Escándalo en la Liga Tucumana de Fútbol: los clubes piden a Pablo Toviggino que remueva a la cúpula de la institución

Un colectivo integrado por más de 25 clubes afiliados a la Liga Tucumana de Fútbol elevó una formal y severa denuncia ante el titular del Consejo Federal del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino, solicitando una investigación integral sobre el funcionamiento administrativo, económico, contable, disciplinario y deportivo de la entidad. La presentación sitúa en el centro de los cuestionamientos al presidente de la cúpula directiva, Eduardo Monteros, y al tesorero Ricardo René Elías, requiriendo la determinación de sus responsabilidades individuales ante un escenario que compromete la estabilidad de las competencias locales.

Según el documento difundido por el sitio Más Deportes, entre las entidades firmantes que respaldan la petición figuran instituciones de amplia trayectoria como Central Norte, Amalia, San Juan, Villa Mitre, Tucumán Central, San Pablo, Atlético Famaillá, La Providencia, Concepción FC, Almirante Brown, Cruz Alta, San José, San Antonio, Santa Lucía, El Corte FC, Atlético Concepción, San Fernando, Sportivo Guzmán y La Florida, entre otras. La totalidad de las instituciones fundó su reclamo en la urgente necesidad de restablecer el orden estatutario, transparentar el manejo de los recursos y otorgar garantías de seguridad jurídica y competitiva al ámbito provincial.

Manejos financieros bajo sospecha y cuentas particulares

El capítulo económico de la presentación concentra los señalamientos de mayor gravedad en materia de gestión de recursos. Según consta en la documentación ingresada al organismo rector del fútbol federado, se denunció la desviación sistemática de fondos institucionales hacia cuentas bancarias personales, apuntando de forma directa al tesorero Ricardo René Elías. La presentación expone que cobros en concepto de aranceles, aportes de los clubes y contribuciones directas habrían sido canalizados mediante cuentas privadas, quebrantando los principios de trazabilidad y transparencia financiera.

A este esquema de manejo irregular se suma una severa controversia en torno al seguro deportivo obligatorio exigido a los participantes. Las entidades denunciaron que la conducción exigió desembolsos periódicos sin entregar copias de las pólizas, contratos con las compañías aseguradoras, costos reales ni detalle del alcance de las coberturas. Ante esta opacidad, los clubes reclamaron una verificación exhaustiva sobre el destino final de las sumas recaudadas.

Acefalía en órganos de control y omisión de balances

En el plano administrativo, el escrito expone un descontrol orgánico que margina a las instituciones miembro de las instancias estatutarias de fiscalización. Se documentó que la dirigencia omitió convocar a la Asamblea General Ordinaria correspondiente al ciclo 2026 dentro de los plazos normativos. Dicha omisión impidió que la Memoria, el Balance General, el inventario y la cuenta de recursos y gastos del ejercicio 2025 fueran puestos a consideración y debatidos por la asamblea.

La carencia de controles internos se profundizó con el vencimiento de los mandatos de los integrantes del Tribunal de Cuentas en marzo de 2026, dejando a la entidad sin la supervisión de su órgano de fiscalización. Esta anomalía encuentra antecedentes en la temporada 2024, cuando la falta de constitución oportuna del Tribunal de Disciplina derivó en la paralización del torneo durante 45 días, ocasionando serios perjuicios económicos a los clubes, que debieron mantener salarios y estructuras sin generar ingresos por recaudación.

Tensión competitiva: el caso Concepción FC contra Deportivo Graneros

El área deportiva también experimentó episodios de alta conflictividad institucional. La denuncia dedica un apartado especial a la controversia suscitada en la definición de la final entre Concepción Fútbol Club y Deportivo Graneros. Luego de que el encuentro fuera suspendido y quedara bajo la órbita de análisis del Tribunal de Disciplina, la conducción de la Liga dispuso reprogramar el partido para el 21 de agosto de 2026 mientras el trámite se encontraba abierto y con descargos pendientes.

Los denunciantes sostienen que esta resolución unilateral vulneró el debido proceso reglamentario e incrementó la desconfianza hacia la actuación del Colegio de Árbitros y del Comité Ejecutivo. La decisión de fijar una fecha de reanudación sin contar con un fallo disciplinario firme agravó la incertidumbre en torno a la transparencia del torneo.

Violencia en el campo de juego y derivación penal

El escenario institucional sumó una dimensión judicial de extrema gravedad al incorporarse como hecho nuevo una causa radicada en el fuero penal. Se trata del legajo D-647817/2026 de la Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción, en el que se investigan presuntas agresiones físicas.

Según se reseña en el documento, el tesorero Ricardo René Elías habría ingresado al campo de juego junto a custodios privados tras la finalización de un partido oficial para agredir con golpes de puño en el rostro al Director Técnico de Concepción Fútbol Club. Los clubes firmantes remarcaron que este hecho violento protagonizado por un alto directivo atenta contra los principios éticos del fútbol. Sin embargo, la presentación aclara que la responsabilidad penal no se encuentra juzgada, por lo que solicitaron al Consejo Federal requerir información oficial a la Justicia para precisar el estado procesal del dirigente.

El alcance de las medidas cautelares y el petitorio final

Frente a la multiplicidad de hechos denunciados, los clubes articularon un reclamo con medidas concretas tendientes a resguardar la institucionalidad y los bienes de la Liga. El petitorio elevado al Consejo Federal abarca los siguientes puntos principales:

1. Suspensión cautelar de directivos: Se solicitó la suspensión inmediata e inhabilitación preventiva en sus funciones para el presidente Eduardo Monteros y el tesorero Ricardo René Elías mientras se desarrolle la investigación. El texto especifica que se trata de una medida precautoria y no de una sanción anticipada, garantizando el derecho de defensa de los involucrados.

2. Auditoría contable integral: Se requirió la realización de un peritaje financiero sobre los períodos 2024, 2025 y el lapso transcurrido de 2026. El objetivo es reconstruir los ingresos aportados por los clubes, identificar las cuentas bancarias utilizadas, verificar las registraciones contables, rastrear la eventual derivación de fondos a cuentas personales y constatar la documentación respaldatoria de los seguros.

3. Secuestro y resguardo de documentación: Se demandó el resguardo inmediato de los libros de actas, registros contables y archivos digitales de la institución para prevenir alteraciones en la información.

4. Prohibición de cuentas particulares y certificación de balances: Se exigió prohibir que cuentas privadas reciban dinero institucional y emitir una certificación fehaciente sobre el estado contable de la entidad.

5. Normalización y sanciones: Los peticionantes instaron a regularizar el funcionamiento de los órganos estatutarios, restituir las garantías jurídicas y, de comprobarse las infracciones denunciadas, aplicar las sanciones reglamentarias correspondientes a los responsables.

Ahora, el futuro institucional de la Liga Tucumana de Fútbol queda supeditado a las determinaciones que adopte el Consejo Federal de la AFA en el corto plazo. Entre tanto, las entidades firmantes enfatizan que los hechos descritos en la presentación revisten el carácter de denuncias e irregularidades presuntas sujetas a la correspondiente investigación formal.