Chahla ratifica su Fe cisnerista a días de la declaración indagatoria del millonario sindicalista por trata de personas

Este viernes, la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, recibió en el palacio municipal al diputado nacional, magnate bancario y dueño de Enterate, Carlos Cisneros. El encuentro tuvo lugar en un contexto muy particular: el diputado y magnate bancario está citado a declarar esta semana ante el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán junto a la abogada Patricia Micaela Neme y su "hijo de cariño" y empleado de la Caja Popular, Federico Petraglia. La Justicia Federal investiga si Cisneros es la cabeza de una organización paraestatal de tintes mafiosos que promovió la falsa denuncia de Lourdes Parache por "violación en manada" contra los exjugadores de Vélez.

"Recibí al diputado nacional Carlos Cisneros, con quien compartimos una reunión de trabajo para conversar sobre la gestión que llevamos adelante en San Miguel de Tucumán. Durante el encuentro, repasamos los avances alcanzados, los proyectos que estamos desarrollando y los desafíos que tenemos por delante para seguir transformando nuestra ciudad. Estos espacios de diálogo nos permiten compartir experiencias y fortalecer vínculos que contribuyan al crecimiento y al desarrollo de la ciudad", resumió Chahla tras el encuentro con Cisneros a través de las redes sociales. Detrás del encuentro hay mucho más que lo anunciado.

Carlos Cisneros, de "guardaespaldas" a dolor de cabeza para Chahla

En las elecciones provinciales 2023, el diputado Cisneros fue el principal promotor del acople Activar, que se presentaba ante el electorado de San Miguel de Tucumán como un espacio nuevo, joven, con eje en "salud, educación y trabajo". Ese espacio político llevó como candidato a legislador a Hugo Ledesma, cuñado de Carlos Cisneros y exsubinterventor de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán, durante años bajo control total cisnerista.

San Miguel de Tucumán estuvo fuertemente empapelada con afiches de Chahla con Carlos Cisneros a su lado, cruzado de brazos, en una pose intimidatoria: en el afiche se lee "Las cosas bien hechas", pretenso slogan del espacio que encabeza Cisneros, investigado por la presunta trata de persona de María de Lourdes Parache, la joven que presentó la falsa denuncia por abuso sexual contra los exjugadores de Vélez Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín, que devino en una causa federal en la que el fiscal federal subrogante Rafael Vehils Ruiz, investiga la hipótesis de trata de personas bajo las figuras de los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal, al determinarse que existió un proceso de captación posterior, coerción, abuso de poder laboral y sometimiento funcional sobre la joven denunciante para instrumentalizarla en una maniobra extorsiva.

Carlos Cisneros, "el guardaespaldas" de Chahla.

Cisneros es además el confeso dueño del multimedios Enterate, cuyo director Mauricio Formoso cobraba dos remuneraciones del Estado provincial bajo dos regímenes distintos sin que existiera prueba de la contraprestación laboral efectiva en ninguno de ellos, y que mientras tanto se despeñó como asesor de su jefe Cisneros en la Cámara de Diputados, mientras todos los tucumanos le seguían pagado su doble sueldo, generando un perjuicio al erario público superior a los $34 millones.

Un comunicado del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) señala a Mauricio Formoso como el director de Enterate, el medio que el diputado Carlos Cisneros confesó que es de su propiedad en una entrevista con Fernando Stanich y José Romero Silva –presidente y monitor de FOPEA-  en Tendencia de Noticias, otro de los medios que controla el magnate mediático y dirigente sindical.

En Enterate, Formoso oficia como director nombrado por Cisneros pero también apareció en cámara para pedir la intervención federal de Tucumán tras el fallo del juez Augusto José Paz Almonacid que sobreseyó a los exjugadores acusados de “violar en manada” a Lourdes Parache en la llamada Causa Vélez y ordenó investigar al propio Cisneros por trata de personas de la propia Parache, entre otros delitos. El abogado de Formoso es Patricio Char, uno de los propios abogados que Cisneros le puso a Parache.

Desde Enterate, Cisneros promueve la intervención federal de Tucumán e impulsa a los candidatos opositores al gobernador Osvaldo Jaldo, quien ya anunció que el peronismo tucumano buscará la reelección en 2027 repitiendo la fórmula Jaldo-Acevedo pero también con la propia Chahla aspirando a un segundo mandato en la Capital tucumana.

Mientras Jaldo y Chahla trabajan juntos en sus planes reeleccionistas, el medio de Cisneros ataca sistemáticamente al oficialismo tucumano, Chahla incluida, al tiempo que pone en dudas de forma reiterativa la legitimidad de que aspire a un segundo mandato -más allá de encontrarse amparado por el artículo 90 de la Constitución de Tucumán- y es la plataforma mediática predilecta de Lisandro Catalán como de todos los dirigentes e influencers libertarios como de todos los opositores a la Casa de Gobierno.

Declaraciones juradas falseadas e incremento patrimonial en la mira

Cisneros también se encuentra en la mira de la Justicia luego de que se corroboró que falseó sistemáticamente sus Declaraciones Juradas de Bienes ante el Congreso de la Nación, y que se conoció que su patrimonio creció 205 veces desde que ocupa una banca como diputado nacional. Entre 2019 y 2025, el diputado Cisneros presentó siete declaraciones juradas patrimoniales ante la Cámara de Diputados y la Oficina Anticorrupción. En dólares, Cisneros incrementó 8 veces su fortuna: casi la mitad de su enriquecimiento declarado proviene de una empresa que necesita permiso de la Caja Popular. Cisneros declara que su enriquecimiento pasó de USD 60.433 a USD 487.824 entre 2018 y 2025.

En sus siete formularios oficiales Cisneros jura como propio un lote de la avenida Presidente Perón que, en el registro provincial aparece a nombre de sus tres hijas y de la cónyuge de Hugo Ledesma, y garabatea con la superficie: figura con 1.446 metros cuadrados en 2019 y 2020, se reduce a 300 entre 2021 y el inicio de 2024, y recién al cierre de ese año vuelve a 1.446,47.

La casona del gremialista en Tafí del Valle recorre el camino inverso: 300 metros cuadrados en 2021 y 2022, 100 en 2023, 3.284,27 al cierre de 2024. La casa del country de Yerba Buena, que él propio Cisneros declaró en 1.400 metros cuadrados en 2019 y en 1.440 en 2020, es declarada hoy en 100 m² y en su declaración del ejercicio 2021 los siete inmuebles de su patrimonio figuran con exactamente la misma superficie, 300 metros cuadrados cada uno.

En ese mismo tramo, los bienes que esas declaraciones informan pasaron de $2.266.226 al 31 de diciembre de 2018 a $705.393.952 al 31 de diciembre de 2025. Medidos en dólares —al tipo de cambio que surge de dividir la valuación en pesos que el propio declarante le asignó a su tenencia de divisas por esa misma tenencia, cada 31 de diciembre—, de USD 60.433 a USD 487.824: ocho veces más.

El activo más grande del enriquecimiento declarado de Cisneros es su participación como único propietario de Emprendimientos Argentinos Sociedad por Acciones Simplificada, de la que es socio único, administrador y representante legal: $338.199.016 al 31 de diciembre de 2025, el 47,9 por ciento de todo lo que declara.

El Boletín Oficial de Tucumán N.° 30.289 del 18 de agosto de 2022, fija el capital social de la empresa de Cisneros en cien mil pesos y faculta a la sociedad a "designar agentes y permisionarios para la comercialización de los juegos que se realicen en el Hipódromo de Tucumán", operatoria para la cual "debe contar con la autorización de la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán".

7 meses después, Cisneros declaró su participación en $45.100.000: 451 veces el capital. El origen de fondos que consignó son dos palabras: "venta de activos". No identifica qué activos, ni cuándo, ni a qué precio. Ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, la sociedad no tiene registrada ninguna actividad de juego: figura como expendio de bebidas en bares, restaurantes y servicios inmobiliarios.

Cisneros y su círculo íntimo, citados a indagatoria federal por presunta trata de personas

El cronograma fijado por la magistratura federal establece que Federico Petraglia deberá comparecer el 28 de septiembre de 2026 a las 09:30 horas; Patricia Micaela Neme lo hará el 29 de septiembre a la misma hora; mientras que el diputado Carlos Aníbal Cisneros fue citado para el 30 de septiembre. El tribunal ordenó que las citaciones sean diligenciadas formalmente a través de la Policía Federal Argentina. En paralelo, las actuaciones registran la comunicación oficial enviada meses atrás por el juez federal al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, para notificar la sustanciación del proceso penal contra el legislador, mientras la querella técnica de las partes sobreseídas solicitó la detención y el desafuero parlamentario de Cisneros, argumentando riesgo de fuga y entorpecimiento probatorio.

El avance en el fuero federal se produce como correlato directo de la Sentencia N° 1343, dictada el 11 de septiembre de 2026 por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Firmado por los vocales Antonio Daniel Estofán, Daniel Leiva, Daniel Oscar Posse y Claudia María Forte, el fallo rechazó el recurso de queja por control extraordinario denegado presentado por los letrados cisneristas Juan Andrés Robles y José César Díaz. La resolución ratificó en todos sus términos lo dispuesto por la vocal Patricia del Valle Carugatti, del Tribunal de Impugnación Penal, sellando de manera definitiva la inocencia de Carlos Sebastián Sosa Silva, Braian Ezequiel Cufré, Abiel Alesio Osorio y José Ignacio Florentín Bobadilla bajo el criterio de certeza negativa, el cual acredita judicialmente que el hecho imputado no constituyó delito.

El pronunciamiento del máximo tribunal provincial expuso graves falencias técnicas en el equipo jurídico de la querella, señalando que los abogados se limitaron a copiar y pegar escritos anteriores sin formular una crítica concreta contra el auto denegatorio. Asimismo, la Corte dejó sentado que el juzgamiento con perspectiva de género y la invocación de la Convención de Belém do Pará o de la Ley 26.485 garantizan un proceso libre de estereotipos, pero bajo ningún punto de vista autorizan a destruir la presunción de inocencia, alterar la carga de la prueba o forzar un juicio oral cuando el material probatorio desmiente de forma categórica la acusación.

El archivo probatorio del expediente judicial dejó al descubierto una trama de falsedades desarticulada por pericias científicas y digitales. La pericia informática realizada mediante la tecnología UFED sobre los dispositivos analizados extrajo 530 megabytes de información, revelando chats y audios previos, contemporáneos y posteriores a la madrugada del 3 de marzo de 2024 en la habitación 407 del Hotel Hilton. Entre los elementos destacados figura el mensaje enviado a las 06:18 horas por la propia denunciante al arquero Sebastián Sosa, pocos minutos después de retirarse del hotel, que contenía un emoji de un ratoncito entregando un corazón, acompañado de textos de agradecimiento y consultas sobre anticoncepción tomados en tono jocoso.

A ello se sumó el análisis biomecánico de las cámaras de seguridad del establecimiento hotelero, elaborado por la licenciada Marcela Machado, que concluyó que la joven presentaba normalidad biomecánica y funcional en sus movimientos y marcha al retirarse, sin signos de alteración o desequilibrio. En el plano médico legal, las evaluaciones ginecológicas realizadas por la doctora Chehuan y los profesionales de la causa determinaron la inexistencia de lesiones traumáticas vinculadas a violencia sexual, precisando que los diagnósticos correspondían a una patología inflamatoria preexistente denominada ectropionitis. Ello obligó al letrado Robles a retractarse en audiencia oral de sus afirmaciones sobre una supuesta lesión de mayor envergadura.

Las pericias psicológicas practicadas por las licenciadas Elizabeth Natalia Seguín y Natalia Alba Mendieta determinaron que el discurso de la denunciante resultaba inexacto, incongruente y contradictorio, registrando lagunas amnésicas sobre momentos clave combinadas con relatos minuciosos de acciones complejas como contratar un Uber, calcular dinero o trasladarse por sus propios medios. Los informes oficiales concluyeron que la acusación derivó de una reestructuración narrativa fabricada posteriormente e inducida por terceros. El móvil económico quedó evidenciado en chats donde la joven admitía a su entorno íntimo que le daba lástima incluir a Sosa porque estaba profundamente dormido, pero que no lo dejaría fuera porque era quien más dinero poseía.

La investigación federal se centra en los actos de coerción e instrumentalización cometidos por la red paraestatal. El requerimiento del fiscal Vehils Ruiz precisa "que la captación típica del delito de trata de personas no se dio antes del encuentro, sino posteriormente, aprovechando la vulnerabilidad emocional y la subordinación laboral de la joven en la Caja Popular de Ahorros". En un mensaje enviado el 7 de noviembre de 2025 a su grupo de allegadas, la denunciante confesó sentirse prisionera de decisiones que no compartía, obligada a cumplir órdenes sin preguntar ni chistar, evidenciando la anulación de su autodeterminación.

Lourdes Parache se confiesa ante sus amigas, vía WhatsApp.

El expediente judicial documenta además maniobras de ocultamiento y falsificación de evidencia. El 4 de marzo de 2024 a las 19:30 horas, dos días antes de la presentación formal de la denuncia policial, Federico Petraglia concurrió al Hotel Hilton para exigir las filmaciones de seguridad sin autorización judicial previa. Asimismo, testigos confirmaron planes para fingir el robo del teléfono celular de la denunciante en la vía pública con el objetivo de hacer desaparecer audios comprometedores, sumado a la supresión activa de pruebas realizada por testigos del entorno.

La situación administrativa y judicial del equipo legal vinculado al sector político sumó mayores severidades. Los abogados Patricia Neme y José César Díaz ejercieron el patrocinio privado mientras gozaban de licencias psiquiátricas con goce de sueldo en la Caja Popular de Ahorros por más de 50 días continuos. Estas irregularidades motivaron la apertura de sumarios por parte del Tribunal de Cuentas, la nulidad del nombramiento y expulsión de Díaz de la planta permanente, y la imputación penal de Neme por instigación al falso testimonio y adulteración de prueba digital en el legajo provincial correspondiente.

Carlos Cisneros junto a la abogada Patricia Neme.

Con la vía provincial clausurada y la inocencia de los cuatro exfutbolistas ratificada en forma definitiva por la Corte Suprema, la Justicia Federal toma el control absoluto de las actuaciones. Las audiencias de indagatoria convocadas para fines de septiembre de 2026 marcarán el inicio de la rendición de cuentas penales para los imputados bajo los severos tipos penales que reprimen la trata de personas y las coerciones agravadas.