Pesada herencia Cisnerista en la Caja Popular: detectan estafas y exigen restituir más de $200 millones al estudio auditor contratado por familiares

El Tribunal de Cuentas de Tucumán publicó el Acuerdo N° 4205, mediante el cual dio por finalizada la Comprobación Sumaria y ordenó la apertura formal de un Juicio de Responsabilidad en los términos del artículo 151 de la Ley N° 6970 de Administración Financiera, que apunta a perseguir el resarcimiento de un perjuicio patrimonial estimado en $215.108.096,20 abonados a la firma privada Estudio Concilio & Sarralde S.A.S. bajo dos contrataciones consecutivas que fueron declaradas nulas de nulidad absoluta e insanable por la propia institución bancaria.

El fundamento central para determinar la existencia del daño radica en que las auditorías externas contratadas entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 resultan completamente inútiles para el Estado, al haberse ejecutado bajo una severa falta de independencia profesional del auditor y en medio de un vicio de auto-revisión, los dictámenes contables carecen del valor técnico que constituía la prestación esencial pactada. Para el órgano de control, cada peso desembolsado en favor de la consultora privada constituye una erogación ilegítima que debe ser restituida al erario tucumano.

El desglose de los pagos que integran la masa del desfalco revela la magnitud de la maniobra a lo largo de dos expedientes clave:

- Bajo el Expediente N° 2353/360/2021 (Resolución de Gerencia General N° 096/21), la Caja Popular desembolsó $14.502.293,00 en un único pago realizado el 24 de noviembre de 2023, correspondiente a los estados contables del ejercicio 2022-2023.

- Bajo el Expediente N° 515/360/2024 (Resoluciones N° 012/24 y 070/25), la entidad pagó de manera ininterrumpida un total de $200.605.803,20 mediante 28 facturas (26 mensuales y 2 por reajustes) tramitadas entre marzo de 2024 y mayo de 2026 para la auditoría de los departamentos Seguros, ART y Tarjeta de Crédito.

Detalle del Acuerdo 4205 del Tribunal de Cuentas.- 

Frente a la gravedad de los hallazgos, el Tribunal de Cuentas designó al abogado fiscal Dr. Pablo Cainzo como instructor de la causa e imputó de forma directa a cuatro figuras centrales de la administración saliente: el exinterventor Dr. José César Díaz; el exsubinterventor Miguel Darío Amatti; el Gerente General Interino Pablo Daniel Díaz Sánchez; y el Gerente del Departamento ART, CPN Francisco Concilio.

La investigación sumaria dejó al descubierto una trama donde el control estatal fue anulado para favorecer intereses particulares. El conflicto de interés principal gira en torno al CPN Octavio Nicolás Concilio, titular del 50% de las acciones y socio gerente de Estudio Concilio & Sarralde S.A.S. (constituida en diciembre de 2017), y su hermano directo, el CPN Francisco Concilio, quien asumió en junio de 2022 como Gerente del Departamento de ART de la Caja Popular mediante las Resoluciones N° 465/22 y 474/22 firmadas por el entonces interventor José César Díaz.

Esta relación de parentesco en segundo grado colateral viola de manera abierta el capítulo II.A, punto 3.2 de la Resolución Técnica N° 53 de la FACPCE y el punto 39.13.1.d.V del Reglamento General de la Actividad Aseguradora de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Ambas normativas prohíben taxativamente que un contador auditador tenga lazos de consanguinidad con gerentes de la entidad auditada. Además, conforme al artículo 6° de la RT 53, la Incompatibilidad de un socio se extiende indefectiblemente a toda la sociedad profesional y a sus integrantes, alcanzando también las intervenciones del socio Darío Ezequiel Sarralde. Francisco Concilio, antes de ingresar como funcionario público a la Caja Popular, se había desempeñado como Gerente General de la propia firma privada de su hermano durante los años 2019 y 2020.

A la incompatibilidad por nepotismo se sumó el vicio de auto-revisión en el Expediente N° 515/360/2024. La administración de la Caja Popular le otorgó al mismo estudio contable la registración y tercerización contable de la ART y, en simultáneo, la auditoría externa de esos mismos estados financieros. Es decir, el estudio privado preparaba los números y luego dictaminaba que sus propias registraciones eran correctas, borrando cualquier vestigio de neutralidad.

Las anomalías alcanzaron un extremo en la frustrada licitación tramitada bajo el Expediente N° 7382/360/2025. Mediante la Resolución N° 047/26 de enero de 2026, la intervención saliente adjudicó a la firma un contrato por 60 meses a razón de $45.000.000,00 mensuales más IVA (cuyo inicio de prestación estaba fijado para el 1 de julio de 2026). Para consumar la adjudicación se incurrió en irregularidades severas:

- En el punto 6.4.b del Pliego de Especificaciones Particulares, se modificó intencionalmente el texto normativo reemplazando la palabra Gerente por Director ─una figura inexistente en el organigrama de la Caja Popular─ con el objetivo de ocultar o neutralizar la incompatibilidad de Francisco Concilio.

- El propio Francisco Concilio, en su rol de Gerente de ART, firmó la redacción de los pliegos, suscribió el informe de aconsejamiento y firmó el dictamen de la Comisión de Preadjudicación recomendando beneficiar a la empresa de su hermano.

- El contrato se otorgó sin presupuesto oficial ni precio testigo que avalara la razonabilidad del gasto. El monto de $45 millones mensuales se fijó a través de una simple mejora de oferta enviada por correo electrónico, lo que representaba una suba desmedida respecto al último canon pagado de $9.451.564,10 mensual.

- Se incluyó indebidamente la auditoría de personas jurídicas independientes como la Fundación de Enseñanza Superior de la Caja Popular (FECPA) y Red de Pagos C.P.A. S.A.U., cuyos costos fueron absorbidos por la entidad madre.

- Se salteó deliberadamente el control preventivo del Tribunal de Cuentas exigido por el artículo 128 de la Ley N° 6970 en todas las contrataciones directas desde el año 2021.

- La firma presentó declaraciones juradas falsas afirmando no poseer inhabilidades ni incompatibilidades.

Dada la gravedad de estas conductas en el proceso licitatorio, el Tribunal de Cuentas giró copia de las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para que investigue la responsabilidad penal por tentativa de fraude y abuso de autoridad contra Francisco Concilio, José César Díaz, Octavio Concilio y los integrantes de la Comisión de Preadjudicación: Miguel Darío Amatti, Héctor Ignacio Alonso, Pablo Daniel Díaz Sánchez, Cristina Leiro, Antonio Ricardo Chebaia y Juan Ceferino Colque.

La sombra de Carlos Cisneros

Las revelaciones administrativas del Tribunal de Cuentas y las auditorías internas ratifican que el entramado de la Caja Popular no operó de forma aislada, sino como parte de un esquema de poder conducido políticamente por el diputado nacional Carlos Cisneros mientras manejaba la entidad de manera indirecta.

La colocación de piezas clave en el organigrama institucional garantizó la perpetuación de los negocios. El exinterventor José Díaz asumió el mando por recomendación directa de Cisneros al exgobernador Juan Manzur. A su vez, el nombramiento de Hugo Ledesma ─exsubinterventor de la entidad y cuñado de Cisneros─ fue determinante para blindar la estructura.

En junio de 2023, Ledesma firmó la polémica Resolución N° 494/23 para nombrar a su propio jefe, José César Díaz, en un cargo de planta permanente de alta jerarquía: Subgerente General Adscripto (Nivel 3). Esta designación a dedo configuró una abierta desviación de poder al saltarse los concursos estatutarios y otorgarle simultáneamente una licencia política para que siguiera cobrando como interventor.

Esa maniobra le permitió a Díaz violar el artículo 9° de la Constitución Provincial al percibir doble sueldo del Estado, acumulando ingresos mensuales que rozaron los $30 millones y generando un perjuicio fiscal calculado en más de $700 millones tras 31 meses de cobros irregulares. En mayo de 2026, la nueva gestión a cargo de Guillermo Norry, anuló el nombramiento mediante la Resolución N° 339/26 por considerarlo un paracaídas de oro carente de legalidad, medida que fue remitida a los fiscales penales tras la ratificación del Acuerdo N° 2343 del Tribunal de Cuentas.

La trama de protección se complementó con el rol de altos ejecutivos como Pablo Daniel Díaz Sánchez, Gerente General Interino que avaló con su firma las contrataciones y renovaciones del estudio Concilio & Sarralde, percibiendo remuneraciones cercanas a los $10 millones mensuales y desoyendo las advertencias técnicas formuladas por asesores internos como los contadores Carlos Cainzo y Carlos Ortiz Soler. En paralelo, mientras José Díaz gozaba de licencias de salud en la entidad bancaria, ejercía la abogacía privada representando judicialmente a las hijas de Carlos Cisneros en sus acciones contra medios periodísticos.

El desembarco en la Capital: el convenio confidencial con la Municipalidad de San Miguel de Tucumán

El peligroso precedente sentado en la Caja Popular adquiere una gravedad institucional inmediata al constatarse que el Estudio Concilio & Sarralde S.A.S. logró extender sus servicios al ámbito municipal de la Capital, incluido el GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos) y la empresa 9 de Julio, que controla el monopolio de la recolección de residuos; como también del Club San Martín de Tucumán, bajo control cisnerista durante la gestión de Rubén Moisello.

En diciembre de 2023, la intendenta Rossana Chahla, la exsecretaria general Camila Giuliano y el secretario de Economía y Hacienda Sebastián Ruiz Toscano firmaron un convenio privado con el CPN Octavio Concilio para incorporar a la consultora privada en la auditoría y asistencia técnica integral del municipio por un lapso de cuatro años prorrogables. El acuerdo abarca el control contable, financiero, jurídico, laboral, tributario y administrativo de la cúpula municipal.

Página "Confían en nosotros" del brochure institucional de Concilio & Sarralde S.A.S.: Caja Popular, PopulART, Ciudad San Miguel de Tucumán y CPM GIRSU, juntos. Fuente: material institucional de la firma, edición 2026.

El contrato comunal presenta rasgos alarmantes: no establece un monto fijo, sino que se liquida mediante horas certificadas por los propios funcionarios locales y contiene una cláusula estricta de confidencialidad que prohíbe divulgar cualquier dato o documento derivado de los controles.

Esta privatización del control cobra mayor dimensión tras la resolución del Concejo Deliberante capitalino del pasado 3 de septiembre de 2026, donde se aprobó sin debate una readecuación presupuestaria del 15%. La medida otorgó a la Secretaría de Economía conducida por Ruiz Toscano el manejo discrecional de $52.467 millones adicionales, elevando el presupuesto total de la Capital a $402.250 millones. De este modo, la supervisión de un flujo multimillonario de recursos públicos de los vecinos de San Miguel de Tucumán ha quedado supeditada al dictamen confidencial del mismo estudio contable acorralado por el Tribunal de Cuentas y denunciado penalmente por el desfalco en la Caja Popular.