Faltan datos certeros sobre la problemática de los motoarrebatadores
opinión
Matías Lorenzo Pisarello, coordinador de equipo de Seguridad y Derechos Humanos de Andhes, opina que la medida que planea implementar el Gobierno debe cuidarse de no afectar derechos básicos de circulación o movilidad.
El oso Yogui y Bubu, en esa situación, posibles delincuentes según el proyecto de Ley que impulsa la secretaría de Seguridad Ciudadana.
El proyecto de Ley que presentará el Poder Ejecutivo ante la Legislatura prohibiendo la circulación de dos hombres en motocicleta es un copie y pegue de otros similares que se intentaron aplicar en otras provincias y países, incluso Scioli en bs as y Macri en CABA intentaron aplicarla años atrás sin ningún tipo de éxito. En el caso de Colombia, por ejemplo, la misma se aplicó como consecuencia de la gran cantidad de casos de sicarios que usaban las motos para cometer asesinatos en la época de Pablo Escobar. En la actualidad solo se la aplica en fecha determinadas como fines de semana de elecciones.
El Ministerio de Seguridad no explica con datos certeros la problemática de los motoarrebatadores. Cuantos casos existen? Cuantas personas cometen estos delitos? Que cantidad de personas se trasladan en estos vehículos en nuestra provincia? Hay un porcentaje estimativo o comparativo entre quienes circulan sin cometer delitos y los que cometen? Existe un estudio del móvil de esos delitos?
La cuestión parece sobrepasar a quienes diseñan las políticas públicas y solo atinan a prohibir la circulación de posibles sospechosos.
No podemos perder de vista que la mayoría de los motociclistas son trabajadores que utilizan la moto como medio de transporte hacia sus lugares de trabajo.
La seguridad pública debe cuidarse con medidas que no afecten los derechos básicos de circulación o movilidad, no pueden usarse medidas desproporcionadas justificando prevención del delito, generando más perjuicios que beneficios, por cuanto establece una suerte de presunción delictiva por el solo hecho de viajar en moto.
Antes de aplicar una medida tan restrictiva de derechos, afectando la libre circulación (art. 14 CN) de miles de personas que nada tienen que ver con el delito se podría iniciar fuerte campaña de concientización sobre la necesidad de contar con la documentación correspondiente; controles de tránsito rigurosos; convenios para que las transferencias e inscripciones de compra y venta de motos sean accesibles económicamente a todas las personas que realicen esas transacciones, con el fin de que se identifique correctamente a los propietarios; mayor control e investigación sobre los desarmaderos y teniendo en cuenta que los teléfonos celulares son el principal móvil de los motoarrebatadores sería importante contar con una ley que regule a quienes se encargan de desbloquearlos y que de una vez por todas se termine el negocio a costa el trabajador.
Tal vez ha llegado la hora de que el Estado asuma su verdadero rol, de constructor de políticas públicas acordes a estándares internaciones de derechos humanos, y comience a invertir recursos en descubrir qué les pasa a los ciudadanos, qué hechos delictivos los afectan y cuál es el origen de los mismos.
El proyecto de Ley que presentará el Poder Ejecutivo ante la Legislatura prohibiendo la circulación de dos hombres en motocicleta es un copie y pegue de otros similares que se intentaron aplicar en otras provincias y países. Incluso Scioli en Buenos Aires y Macri en CABA intentaron aplicarla años atrás sin ningún tipo de éxito. En el caso de Colombia, por ejemplo, la misma se aplicó como consecuencia de la gran cantidad de casos de sicarios que usaban las motos para cometer asesinatos en la época de Pablo Escobar. En la actualidad solo se la aplica en fecha determinadas como fines de semana de elecciones.
El Ministerio de Seguridad no explica con datos certeros la problemática de los motoarrebatadores ¿Cuántos casos existen? ¿Cuántas personas cometen estos delitos? ¿Qué cantidad de personas se trasladan en estos vehículos en nuestra provincia? ¿Hay un porcentaje estimativo o comparativo entre quienes circulan sin cometer delitos y los que cometen? ¿Existe un estudio del móvil de esos delitos?
La cuestión parece sobrepasar a quienes diseñan las políticas públicas y solo atinan a prohibir la circulación de posibles sospechosos. No podemos perder de vista que la mayoría de los motociclistas son trabajadores que utilizan la moto como medio de transporte hacia sus lugares de trabajo.
La seguridad pública debe cuidarse con medidas que no afecten los derechos básicos de circulación o movilidad, no pueden usarse medidas desproporcionadas justificando prevención del delito, generando más perjuicios que beneficios, por cuanto establece una suerte de presunción delictiva por el solo hecho de viajar en moto.
Antes de aplicar una medida tan restrictiva de derechos, afectando la libre circulación (art. 14 CN) de miles de personas que nada tienen que ver con el delito se podría iniciar fuerte campaña de concientización sobre la necesidad de contar con la documentación correspondiente; controles de tránsito rigurosos; convenios para que las transferencias e inscripciones de compra y venta de motos sean accesibles económicamente a todas las personas que realicen esas transacciones, con el fin de que se identifique correctamente a los propietarios; mayor control e investigación sobre los desarmaderos y teniendo en cuenta que los teléfonos celulares son el principal móvil de los motoarrebatadores sería importante contar con una ley que regule a quienes se encargan de desbloquearlos y que de una vez por todas se termine el negocio a costa el trabajador.
Tal vez ha llegado la hora de que el Estado asuma su verdadero rol, de constructor de políticas públicas acordes a estándares internaciones de derechos humanos, y comience a invertir recursos en descubrir qué les pasa a los ciudadanos, qué hechos delictivos los afectan y cuál es el origen de los mismos.
Matías Lorenzo Pisarello es
Coordinador área Seguridad y Derechos Humanos en
ANDHES (Abogados y Abogadas del NOA
en Derechos Humanos y Estudios Sociales)
