Femicidio de Érika Álvarez: este lunes comienza el juicio oral contra el exmilitar Felipe Sosa y sus presuntos encubridores
El debate oral y público ante el Tribunal de Tucumán se desarrollará entre este 26 de octubre y el 15 de diciembre. El principal acusado arriesga una condena a prisión perpetua, mientras que una funcionaria judicial y un empleado de confianza enfrentan pedidos de 6 años de cárcel por encubrimiento.
Este lunes 26 de octubre arranca en el Centro Judicial Capital de Tucumán el juicio oral por el femicidio de Érika Antonella Álvarez (25), la joven estudiante de enfermería asesinada a comienzos de enero de 2026. El proceso judicial estará a cargo de un tribunal integrado por las juezas María Valeria Mibelli y Eliana Karina Gómez Moreira, junto al juez Sebastián Mardiza, y se extenderá hasta el 15 de diciembre.
El principal imputado es el exmilitar y empresario de seguridad privada Felipe Sosa (50), para quien la Fiscalía conducida por Pedro León Gallo solicita la pena de prisión perpetua bajo la acusación de homicidio doblemente agravado por mediar violencia de género. En el mismo banquillo se sentarán su pareja, la funcionaria de la Corte Suprema tucumana Justina Gordillo (48), y su empleado de confianza Jorge Orlando “Chicho” Díaz (40), ambos acusados de encubrimiento agravado con pedidos de condena de 6 años de prisión. Un cuarto implicado, Nicolás Augusto Navarro Flores, ya fue condenado en julio a tres años de prisión efectiva mediante un juicio abreviado por la destrucción de pruebas.
El crimen en Yerba Buena y el plan de descarte
De acuerdo con la reconstrucción fiscal respaldada por la querella representada por el abogado Carlos Garmendia, la madrugada del 7 de enero de 2026 la víctima llegó en un auto de aplicación a la vivienda de Sosa ubicada en Yerba Buena. En el interior del inmueble, entre las 03:50 y las 07:00, Sosa agredió con extrema violencia a la joven, provocándole la muerte por un traumatismo craneofacial grave y lesión cervical alta.
Posteriormente, el agresor envolvió el cadáver en tres bolsas de consorcio selladas con cinta adhesiva y atadas con una cuerda negra, para luego cargarlo en la caja de su camioneta Volkswagen Amarok gris y arrojarlo en un basural del barrio Manantial Sur. El cuerpo de la joven fue hallado la tarde del 8 de enero por vecinas que buscaban verduras en el lugar.
Una trama de encubrimiento, borrado de pruebas y fuga
La investigación del Ministerio Público Fiscal detalló las maniobras desplegadas tras el crimen para desinfectar la escena y facilitar la huida del exmilitar. Horas después del homicidio, “Chicho” Díaz acudió a la propiedad en un vehículo comercial de limpieza para eliminar rastros y retirar armas de fuego, mientras que Navarro Flores recibió bolsas con las pertenencias y el celular de la víctima para desecharlos en contenedores de basura.
Por su parte, Gordillo intervino retirando la camioneta utilizada en el descarte tras ser llevada a un lavadero, borró más de 15.000 mensajes de WhatsApp de su teléfono, puso a su nombre una motocicleta de alta gama y aceptó poderes bancarios y societarios antes del escape de su pareja. Sosa extrajo 8 millones de pesos en efectivo y huyó en la motocicleta hacia la provincia de Buenos Aires, donde fue capturado el 16 de enero en un hotel de Pilar con 4,5 millones de pesos en su poder.
Las pruebas científicas que complican a los acusados
La acusación llega al debate oral respaldada por peritajes clave del Laboratorio de Genética Forense y de la Dirección de Análisis Criminal del ECIF. Los estudios hallaron restos genéticos masculinos coincidentes con el ADN de Felipe Sosa en las uñas de la víctima, en la cinta adhesiva y en las bolsas que cubrían el cuerpo. Además, el rastreo de antenas de telefonía celular ubicó la línea móvil del sospechoso en la cobertura directa del basural durante la mañana del descarte.
Mientras que Sosa aguardó la llegada del juicio privado de la libertad en un penal tucumano, Gordillo y Díaz llegan al debate bajo el régimen de prisión domiciliaria.
