Jaldo defendió el proyecto de la fiduciaria provincial y cruzó al cisnerismo por su gestión al frente de la Caja Popular

El gobernador Osvaldo Jaldo salió al cruce de los cuestionamientos opositores y defendió de manera categórica el proyecto oficial para la creación de la Fiduciaria de Tucumán S.A.U. y el Fondo de Garantía de Tucumán (FOGATUC), una estructura concebida para canalizar financiamiento directo hacia los sectores que producen, industrializan o comercializan en la provincia. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo provincial, busca ofrecer garantías a las pequeñas y medianas empresas que enfrentan severos obstáculos para acceder al crédito en el sistema bancario tradicional debido a las altas tasas de interés de las entidades privadas.

Frente a las acusaciones de diversos legisladores que argumentaron que la nueva figura fiduciaria podría transformarse en una caja política, el mandatario rechazó de plano esas lecturas y atribuyó los reparos a una absoluta falta de comprensión del texto normativo. Sobre este punto, Jaldo aseveró: "No coincido para nada. Creo que no han leído el proyecto y, si no lo han leído, no lo han entendido". El gobernador explicó que la medida responde a un convenio estratégico con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) diseñado para sostener la actividad económica local. Al respecto, el mandatario remarcó: "Esto tiene que ver con un acuerdo vinculado al CFI para canalizar créditos a todos aquellos que comercializan, producen o industrializan en la provincia de Tucumán". En su explicación, Jaldo enfatizó que la figura fiduciaria permitirá asistir a quienes carecen de calificación bancaria sin poner en riesgo las arcas estatales. Asimismo, marcó una distancia tajante con los manejos del pasado en la entidad financiera provincial y advirtió: "Nosotros entendíamos que había que acordar con el CFI y no había que comprometer bajo ningún punto de vista los fondos de la Caja Popular de Ahorro". En ese mismo sentido, remató con firmeza: "Bajo ningún punto de vista, como en épocas anteriores, comprometer a la Caja Popular con los créditos a particulares".

La embestida contra el proyecto fiduciario estuvo encabezada por la legisladora Silvia Elías de Pérez, enviada por su jefe político, el diputado nacional y dirigente bancario Carlos Cisneros. Las declaraciones de Elías de Pérez no se dieron en cualquier escenario: fueron emitidas en Enterate, el show mediático que se transmite por uno de los medios de comunicación pertenecientes al propio Cisneros. 

Elías de Pérez en uno de los medios de su jefe político.- 

Durante la entrevista, la parlamentaria opositora denunció que el esquema integrado por la Fiduciaria de Tucumán y FOGATUC funcionará como un sujeto de derecho privado pese a constituirse con fondos públicos. Elías de Pérez intentó contrastar la iniciativa con la estructura histórica de la provincia al sostener: "Desde hace 111 años está la Caja Popular de Ahorros. Una institución que está formada, que tiene controles del Banco Central, del Tribunal de Cuentas, de la Superintendencia… tiene una serie inmensa de controles y una estructura". Apuntando contra el Poder Ejecutivo, la legisladora lanzó: "De Caja Popular hemos pasado a una caja personal, a una caja de Jaldo, a una caja de Abad para que la manejen como quieran". Luego, arremetió contra la centralización de decisiones: "Acá todo es el Poder Ejecutivo. El que pone, el que administra, el que cobra, el que controla, el que decide a quién le da. A la plata la pone el Estado Provincial. A la plata la administra el Estado Provincial. El Estado Provincial define a quién le presta, a quién no, a quién lo garantiza, a quién no, no hay ninguna regla… se autocontrola. Esto es inadmisible, inentendible. Es más oscurantismo para una provincia que ya está oscura". Finalmente, cuestionó el presupuesto inicial de mil millones de pesos y concluyó: "Con la Caja ya tenés la estructura armada. Este es uno de estos inventos que hace el gobierno cuando quiere utilizar cajas absolutamente personales. Hoy empiezan con 1.000 millones de pesos, pero ahí te dice que los tres poderes del Estado tendrán que usar esta SAU para utilizar en estos fideicomisos".

La gestión cisnerista de la Caja Popular de Ahorros: nepotismo, desvíos millonarios y negocios en familia

Detrás del discurso de defensa de la Caja Popular de Ahorros al que apela la vocera del cisnerismo, Elías de Pérez, las contundentes resoluciones del Tribunal de Cuentas de la Provincia sacaron a la luz la verdadera naturaleza del manejo institucional bajo la conducción de Carlos Cisneros y sus hombres de confianza. Lejos de funcionar como un organismo crediticio al servicio de la comunidad, la entidad fue convertida en una plataforma de negocios privados, desvío de fondos públicos y maniobras de impunidad.

Uno de los episodios más escandalosos expuestos por eltucumano.com reveló cómo La Bancaria operó de ambos lados del mostrador, conduciendo simultáneamente el Club Atlético San Martín de Tucumán y controlando los hilos de la Caja Popular. Rubén Bautista Moisello se desempeñó al mismo tiempo como presidente de la institución deportiva y como Coordinador General del Casino de Tucumán, el activo más lucrativo del monopolio del juego estatal, cargo en el que ingresó en 2019 bajo la gestión cisnerista de José César Díaz. Bajo esta convivencia de intereses, la Caja Popular pagó en mayo de 2025 la suma de $11.293.220,48 por la lesión del futbolista Santiago Tomás Basualdo sin verificar la existencia de póliza ni consultar los contratos de cobertura. En enero de 2026, el nuevo presidente del club, Oscar Mirkin, confirmó mediante declaración jurada que San Martín jamás aseguró a sus futbolistas en la ART de la Caja Popular, dado que el plantel profesional cuenta con la cobertura de la AFA. El trato dispensado a los futbolistas favorecidos por el cisnerismo contrasta drásticamente con la postura asumida por la entidad en 2021, cuando querelló penalmente a los abogados de más de cincuenta familias de empleados estatales fallecidos por COVID-19 para no abonar las indemnizaciones correspondientes. La red de complicidades sumó un capítulo aún más grave con el caso del jugador Adrián Arregui, quien demandó a la Caja por $1.400 millones. La defensa contratada por la gestión anterior, el estudio Iezzi y Varone Asociados, omitió contestar la demanda generando una indefensión total para el Estado. Pese a conocerse la inexistencia de póliza, la Asesora Letrada A/C Patricia Neme —hoy llamada a indagatoria en la justicia Federal por trata de personas y asociación ilícita junto a Carlos Cisneros y el operador Federico Petraglia— emitió en diciembre de 2025 el Dictamen 31351 aconsejando continuar el juicio y ajustar controles a futuro, omitiendo la falta de cobertura. Hacia marzo de 2026, la Gerencia del Departamento Asegurador sugería conciliar por no menos de $450 millones o preparar un embargo voluntario de fondos públicos para saldar la condena inminente. La denuncia penal ante la Unidad Fiscal de Delitos Complejos por parte de las nuevas autoridades, Guillermo Norry y Antonio Bustamante, recién fue radicada el 6 de abril de 2026, exactamente cuarenta y ocho horas después de que eltucumano.com hiciera pública la investigación. 

Oscar Simón Mirkin — Presidente Club Atlético San Martín AC — Declaración jurada ante la CPA — 26 de enero de 2026.-

A este esquema de arbitrariedades se sumó el caso de los controles contables que quedaban en familia, desmantelado por el Tribunal de Cuentas mediante el Acuerdo N° 2132. El organismo fiscalizador declaró la nulidad absoluta de las contrataciones directas y renovaciones otorgadas entre 2024 y 2025 al estudio auditor Concilio & Sarralde S.A.S.. La auditoría demostró un conflicto de intereses inaceptable: el socio gerente de la firma auditora, C.P.N. Octavio Concilio, es hermano consanguíneo del C.P.N. Francisco Concilio, Gerente de ART de la propia Caja Popular, lo que viola flagrantemente la prohibición de la Resolución Técnica N° 53 de la FACPCE. Para agravar la situación, el estudio incurrió en una flagrante auto-revisión, ya que se le encargó tanto la auditoría externa como la propia registración contable de las operaciones de la entidad. Es decir, el estudio preparaba los libros contables y luego firmaba los dictámenes asegurando que sus propios números eran correctos. Este entramado fue autorizado en febrero de 2024 y renovado en septiembre de 2025 bajo la intervención de José Díaz, con la anuencia del C.P.N. Pablo Díaz Sánche —Gerente General Interino con un salario mensual cercano a los 10 millones de pesos— y desoyendo las expresas advertencias internas formuladas por el Asesor de Intervención Carlos Alberto Cainzo y el Gerente Financiero Carlos F. Ortiz Soler. El Tribunal de Cuentas dispuso la intervención del Ministerio Público Fiscal por presunto abuso de autoridad e inició una comprobación sumaria para calcular el daño fiscal provocado.

La opacidad financiera de la gestión cisnerista alcanzó su pico más dramático con el denominado valijazo de $21.000 millones. Entre abril de 2025 y marzo de 2026, salieron por la ventanilla del Banco Macro un total de $21.105.019.379,18 en efectivo —equivalentes a unos 17 millones de dólares— extraídos de las cuentas de la Caja Popular sin que exista registro oficial de los destinatarios finales. Este flujo descontrolado implicó el retiro promedio de $58 millones de pesos diarios en billetes. El 82 por ciento de estos fondos —más de $17.370 millones— se evaporaron durante la gestión de José César Díaz. Ante la ruptura absoluta de la trazabilidad financiera, el Banco Central activó el Legajo 9492 invocando la Resolución 14/2023 de la UIF para exigir a la Caja la identificación urgente de los beneficiarios bajo apercibimiento de emitir un Reporte de Operación Sospechosa. El propio diputado Carlos Cisneros admitió abiertamente en el programa El Avispero haber sido el padrino político del exinterventor al declarar que él mismo lo recomendó ante el exgobernador Juan Manzur. La maniobra para garantizar la impunidad de Díaz quedó al descubierto cuando se constató que en junio de 2023, el entonces subinterventor Hugo Ledesma —cuñado de Cisneros— firmó la Resolución N° 494/23 para nombrar a su propio jefe como Subgerente General Adscripto Nivel 3 en la planta permanente. El nombramiento a dedo fue anulado por el Tribunal de Cuentas mediante el Acuerdo N° 2343 tras calificarlo como una grave desviación de poder para otorgarle refugio laboral, girando las actuaciones a la fiscal Marta Mariana Rivadeneira.

El último gran fraude detectado por el Tribunal de Cuentas, plasmado en el Acuerdo N° 2855, salpicó la contratación del estudio porteño Saravia Frías Abogados S.C., conducido por Bernardo Saravia Frías, exProcurador del Tesoro durante el gobierno de Mauricio Macri. El órgano de control ratificó la nulidad absoluta de la contratación directa iniciada el 10 de diciembre de 2024 por José Díaz, la cual drenó $300.306.456,75 de las arcas provinciales. El pretexto oficial para la contratación fue litigar ante el Banco Central para frenar una multa de $108 millones impuesta a la Caja Popular; sin embargo, la auditoría comprobó que la sanción ya había sido cancelada por la entidad antes de que los abogados porteños firmaran su contrato. Además, se les facturaron honorarios cinco veces superiores por trámites de proveedores de servicios de pago que el Banco Central realiza de forma gratuita y virtual, registrándose también rendiciones truchas de viáticos por más de 3 millones de pesos sin comprobantes. Tras el escándalo, Saravia Frías presentó su renuncia alegando deudas, lo cual fue presentado falsamente como un éxito por Enterate Noticias de Carlos Cisneros. 

La nota de Enterate, el mediocisnerista, elogiando y lamentando la renuncia del estudio de abogados porteño que le costó a los tucumanos más de $300 millones.- 

La arquitectura del contrato contó con las firmas clave del Gerente General Interino Pablo D. Díaz Sánche y del Sub-Interventor Miguel Darío Amatti a través de la Resolución N° 032/25. El puente entre el estudio porteño y el cisnerismo lo constituyó la propia Patricia Neme, jefa de Asesoría Letrada de la Caja Popular y apoderada legal del Club Banco Provincia —presidido por Cisneros—, quien litiga en sociedad con Saravia Frías en causas privadas contra TRANSNOA y el ENRE. Tanto Díaz como Neme mantuvieron durante su paso por la función pública licencias psiquiátricas con goce de sueldo en la Caja Popular mientras ejercían simultáneamente la profesión de manera privada patrocinando a Cisneros y a sus familiares. Neme utilizó ese periodo de supuesta incapacidad de salud mientras era imputada en la justicia Federal por instigación al falso testimonio en la causa contra futbolistas de Vélez Sarsfield, investigación que salpica al propio Cisneros con un pedido de desafuero por denuncias de trata de personas.