Elevaron a juicio la causa por el crimen de Érika Álvarez y piden prisión perpetua para "el Militar" Sosa

La causa por el femicidio de Érika Antonella Álvarez, la joven de 25 años cuyo cuerpo fue hallado el pasado 8 de enero en un basural de la zona de Manantial Sur, fue formalmente elevada a juicio oral y público. La resolución quedó aprobada este jueves 17 de septiembre al concluir la audiencia de control de acusación y admisibilidad de la prueba, tras cuatro jornadas de debate a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios I, conducida por Pedro Gallo y la auxiliar de fiscal Carolina Brito Ledesma. En la causa se encuentran imputados Felipe El militar Sosa, de 50 años, Justina Gordillo, de 48 años, y Jorge “Chicho” Díaz, de 41 años, mientras que un cuarto acusado, Nicolás Navarro Flores, de 37 años, ya fue condenado el pasado 29 de julio a tres años de cárcel mediante un juicio abreviado.

Durante el proceso, el Ministerio Público Fiscal formuló los pedidos de pena para los procesados, los cuales contaron con la adhesión de la querella. Para Felipe Sosa, acusado como autor material del delito de femicidio, la Fiscalía solicitó la pena de prisión perpetua. Para Justina Gordillo se requirieron seis años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de encubrimiento por favorecimiento personal y real, triplemente agravado por tratarse de un hecho precedente especialmente grave, por actuar con ánimo de lucro y por su condición de funcionaria pública. En el caso de Jorge Díaz, la pretensión punitiva es de seis años de prisión efectiva por encubrimiento por favorecimiento personal y real, agravado por tratarse de un hecho precedente especialmente grave.

Según la reconstrucción fiscal de los hechos, el crimen ocurrió el 7 de enero de 2026. Alrededor de las 3:37 horas de la madrugada, Álvarez salió de su domicilio ubicado en Gerónimo Helguera 1701, en San Miguel de Tucumán, a bordo de un automóvil de Uber con dirección a la vivienda de Sosa, situada en Santo Domingo 1100, en Yerba Buena, a donde arribó a las 3:50 aproximadamente. La Fiscalía sostiene que, entre las 3:50 y las 7:00 de la mañana, Sosa se valió de la relación asimétrica de poder y de la situación de vulnerabilidad de la víctima para golpearla con gran violencia en la zona cráneo-facial y cervical, causándole múltiples lesiones que le provocaron la muerte por traumatismo cráneo-facial y cervical.

Al fundamentar el encuadre del caso como femicidio, el fiscal Pedro Gallo explicó las razones que sustentan la acusación contra Sosa. “Nosotros ponemos mucho foco en la especial vulnerabilidad de Érika. Vulnerabilidad como mujer, pero también una vulnerabilidad en la relación con Sosa de tipo económico y social. Sumado también a un problema de consumo problemático que padecía la víctima. Todo eso fue aprovechado por Sosa para generar una clara relación desigual de poder entre ambos”, señaló el fiscal.

El representante del Ministerio Público Fiscal expuso además la cosificación que ejercía el acusado sobre la joven. “Esto surge del análisis del teléfono celular del imputado, quien tenía expresiones absolutamente denigrantes para con las mujeres y particularmente para las mujeres que convocaba para encuentros en su domicilio. Él consideraba a Érika un objeto más de divertimento”, afirmó Gallo. Asimismo, sobre la escena del hallazgo de la víctima, el fiscal agregó: “Desde nuestro punto de vista, inclusive la forma en que se le da muerte y termina la víctima envuelta en una bolsa en un basural es hasta simbólico y significativo”.

Respecto de los roles atribuidos a los demás imputados, la Fiscalía indicó que Justina Gordillo mantuvo comunicaciones con Sosa desde las 7:32 de la mañana del 7 de enero y acudió a su domicilio, donde permaneció varias horas y regresó por la noche. A Gordillo se le imputa haber colaborado en el ocultamiento del cuerpo y la eliminación de rastros, así como en la desaparición de elementos de la víctima y del vehículo utilizado por el principal acusado. Además, se le endilga haber facilitado la fuga de Sosa a la provincia de Buenos Aires mediante la entrega de una motocicleta KTM, dinero e información de la causa, para ayudarlo a eludir la Justicia y obtener un beneficio patrimonial. Por su parte, la acusación señala que Jorge Díaz se presentó en la vivienda de Sosa a las 15:17 a bordo de una camioneta Chevrolet S10 de la firma “Mundo Limpio” y colaboró en la eliminación de rastros del cuerpo, la desaparición del celular de la víctima y la limpieza del lugar. Al retirarse, Díaz se llevó un estuche con una pistola Glock calibre 40, una escopeta calibre 12 y municiones entregadas por Sosa para su ocultamiento.

De cara al debate oral, las partes alcanzaron más de 25 convenciones probatorias y la jueza aprobó el requerimiento de apertura a juicio público. El Ministerio Fiscal llevará a 77 testigos, entre los cuales figuran el ya condenado Navarro Flores, personal policial, peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y personas del entorno de los implicados. Entre la evidencia admitida figuran pruebas genéticas de ADN, grabaciones de cámaras de seguridad públicas y privadas, peritajes digitales, los celulares incautados, cuerdas y las bolsas que cubrían el cuerpo[8]. Las actuaciones serán remitidas a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) para sortear el tribunal e instituir la fecha de inicio del debate.

Felipe El Militar Sosa.-