"Nos sacan el plato de comida": taxistas de San Miguel de Tucumán exigen hacer cumplir la ordenanza sobre aplicaciones de transporte

La esquina de 9 de Julio y Lavalle, sede de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, volvió a ser punto de concentración para la Federación Nacional de Conductores de Taxis, cuyos integrantes se movilizaron para exigir el cumplimiento estricto de la Ordenanza N° 5483. El gremio cuestiona los intentos del Ejecutivo municipal de confeccionar un padrón de conductores para aplicaciones móviles como Uber, Cabify o Didi, señalando que cualquier modificación normativa o creación de registros debe ser tratada por el Concejo Deliberante.

Julio Rodríguez, referente del sector, criticó la postura del municipio y fundamentó la impugnación administrativa presentada ante la intendencia. "Ayer fue un día, no sé si de sorprenderme, pero la actitud maliciosa, mentirosa y de no tener la facilidad ni cintura para poder resolver la situación hace que los funcionarios salgan a mentir", afirmó el dirigente. Rodríguez remarcó la invalidez jurídica del registro que busca habilitar la comuna: "Ellos hoy quieren hacer un padrón de los choferes de Uber, de aplicaciones. Eso no lo permite la ordenanza. Para poder realizar esa inscripción tienen que pedir un proyecto para que cambien estos artículos; la única potestad es del Concejo Deliberante. Ninguna resolución, ningún acto administrativo puede estar sobre una ordenanza".

"Igualdad de condiciones" y vencimiento de plazos

El referente gremial sostuvo que las aplicaciones de transporte incumplieron los plazos establecidos en el marco regulatorio vigente. Según explicó, la ordenanza fue promulgada el 9 de diciembre y la reglamentación municipal se presentó el 4 de febrero, fijando un plazo de 90 días —hasta el 4 de mayo— para que las empresas enviaran la información requerida y se encuadraran a derecho. "El plazo de ellos ha vencido el 4 de mayo, hace más de 5 meses. Y los taxis, a partir de la reglamentación, tenían hasta el 4 de agosto, o sea que los taxis cumplieron con la reglamentación", detalló Rodríguez.

Frente a esta situación, el dirigente enfatizó que la protesta no busca impedir el trabajo, sino garantizar condiciones equitativas de competencia. "Nosotros lo que estamos pidiendo es igualdad de condiciones. La igualdad de condiciones es que todos estemos a derecho dentro de un marco normativo", aseveró. Entre las exigencias para los choferes de aplicaciones, remarcó: "La ordenanza dice que los conductores de las aplicaciones tienen que tener el carnet D1, tienen que tener el seguro transportado contra terceros y la antigüedad de los autos tiene que ser igual que la de los taxis: 13 años".

Impacto en las familias y rechazo a las acusaciones

Rodríguez visibilizó la profunda crisis que atraviesa el sector en la capital tucumana, precisando que el parque automotor de taxis sufrió un drástico recorte. "Nos estamos recagando de hambre los taxistas. De los 7.070 autos que había, hay 2.900 o 3.000 autos. Ya lo hicieron con 4.000 autos; estamos 3.000 compañeros tratando de subsistir en nuestra fuente de trabajo para llevar nuestro pan todos los días y mandar nuestros hijos al colegio", expresó enfáticamente.

Asimismo, el dirigente desmintió las acusaciones de las autoridades municipales que calificaron la movilización como un acto violento e imputaron al gremio la intención de eludir las inspecciones sobre taxímetros adulterados. "¿Usted se imagina cómo vamos a tener una actitud violenta si te están sacando el plato de comida todos los días?", cuestionó Rodríguez, agregando que acudieron pacíficamente a presentar el recurso legal. Con relación a los controles sobre los relojes, concluyó: "Es una gran mentira del señor Arnedo. Nosotros fuimos y les dijimos que tenían que hacer los controles sobre los autos que tenían el reloj adulterado. Queremos que controlen, queremos que esto sea un cambio para mejor con un servicio esencial".