"Le conviene pagar una multa que aumentar los sueldos": docentes universitarios denuncian un retraso salarial del 30%
La secretaria general de ADIUNT, Anahí Rodríguez, ratificó la convocatoria a la quinta Marcha Federal Universitaria desde el Rectorado hacia Plaza Independencia. Denunció una deuda salarial acumulada del 33,4%, cuestionó el recorte proyectado en el Presupuesto 2027 frente al aumento de fondos para inteligencia y destacó el protagonismo del movimiento estudiantil en todo el país.
Foto: ADIUNT.
La secretaria general del gremio de docentes universitarios de Tucumán (ADIUNT), Anahí Rodríguez, conversó con Ana Pedraza y Gabriel Sanzano en el programa La Tucumana de Mañana por FM latucumana 95.9 en el marco de la organización de la quinta Marcha Federal Universitaria. Durante la entrevista en los estudios de la radio, la dirigente gremial confirmó que la concentración en la provincia se llevará a cabo a partir de las 17:00 en las puertas del Rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán para movilizar hacia la Plaza Independencia, donde se realizará un acto central. "Nosotros la hemos convocado apenas se definió la fecha, hemos impulsado la convocatoria tratando de coordinar con el movimiento estudiantil, con los docentes y los no docentes para tratar de que sea una movilización importante. Veníamos realizando actividades previas de agitación, clases públicas, para tratar de preparar esta marcha para que sea lo más grande posible. Consideramos que este no es un punto de llegada a la marcha federal, sino que es una instancia más de un proceso que se debe profundizar en las universidades", enfatizó Rodríguez.
En relación con la situación paritaria y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la titular de ADIUNT expuso el fuerte atraso salarial acumulado desde diciembre de 2023 y criticó la postura del Poder Ejecutivo ante las medidas cautelares dictadas por los tribunales. Rodríguez denunció que, pese a los fallos judiciales que imponen sanciones económicas al Gobierno por no actualizar los haberes, el costo de la penalidad resulta ínfimo en comparación con el monto adeudado a los trabajadores. "Acá la Justicia ya dio un fallo de que el Gobierno debe aplicar las leyes de financiamiento, sobre todo en lo vinculado a los artículos salariales. La primera cautelar dio el dictamen y las multas diarias empezarían a correr a partir de ahora, pero consideramos que es bastante poco porque son 100.000 pesos por día. Si vos tenés que calcular qué le conviene al Gobierno, si pagar una multa o pagar un salario docente, le conviene pagar la multa porque lo que debe a los trabajadores universitarios es mucho más. El Gobierno nos debe un 33,4% que son fondos ya aprobados por el Congreso, es decir que está con una deuda salarial hacia trabajadores universitarios. Yo puedo afirmar que el Gobierno está robando a los trabajadores universitarios porque ya es algo que debería haber cumplido", aseveró la dirigente.
Asimismo, la referente sindical analizó las proyecciones presupuestarias para el próximo ejercicio fiscal y trazó una cruda radiografía de las remuneraciones en el ámbito académico. Cuestionó que el proyecto oficial prevea un techo de 7 billones de pesos cuando los rectores y gremios estiman un piso necesario superior a los 11 billones para cubrir funcionamiento y sueldos. "Estamos finalizando el año académico reclamando que hay una deuda salarial. El Gobierno presentó un proyecto de presupuesto de ajuste en donde plantea que las universidades van a funcionar o deberían funcionar con 7 billones de pesos, cuando los sectores marcaron que lo que se debería contemplar son más de 11 billones. Sabemos que el presupuesto universitario en un 80% está compuesto por salarios y el resto para gastos de funcionamiento y becas. El Gobierno pretende congelar los salarios de los trabajadores universitarios y ahogar la universidad pública. Dice que no hay plata, sin embargo vemos en el proyecto del presupuesto que hay un incremento del 30% para los gastos de la SIDE y para el reforzamiento de armas", alertó. Al detallar la escala salarial, remarcó la vulnerabilidad de la base docente: "Un auxiliar simple de primera está en 200.000 pesos aproximadamente, mientras que un cargo testigo, como un jefe de trabajos prácticos con dedicación semiexclusiva de 20 horas semanales, está en 700.000 pesos. Las dos únicas categorías y dedicaciones que están arriba de 1.500.000 pesos, es decir que no caen en la línea de pobreza ni la línea de indigencia, son el titular o jefe de cátedra y el adjunto con dedicación full-time, lo cual requiere una larga trayectoria y son muy pocos. Tenemos una gran base en una pirámide de auxiliares que están en dedicación simple o semi; un auxiliar tiene que trabajar de varios empleos para poder llegar a completar el costo de una canasta familiar".
Finalmente, Rodríguez destacó el resurgimiento de la lucha estudiantil a nivel nacional e internacional, vinculando la movilización universitaria con otros reclamos sociales golpeados por las medidas de ajuste. "En Europa tenemos un movimiento estudiantil en Francia que se está movilizando porque Macron ajustó la educación para invertir en armamentos; la juventud en Francia, en España, en Chile ha ganado las calles. Acá en la Argentina hoy estamos atravesando el fenómeno de que ha vuelto nuevamente la juventud a tener un protagonismo muy importante en esta movilización. Se ha tomado la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, la Facultad de Ciencias Sociales, el Colegio Nacional de Buenos Aires, el Manuel Belgrano de Córdoba, facultades en Rosario y la Universidad de las Artes. Así como nosotros como docencia venimos planteando la idea de que hay que parar hasta que el Gobierno pague, la juventud también está tomando con acciones directas la misma consigna de ocupar espacios y edificios", explicó. En ese sentido, alertó sobre la paralización del sistema científico y de asistencia estudiantil, sumando además la exigencia de derogar normativas regresivas: "Las becas estudiantiles están congeladas en 35.000 pesos y las investigaciones en la Argentina han caído enormemente porque no hay financiamiento estatal. En el ranking internacional la Argentina ha bajado a nivel de investigación porque los investigadores no tienen para publicar sus trabajos. Hoy coincide la marcha con la convocatoria para tirar abajo el DNU 70 que plantea la extranjerización de tierra, que también es una pelea que va de la mano, y también la pelea para que respeten la ley de emergencia en discapacidad", concluyó.







