La Justicia de Tucumán rechazó el sobreseimiento de un sacerdote acusado de abuso sexual en Simoca

La Justicia penal de Tucumán resolvió rechazar la solicitud de sobreseimiento presentada a favor del sacerdote Pablo Simón Valdez, ratificando la vigencia de la causa en la que está imputado como presunto autor de tres hechos de abuso sexual cometidos contra una adolescente en la localidad de Simoca. El juez de Monteros, Mario Velázquez, desestimó el planteo presentado por el Ministerio Público Fiscal, el cual pretendía archivar el legajo argumentando la existencia de una supuesta relación afectiva voluntaria entre el acusado y la víctima. De esta manera, el magistrado confirmó la acusación que imputa al clérigo por abuso sexual gravemente ultrajante en un hecho y abuso sexual con acceso carnal en otros dos, todos agravados por su condición de ministro de culto.

Los hechos investigados ocurrieron en la parroquia Nuestra Señora de la Merced. Según consta en el expediente, la denunciante se sumó a los 14 años a la comunidad de Infancia y Adolescencia Misionera en búsqueda de contención personal, espacio donde interactuaba directamente con Valdez, quien se desempeñaba como párroco de la localidad, confesor y máxima autoridad religiosa del entorno. La investigación señala que el trato cotidiano y sacramental dio paso a un acercamiento que derivó en presuntas agresiones sexuales iniciadas cuando la joven cumplió los 16 años, consumadas dentro de la residencia parroquial contigua al templo.

El encuadre delictivo establece tres episodios atribuibles al imputado en calidad de autor y en concurso real. El primer hecho, fechado en abril de 2021, fue tipificado como abuso sexual gravemente ultrajante agravado, configurado por tocamientos y actos coercitivos en los que la víctima fue sujetada del cabello con violencia. Los dos episodios posteriores, ocurridos en julio de 2021 y el 23 de mayo de 2022, fueron catalogados como abusos sexuales con acceso carnal agravados por la condición sacerdotal del acusado. La pesquisa reveló además que el sometimiento incluyó un embarazo durante 2021 que finalizó en una interrupción, y que la denuncia penal fue radicada en mayo de 2022 luego de un enfrentamiento familiar en las puertas de la iglesia.

El proceso judicial estuvo precedido por dos desestimaciones y archivos fiscales previos que debieron ser revocados por instancias superiores para evitar la prescripción de la causa. En la audiencia donde se evaluó el estado del legajo, el auxiliar fiscal solicitó el sobreseimiento alegando falta de violencia externa y calificando la situación como una relación afectiva de mutuo acuerdo. Durante la tramitación, la víctima reportó haber sufrido amedrentamiento en la comisaría de Simoca tras quedar a solas sin su abuelo, ocasión en la que el comisario a cargo le expresó: "No lo hundas más. No hagas este espectáculo, este acting. Después hacé en tu casa lo que vos quieras, ahorcate si querés, matate". Este episodio se sumó a un cuadro clínico agudo de depresión e intentos de suicidio de la joven, quien se encontraba bajo tratamiento con psicofármacos inyectables durante las primeras actuaciones procesales.

Para fundar el pedido de desvinculación del sacerdote, la fiscalía sostuvo que los hisopados no detectaron ADN del imputado y que las pericias informáticas a los dispositivos no arrojaron amenazas directas. Asimismo, la acusación pública y la defensa técnica del clérigo se apoyaron en una respuesta de la joven durante la Cámara Gesell de 2022, en la que contestó de forma negativa al ser consultada sobre si había sucedido algo no deseado. En contraste, los abogados de la querella particular se opusieron al sobreseimiento, manifestando que la fiscalía confundió la certeza negativa requerida para clausurar un proceso con las dudas que deben debatirse en un juicio oral.

Durante la audiencia procesal, la denunciante, quien actualmente tiene 21 años, cuestionó directamente la postura de la fiscalía ante el juzgado expresando: "Yo no consentí (...) Yo con 15 años tenía que protegerlo a él que tenía 54 años. Todos me decían que era una relación. Hasta el fiscal me dijo que era una relación, que solamente era algo inmoral (...) Todo el tiempo me manipulaba desde los 14 años. ¿Para qué? Para conseguir después a los 16 que me abusara. Yo solo quiero justicia. ¿Por qué tiene que ser tan difícil?".

Al fundamentar la resolución, el juez Velázquez rechazó el planteo fiscal señalando la existencia de una "base fáctica empobrecida por descuidos" que vulneró el principio de objetividad de la investigación. El magistrado advirtió que el fiscal omitió aplicar "algún parámetro, principio o estándar de perspectiva de género o derechos de la niñez", incurriendo en un "severo sesgo de confirmación" al orientar las actuaciones a forzar la inocencia del imputado. Respecto a las pericias telefónicas, consideró inadmisible pretender beneficiar al sacerdote con un secuestro de equipos ejecutado en octubre de 2025, tres años después de la denuncia y luego de que los teléfonos originales hubieran sido devueltos a la parroquia en 2022. Además, aclaró que las limitaciones técnicas para aislar ADN degradado no constituyen una prueba concluyente de inocencia, destacando la coincidencia milimétrica entre la descripción de la víctima y el croquis planimétrico oficial de la casa parroquial.

En su análisis sobre la asimetría de poder y la subordinación de la voluntad, el juzgado descartó asimilar el caso a un noviazgo convencional, señalando que en contextos de autoridad y ascendencia espiritual el consentimiento no puede considerarse libre. El magistrado indicó que la investidura de confesor operó como un mecanismo de subordinación sobre la adolescente de 16 años. Asimismo, desestimó el uso mecánico de la declaración en Cámara Gesell de 2022, al haber sido prestada en un contexto de trauma, medicación aguda e intentos de suicidio. Al respecto, el juez remarcó: "El dictado de un sobreseimiento exige alcanzar un estado de certeza negativa e indubitable sobre la atipicidad o la inocencia del acusado; presupuesto que en el presente legajo se encuentra absolutamente ausente". Velázquez cuestionó además casi cinco años de demoras procesales y remarcó omisiones de la fiscalía, entre ellas la falta de pedidos de informes a la escuela de la joven, la ausencia de citación a compañeros, la omisión de solicitar registros de geolocalización a empresas telefónicas, la falta de requerimientos a autoridades eclesiásticas sobre antecedentes y la falta de testimonios a catequistas o miembros de la comunidad.

Tras decretar el rechazo del sobreseimiento, el magistrado dispuso remitir las actuaciones y el registro de la audiencia al fiscal regional de Monteros para que efectúe una revisión exhaustiva del criterio adoptado por los fiscales intervinientes, e instruyó notificar a la Diócesis de la Santísima Concepción y a la Arquidiócesis de Tucumán. En el ámbito eclesiástico, el obispo de Concepción, monseñor José Antonio Díaz, dispuso la suspensión de Valdez en el ejercicio público del ministerio sacerdotal hasta que se resuelva su situación judicial. Por su parte, desde el entorno del acusado se señaló respecto al trámite posterior que el fiscal regional "puede ratificar el pedido del ministerio público fiscal y confirmar el pedido de sobreseimiento y el juez por mandato Normativo tendrá que sobreseer, o puede el fiscal regional coincidir con el no sobreseimiento y allí se abre una etapa de impugnación, la que será evaluada en su momento la pertinencia de impugnar o no".