La Cámara de Diputados debate un extenso temario con la mirada puesta en discapacidad y endeudamiento familiar

La Cámara de Diputados encara este miércoles desde el mediodía una sesión especial que promete extenderse por más de veinte horas, posicionándose como una de las últimas jornadas del período ordinario. La convocatoria, impulsada por el diputado Gabriel Bornoroni junto a otros legisladores, incluye un temario de siete proyectos de ley en un escenario con mayor certidumbre que el de la semana previa, debido a que no formará parte del debate el decreto de necesidad y urgencia 70/23, cuya inclusión había frustrado el intento de sesionar el pasado 15 de octubre.

El orden del día estructurado por el oficialismo ubicó en el tramo final de la jornada las iniciativas sobre discapacidad y endeudamiento familiar, dos debates forzados por los bloques opositores que cuentan con dictámenes contrapuestos entre las bancadas. Esta disposición estratégica busca exigir a la oposición el mantenimiento del quórum hasta altas horas de la madrugada del jueves, en un contexto donde el oficialismo podría beneficiarse si la sesión pierde quórum antes de abordar dichos temas.

El primer punto del temario es el proyecto sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada, iniciativa que obtuvo dictamen exprés la semana pasada y propone derogar el artículo 154 del DNU 70/23. De aprobarse, la medida restituirá la plena vigencia de la Ley de Tierras (26.737), que establece que los titulares extranjeros no pueden superar el 15 por ciento de la propiedad de tierras rurales en los niveles nacional, provincial y municipal. En caso de recibir el visto bueno de la Cámara baja, el texto regresará al Senado, donde previamente atravesó una compleja tramitación con cerca de veinte modificaciones y la exclusión de capítulos referidos al Registro de Barrios Populares y la Ley de Manejo del Fuego.

Como segundo orden del día, los diputados abordarán el Sistema de Trazabilidad de Medicamentos de Alto Riesgo, surgido a raíz del escándalo del fentanilo mortal que provocó más de cien fallecimientos. La propuesta, promovida originalmente por la diputada Silvana Giudici y respaldada por un amplio consenso político, establece un esquema de identificación física y logística en todas las etapas de producción, almacenamiento, distribución y uso. El sistema contempla la asignación de una identificación unívoca, persistente y verificable por lote y empaque para reconstruir el recorrido completo de cada producto.

A continuación, la Cámara tratará una reforma al Código Penal para incorporar la figura del vandalismo rural, una iniciativa impulsada por el bloque PRO a través del diputado Martín Ardohain que obtuvo dictamen el pasado 6 de octubre. Este proyecto se discutirá junto a un dictamen alternativo encabezado por el diputado Ramiro Gutiérrez, de Unión por la Patria, quien sostiene que la propuesta de la mayoría contempla penas inferiores. El tramo intermedio de la sesión se completará con el análisis de la transferencia de inmuebles a la provincia del Chaco.

Debates centrales: discapacidad y endeudamiento

Hacia el cierre de la maratónica jornada, el recinto ingresará en la discusión sobre la modificación de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad. El dictamen de mayoría, impulsado por La Libertad Avanza, ratifica la compatibilidad de la Pensión no Contributiva por Discapacidad con trabajos remunerados que no superen el equivalente a dos salarios mínimos vitales y móviles. Asimismo, el proyecto oficialista fija un marco normativo para otorgar de manera obligatoria una pensión inembargable a personas mayores de 70 años con Certificado Único de Discapacidad que no pertenezcan a un régimen previsional, fijando su monto en el 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio.

Por su parte, la oposición intentará imponer un dictamen de minoría que propone prorrogar por un año la declaración de emergencia en discapacidad fijada en la Ley 27.793. La iniciativa opositora mantiene el valor de la pensión no contributiva en el 70 por ciento de la jubilación mínima, pero añade la obligación del Estado nacional de actualizar dicho monto en forma mensual según el Índice de Precios al Consumidor.

Finalmente, el temario cerrará con la denominada Ley de Transparencia Crediticia, Educación Financiera, Mitigación del Fraude Digital y Protección de los Consumidores. Este dictamen unifica decenas de proyectos presentados por diversas bancadas para regular las operaciones de crédito de consumo. La propuesta aborda el endeudamiento familiar mediante herramientas de transparencia y educación, sin intervenir en contratos vigentes ni establecer restricciones a la oferta crediticia del mercado.