"Así y todo, nunca dejó de operar.": la UIF bloquea la empresa de juego y maquinitas del Clan Ale que sostenía la Caja Popular de Ahorros hasta hoy

Se trata de Point Limits SRL, conformada en 2011 en la capital tucumana, históricamente vinculada a “El Mono” Ale, con una larga lista de aportes impagos a sus empleados en la historia reciente. En su historia, Point Limits controló una serie de locales. Había sido allanada en la causa que terminó con la condena de los hermanos. Los fiscales sostuvieron que era una posible pantalla de lavado. Así y todo, nunca dejó de operar. Por Federico Fahsbender para Infobae.- 

La resolución firmada por la conducción de la Unidad de Información Financiera (UIF), a cargo de Matías Álvarez, representó un freno administrativo directo contra una de las estructuras financieras históricas del submundo delictivo en el Norte argentino. A través de la Agencia Regional Norte, el organismo antilavado denegó la inscripción de la sociedad Point Limits SRL como sujeto obligado del sector de juegos de azar, bloqueando de manera definitiva su capacidad legal para continuar operando en la provincia de Tucumán.

La firma, constituida en 2011 en la capital tucumana y vinculada de forma directa a Ángel Adolfo "El Mono" Ale y Andrea Viviana Acosta, arrastraba una larga lista de irregularidades contables, aportes previsionales impagos y sospechas judiciales de haber funcionado como una pantalla de blanqueo de capitales. Aunque la empresa había sido allanada durante la instrucción de la causa federal por la desaparición de Marita Verón, que terminó con la condena de los líderes del clan, continuó explotando salas de juego y tragamonedas en el territorio provincial sin interrupción.

Durante 2025 y 2026, la sociedad intentó regularizar su situación ante la UIF para obtener la constancia legal correspondiente, pero el análisis documental reveló maniobras burdas: desde la falta de entrega de los certificados de reincidencia solicitados hasta la designación como Oficial de Cumplimiento Titular de un hombre de apellido Ale que ni siquiera figuraba en el contrato social de la SRL.

Nota de Infobae.- 

La decisión oficial reabre las heridas de un proceso judicial que conmovió a la sociedad argentina y que expuso las redes de protección política que ampararon al Clan Ale durante más de dos décadas. En diciembre de 2017, el Tribunal Oral Federal de Tucumán dictó una condena histórica de diez años de prisión para Rubén Eduardo "La Chancha" Ale y su hermano Adolfo Ángel "El Mono" Ale, al considerarlos jefes de una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero proveniente de la extorsión y el juego clandestino. En aquel juicio, que culminó con trece condenados, los peritajes financieros de la UIF demostraron el manejo de una fortuna superior a los 40 millones de pesos mediante la adquisición de más de cien vehículos, propiedades inmobiliarias y un arsenal de 72 armas de fuego. La sombra del clan estuvo marcada de manera indeleble por la acusación de Susana Trimarco, quien señaló sistemáticamente a "La Chancha" Ale como el máximo responsable de la captura y desaparición de su hija, Marita, ocurrida en abril de 2002. Pese al escándalo nacional generado en 2012 por la absolución masiva de los imputados en el fuero provincial, la causa federal de 2017 logró cercar el patrimonio de la familia, aunque "La Chancha" falleció en 2023 sin que la estructura empresarial montada en torno al juego legal e ilegal fuera desmantelada por completo.

El caso de Point Limits SRL no es un hecho aislado ni una anomalía marginal, sino la manifestación visible de un entramado paraestatal articulado en torno al monopolio de las apuestas en Tucumán. En julio de 2012, en pleno debate oral por la desaparición de Marita Verón, Susana Trimarco declaró ante los jueces que los Ale formaban parte de una mafia organizada en directa connivencia con figuras del poder político local y con Carlos Cisneros, referente del gremio de La Bancaria y hombre fuerte detrás del manejo de la Caja Popular de Ahorros. La conexión entre el sindicalismo bancario, el poder político y los empresarios del juego quedó documentada hace dos décadas. En enero de 2006, una investigación periodística revelaba que en la provincia se apostaban unos 50.000 pesos por hora —equivalentes a 17.000 dólares a valores constantes— bajo la autorización explícita del Estado tucumano, movilizando más de 435 millones de pesos anuales entre la quiniela, el casino, el hipódromo y las máquinas tragamonedas.

Aquel informe de 2006 detalló la existencia de un universo de diez empresas privadas que explotaban 1.035 máquinas tragamonedas autorizadas por la Caja Popular de Ahorros, donde el Clan Ale y sus allegados controlaban el 22,7 por ciento del mercado a través de Point Limits SRL y Alfa Mercurio SRL, esta última integrada por Mercedes Nélida Ale. En ese mismo listado de concesionarias aparecía la firma Patan SRL, dedicada a la explotación de tragamonedas, donde el 22 de mayo de 1996 —apenas un año después de que Cisneros desembarcara en el control de la entidad bancaria estatal— se incorporó como socio y gerente el empresario Roberto José Emilio Sagra. La trayectoria de Sagra ilustra la continuidad del esquema: fue presidente del club San Martín de Tucumán entre 2015 y 2021, para luego ceder la conducción a Rubén Moisello, dirigente de La Bancaria y administrador del Hipódromo, en una comisión directiva que llevó al propio Carlos Cisneros como vicepresidente. Las derivaciones judiciales más recientes terminaron de exponer la cercanía entre ambos dirigentes: en septiembre de 2025, en el marco de los allanamientos ordenados por presunta extorsión en la causa que involucra a jugadores de fútbol del club Vélez Sarsfield, la Justicia constató que la residencia ocupada por Cisneros en el exclusivo barrio privado Los Olivos figuraba registralmente a nombre de Sagra.

La escala económica del monopolio erigido en torno a la Caja Popular de Ahorros alcanza proporciones colosales tal como informó eltucumano.com en diciembre del 2025. Los balances internos y las auditorías contables practicadas sobre la entidad pública permiten reconstruir que, a lo largo de 30 años de administración cisnerista ininterrumpida desde 1995 hasta 2025, el negocio de las apuestas ha movilizado un volumen estimado de 9.500 millones de dólares sin control ni auditoría pública efectiva. Tan solo en el trienio comprendido entre los años 2000 y 2002, en medio de la peor crisis socioeconómica de la Argentina moderna, los balances de la institución registraron apuestas por el equivalente a 627 millones de dólares en el territorio provincial.

En lugar de volcar esos recursos a las arcas comunitarias, el esquema operó mediante la retención sistemática de los fondos destinados por ley a la salud pública. La legislación provincial impone que el 25 por ciento del resultado bruto del juego debe ser transferido al Sistema Provincial de Salud (SIPROSA); sin embargo, las planillas oficiales demuestran que durante décadas la Caja Popular giró porcentajes irrisorios que oscilaron entre el 3,3 y el 6,9 por ciento anual. El cálculo proyectado revela una sangría presupuestaria alarmante: de los 2.400 millones de dólares que debieron ingresar a los hospitales públicos tucumanos en tres décadas, el sistema de salud apenas percibió unos 285 millones de dólares, desviándose más de 2.100 millones de dólares que nunca llegaron a los centros sanitarios de una provincia golpeada por la indigencia.

La publicación de eltucumano.com que ponía el foco en el oscurantismo del monopolio del Juego en Tucumán.- 

El oscurantismo financiero de la Caja Popular se mantuvo mediante el incumplimiento deliberado de los mecanismos mínimos de fiscalización antilavado y de las normas contables profesionales. Ya en octubre de 2003, el auditor externo Luis Antonio Godoy advirtió sobre la presencia de cuentas con saldos de origen indocumentado y dudosa procedencia, el impago de Ingresos Brutos en seis provincias y la omisión total de las disposiciones fijadas por la Ley 25.246 para la prevención del lavado de activos en la explotación de juegos de azar. Quince años más tarde, en las revisiones del ejercicio 2017 —cuando la entidad movilizaba más de 400 millones de dólares anuales—, los informes de auditoría continuaban denunciando que los estados financieros no reflejaban la realidad patrimonial, mantenían deudas millonarias con ANSES y se confeccionaban al margen de los libros rubricados exigidos por la ley. A esta falta de transparencia se sumó la expansión hacia las modalidades digitales de juego: en 2014 la entidad lanzó la plataforma Pálpitos y en 2024 la aplicación TukuApuestas, operadas junto a los mismos socios privados, canalizando un mercado que actualmente mueve entre 55 y 110 millones de dólares anuales en apuestas en línea dentro de la provincia.

Informe de Revisión Limitada 31-12-2017, apartado 3 "Aclaraciones previas", párrafo completo sobre fallas contables.-

El amparo institucional que protegió durante tres décadas a esta estructura comenzó a mostrar fisuras inéditas debido a la convergencia de resoluciones judiciales y administrativas. Históricamente eximida del control previo del Tribunal de Cuentas en virtud del Decreto 1/95, la Caja Popular de Ahorros sufrió un revés institucional inédito el 24 de noviembre de 2025, cuando el organismo de control emitió el Acuerdo Número 5183. En dicho dictamen, los auditores concluyeron que los estados financieros de la entidad no presentan de manera razonable la información contable, al tiempo que formalizaron la denuncia por una deuda no saldada de 3.381 millones de pesos con el sistema público de salud. Sumado al bloqueo dictado por la UIF sobre Point Limits SRL y los avances en causas penales por maniobras extorsivas, el engranaje del juego en Tucumán enfrenta por primera vez en treinta años un quiebre de su impunidad, dejando al descubierto cómo el negocio del azar sirvió de combustible para consolidar un poder económico y político a costa de las necesidades estructurales de la provincia.