"Fue lamentable que no se investigara hasta las últimas consecuencias": Beatriz Ávila recordó la quema de La Gaceta y ratificó sus acusaciones contra Carlos Cisneros

Durante su participación en el programa Política x Cazón, conducido por Carlo Cazón, la senadora nacional Beatriz Ávila dejó en claro que "no piensa dar un solo paso atrás" respecto a sus graves señalamientos contra el diputado nacional Carlos Cisneros ─que fue citado a indagatoria por la Justicia Federal por presunta trata de personal tras el sobreseimiento de los exjugadores de Vélez Sarsfield─, realizados durante el recordado debate de 2023, en plena carrera por la Intendencia de San Miguel de Tucumán. A pesar del paso del tiempo y de las reconfiguraciones del mapa político local, la parlamentaria sostuvo con firmeza su postura sobre las oscuras ramificaciones entre el poder político, las operaciones mediáticas y los hechos de violencia impunes que marcaron a la provincia.

El punto de mayor tensión de la entrevista ocurrió cuando el conductor emitió un fragmento de archivo de 40 segundos perteneciente al debate de candidatos realizado en abril de 2023 en los estudios del diario La Gaceta. En ese registro audiovisual, Ávila increpaba de manera directa a la entonces candidata Rossana Chahla con términos contundentes: "Yo le quisiera preguntar a la doctora Chahla si a ella le parece transparente que su socio político, que aparece en los afiches de ustedes y que ha quemado una edición de este diario cuando yo era periodista... ¿No es transparente? ¿No le parece a usted, su jefe de campaña, que haya incendiado...? No sabe cómo me ha dolido a mí cuando era periodista. ¿No le parece que su socio político es poco transparente? ¿Es poco transparente que apremie a jueces por la Caja Popular? ¿No le parece poco transparente que se usen ambulancias para llevar drogas que vienen del narcotráfico y que tienen vinculaciones con el Estado?". Ante semejante batería de cuestionamientos, la respuesta de Chahla en aquel estudio se limitó a un escueto "Esto es política".

Los sextuples que inundaron las calles de San Miguel de Tucumán durante los comicios provinciales de 2023.- 

El episodio al que hizo referencia Ávila remite a uno de los capítulos más oscuros y violentos contra la prensa libre en Tucumán. Entre las 10 de la noche del sábado 27 de mayo y las 10 de la mañana del domingo 28 de mayo del año 2000, grupos armados ejecutaron un sitio de 12 horas sobre la capital tucumana, asaltando de forma simultánea los ocho puntos de distribución de La Gaceta para robar la edición dominical y quemarla impunemente en la vía pública. El operativo comando utilizó unidades de la empresa de remises Cinco Estrellas, perteneciente a la familia Ale. La investigación judicial conducida en aquel entonces por el fiscal Ricardo Falú identificó que un ex policía vinculado directamente al sindicalista Carlos Cisneros —por ese entonces vicepresidente de la Caja Popular de Ahorros— dirigió la patota ejecutada por Rubén "La chancha" Ale y Rubén "Sopa e chancho" Urueña. Falú calificó la inacción de las fuerzas provinciales afirmando que "la pasividad policial ha sido delictiva" y definió el ataque como un embate mafioso contra la libertad de expresión y de trabajo.

El diario La Nación, único medio que conserva la información del ataque a La Gaceta por parte de Cisneros y los Ale.

Veintiseis años después de aquella jornada de fuego y violencia, el escenario adquiere ribetes aún más alarmantes. Denuncias públicas realizadas por el periodista y director de El Federalista, Germán García Hamilton, tataranieto del fundador del centenario diario, afirmó que Cisneros, convertido en un magnate de medios y del juego a través de la Caja Popular por más de 30 años, controla en la actualidad La Gaceta. El silencio sobre el violador Rodolfo "Ekeko" Burgos —lobbista de La Gaceta—, la denuncia penal por los $26,7 millones desviados en la CPA, los allanamientos a la organización Cisneros y ahora el atronador silencio sobre su llamado a indagatoria por Justicia Federal solo confirman la adquisición denunciada por la familia fundadora.

Tal como ya dio cuenta este medio en octubre de 2025, Cisneros habría adquirido el paquete mayoritario de acciones de La Gaceta y del Grupo Los Balcanes en una transacción que superaría los 70 millones de dólares mediante holdings vinculados al empresario Roberto Sagra. Esta peligrosa concentración de poder económico, político y mediático no solo garantiza el sometimiento de la línea editorial del diario que antes mandó a incinerar, sino que consolida una red paraestatal que maneja el juego de azar, medios de comunicación y grupos azucareros.

Al reencontrarse con las imágenes del debate, Ávila recordó su vivencia personal durante el ataque del año 2000, señalando que trabajaba en la redacción de La Gaceta, aunque en ese momento se encontraba de licencia en Buenos Aires por un problema de salud de una de sus hijas en el Hospital Garrahan. La senadora tildó el hecho como realmente lamentable y cuestionó que nunca se haya investigado hasta las últimas consecuencias: "Fue realmente lamentable, y lamentable que después no se hablara y no se investigara hasta las últimas consecuencias un tema de tal extrema gravedad que tiene que ver no solamente con la libertad de expresión, sino con la libertad de trabajo... y sigo pensando lo mismo". Consultada por Cazón sobre si mantenía su acusación sobre la responsabilidad de Cisneros en la quema de los diarios, Ávila ratificó sin vacilar: "Yo sigo pensando lo que dije en ese momento... Fue su socio político, le dije, para mí es el diputado Cisneros". Asimismo, reafirmó la gravedad de sus denuncias sobre las ambulancias oficiales vinculadas al tráfico de estupefacientes, advirtiendo que "el tema de la droga está haciendo destrozos" en los barrios de la capital.

En otro tramo de la conversación, la senadora abordó la degradación del ejercicio periodístico y apuntó contra las estructuras de difusión financiadas por el diputado bancario, que hoy, además de controlar La Gaceta, Contexto y Tendencia de Noticias, es dueño de Enterate Noticias y de Radio Mitre Tucumán, según lo blanqueó a mediados de este año a través de una campaña publicitaria en la vía pública. Ávila denunció la existencia de medios que responden a intereses políticos y operan sin rigor profesional: "Claramente hay medios que se ocupan y que no cotejan la información, no cotejan en absoluto. Entonces, ¿eso es periodismo o es militancia? O es militante, que no está mal que militen para determinado... pero avísenle a la gente. Avísenle a la gente que es así". No obstante, al ser requerida para dar nombres de periodistas o dirigentes, optó por no ingresar en disputas personales: "Por eso no di nombres; la gente no quiere peleas, la gente quiere que le digamos qué vamos a hacer con sus problemas". Y remató: "Avancemos adelante, pero hay que bajar los egos, es un chiquitaje. Es querer generar un circo y yo creo que hay cosas más importantes".

Las gigantografías que le dice a los tucumanos que se informen a través del porteño Eduardo Feinmann. Firma el mensaje el "Grupo Enterate", prorpiedade de Cisneros.-

Tras el cruce en el debate de 2023, Ávila y Rossana Chahla compartan actualmente el mismo espacio político conducido por el gobernador Osvaldo Jaldo. Al ser consultada sobre esta convivencia y la posibilidad de apoyar la gestión municipal, Ávila explicó que se sumó al frente oficialista hace más de un año porque el mandatario provincial incorporó reclamos históricos de la plataforma de Juntos por el Cambio, como el equilibrio fiscal y la institucionalidad. La parlamentaria remarcó su alineamiento con el proyecto provincial: "Estando en el proyecto del gobernador Osvaldo Jaldo apoyando en esto hacia abajo; después todo se acomoda. El desafío nuestro es hacerle entender a la ciudadanía, a nuestra comunidad, a la Argentina, que el gobernador Jaldo es la mejor propuesta y que necesita 4 años más". Aclaró además que trabajará para que el espacio gane colectivamente en los próximos turnos electorales.

En el plano estrictamente legislativo, la senadora repasó los principales ejes de su labor en el Congreso de la Nación. Destacó la sanción de la ley de su autoría que dividió la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán en dos salas para agilizar el tratamiento de causas complejas como narcotráfico, trata de personas y amparos de salud, proyecto que contó con la exposición técnica de la jueza Moltini en comisiones. Valoró la cobertura de vacantes en el Poder Judicial impulsada por la gestión nacional, la próxima llegada del sistema acusatorio a la provincia y la necesidad de descentralizar los exámenes del Consejo de la Magistratura para darles una impronta federal. Respecto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, calificó como una anomalía que funcione con solo tres integrantes, se mostró abierta a debatir la elección popular de magistrados y se refirió a los trascendidos que ubican a la vocal tucumana Claudia Sbdar como alternativa para el máximo tribunal.

Entre otros proyectos, Ávila resaltó la sanción de la ley que declara a San Miguel de Tucumán como capital simbólica de la República Argentina cada 9 de julio, otorgándole fuerza de ley a lo que antes era un simple decreto de la era de Carlos Menem y obligando al presidente y su gabinete a celebrar los actos oficiales en la provincia. También ponderó el avance de la ley de biocombustibles para elevar la mezcla de bioetanol del 12% al 15% (destinando un 6% a la caña de azúcar, 6% al maíz y 3% a libre competencia), medida clave para dinamizar la matriz energética y la industria azucarera local. Sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), respaldó la adhesión provincial, pero señaló la contradicción existente con la norma tucumana que prohíbe la actividad minera en la cordillera, a diferencia de lo que ocurre en Chile o en provincias vecinas.

Hacia el cierre de la entrevista, la senadora trazó un diagnóstico sobre la marcha del gobierno de Javier Milei. Si bien respaldó el logro de la estabilidad macroeconómica y el equilibrio fiscal como condición indispensable para frenar la inflación, advirtió sobre la dura realidad microeconómica que sufren las familias tucumanas. Detalló que en sus recorridas por comedores parroquiales constató el aumento de raciones diarias de 300 a 600 platos con la llegada de jubilados, al tiempo que cuestionó el desfinanciamiento de las universidades públicas y del Conicet. Finalmente, justificó sus decisiones parlamentarias al señalar que apoyó la Ley Bases para otorgar gobernabilidad, pero rechazó iniciativas como la Ley de Tierras, ratificando su independencia de criterio para votar exclusivamente en función de los intereses de Tucumán.