La Justicia de Tucumán declaró inconstitucional el pago en cuotas de las indemnizaciones dispuesto por la reforma laboral de Milei

El titular del Juzgado del Trabajo de la Iª Nominación del Centro Judicial Capital de Tucumán, doctor Carlos Frascarolo, declaró la inconstitucionalidad del artículo de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) que permitía el pago en cuotas de las indemnizaciones por despido y ordenó a la empresa demandada cancelar su deuda en un solo pago.

La disposición cuestionada corresponde al párrafo incorporado al artículo 277 de la LCT mediante el artículo 56 de la Ley de Modernización Laboral (Ley N° 27.802), una norma sancionada este año que reformó diversos institutos de la legislación laboral. En su análisis, el magistrado consideró que esta modalidad vulnera garantías fundamentales fijadas en los artículos 14 bis, 16 y 17 de la Constitución Nacional, además de contradecir la propia Ley de Contrato de Trabajo que exige el pago íntegro y oportuno de las deudas laborales.

Al fundamentar su resolución, el juez Frascarolo remarcó que "esta nueva norma bajo examen resulta incompatible con el principio protectorio y resulta una medida irrazonable que alienta el incumplimiento de la ley, importando un beneficio injustificado para el demandado y un grave perjuicio para la trabajadora, a la que le otorga un trato desigual y discriminatorio incompatible con las garantías constitucionales".

El expediente se tramitó en el marco de un juicio por cobro de pesos contra una firma dedicada al comercio de calzados, la cual había sido condenada a abonar cerca de 8 millones de pesos a una trabajadora despedida. Tras la sentencia firme, el apoderado de la empresa solicitó cancelar el capital condenado mediante un plan de 12 cuotas mensuales y consecutivas, amparándose en la reforma del artículo 277. Para justificar la petición, la demandada sostuvo que pertenecía al sector de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyME) y alegó atravesar una delicada situación financiera por la crisis económica estructural del país y del rubro de calzados.

Ante la presentación empresarial, la ex-empleada solicitó el rechazo de la solicitud y pidió la inconstitucionalidad del artículo 277 por ser contrario a la Carta Magna y a los tratados internacionales de derechos humanos. El magistrado hizo lugar al planteo de la trabajadora y constató, en primer término, que la empresa no probó en el expediente su condición de MiPyME ni la alegada crisis económica que acreditara el pago fraccionado.

En cuanto a los fundamentos constitucionales, el juez explicó que la indemnización reconocida en un fallo firme integra el patrimonio de la trabajadora bajo la protección del derecho de propiedad del artículo 17 constitucional. Al respecto, aseveró que "la posibilidad de que el deudor pueda imponer unilateralmente su pago fraccionado obligaría a la acreedora, contra su voluntad, a permanecer privada de la disponibilidad íntegra de un crédito que ya le ha sido reconocido judicialmente".

Respecto a la violación del principio protectorio del salario y la naturaleza alimentaria de la indemnización fijada en el artículo 14 bis, el magistrado manifestó que "el mecanismo previsto por la norma termina trasladando a la trabajadora las consecuencias económicas del transcurso del tiempo y, en los hechos, la coloca en la situación de financiar en contra de su voluntad al empleador condenado".

Asimismo, el magistrado concluyó que la norma quebranta el principio de igualdad establecido en el artículo 16 de la Constitución porque "coloca en una situación más favorable al empleador que incumplió su obligación y obligó a la trabajadora a recurrir a la vía judicial (...). Quien cumple voluntariamente sus obligaciones no cuenta con tal posibilidad, mientras quien incumple y resulta condenado puede obtener, como consecuencia del proceso, una facilidad de pago que no tenía con anterioridad".