitados/das en la perspectiva de género. Es necesario que los tres poderes del Estado muestren y/o demuestren que no se tolerará más, la discriminación y atropello a las mujeres y niñas; que se trata de derechos conquistados, como resultado de la lucha de muchos años  de las mujeres,  que cada agresión recibirá con una respuesta clara y contundente del sistema de justicia y no con  impunidad o la mediatización. 

Si no el Estado incumple la obligación de prevenir la discriminación arraigada en prácticas socioculturales estereotipadas. Art 8 de la Convención Belén do Pará, Art. 5 de la CEDAW y Recomendación N°19 de la CEDAW, párr- 1 y 12. 

Por respecto a la víctima y a su defensa técnica, no me referiré al caso concreto de la denuncia contra Alperovich, esperando la pronta resolución de la justicia.