Tras el fallo de la Corte, la Justicia Federal cita a indagatoria a Carlos Cisneros por presunta trata de personas derivada del caso Vélez
Luego de que se hiciera público el contundente fallo de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que dejó firme e irreversible el sobreseimiento por certeza negativa de Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín en la causa por falsa denuncia de abuso sexual, el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán emitió el decreto de citación a indagatoria bajo el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación contra el diputado nacional Carlos Aníbal Cisneros, la abogada Patricia Micaela Neme y el operador Federico Petraglia. La medida fue fijada para los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2026, a las 09:30 horas, con la intervención de la Policía Federal Argentina para las notificaciones. La causa federal, originada tras la remisión del expediente provincial por parte del juez Augusto José Paz Almonacid y respaldada por el requerimiento del fiscal federal subrogante Rafael Vehils Ruiz, investiga la hipótesis de trata de personas bajo las figuras de los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal, al determinarse que existió un proceso de captación posterior, coerción, abuso de poder laboral y sometimiento funcional sobre María de Lourdes Parache para instrumentalizarla en una maniobra extorsiva.
Carlos Cisneros y su "hijo de cariño", Federico Petraglia, deberán declarar ante la Justicia Federal.-
El Juzgado Federal N° 2 de Tucumán dispuso citar a prestar declaración indagatoria al diputado nacional por Tucumán Carlos Aníbal Cisneros, a la abogada Patricia Micaela Neme y a su "hijo de cariño" y empleado de la Caja Popular de Ahorros Federico Petraglia. La resolución judicial fue tomada en respuesta al Requerimiento de Instrucción Fiscal N° 269/2025 promovido por el fiscal federal subrogante Rafael Vehils Ruiz, quien concluyó que existen elementos de convicción suficientes para sostener que la denuncia por supuesto abuso sexual contra los exfutbolistas de Vélez Sarsfield "respondió a una estructura organizada de captación y direccionamiento de la voluntad de la denunciante".
El cronograma fijado por la magistratura federal establece que Federico Petraglia deberá comparecer el 28 de septiembre de 2026 a las 09:30 horas; Patricia Micaela Neme lo hará el 29 de septiembre a la misma hora; mientras que el diputado Carlos Aníbal Cisneros fue citado para el 30 de septiembre. El tribunal ordenó que las citaciones sean diligenciadas formalmente a través de la Policía Federal Argentina. En paralelo, las actuaciones registran la comunicación oficial enviada meses atrás por el juez federal al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, para notificar la sustanciación del proceso penal contra el legislador, mientras la querella técnica de las partes sobreseídas solicitó la detención y el desafuero parlamentario de Cisneros, argumentando riesgo de fuga y entorpecimiento probatorio.
Parte de la citación realizada por la Justicia Federal contra Cisneros y parte de su círculo.-
El pronunciamiento del máximo tribunal provincial expuso graves falencias técnicas en el equipo jurídico de la querella, señalando que los abogados se limitaron a copiar y pegar escritos anteriores sin formular una crítica concreta contra el auto denegatorio. Asimismo, la Corte dejó sentado que el juzgamiento con perspectiva de género y la invocación de la Convención de Belém do Pará o de la Ley 26.485 garantizan un proceso libre de estereotipos, pero bajo ningún punto de vista autorizan a destruir la presunción de inocencia, alterar la carga de la prueba o forzar un juicio oral cuando el material probatorio desmiente de forma categórica la acusación.
El archivo probatorio del expediente judicial dejó al descubierto una trama de falsedades desarticulada por pericias científicas y digitales. La pericia informática realizada mediante la tecnología UFED sobre los dispositivos analizados extrajo 530 megabytes de información, revelando chats y audios previos, contemporáneos y posteriores a la madrugada del 3 de marzo de 2024 en la habitación 407 del Hotel Hilton. Entre los elementos destacados figura el mensaje enviado a las 06:18 horas por la propia denunciante al arquero Sebastián Sosa, pocos minutos después de retirarse del hotel, que contenía un emoji de un ratoncito entregando un corazón, acompañado de textos de agradecimiento y consultas sobre anticoncepción tomados en tono jocoso.
A ello se sumó el análisis biomecánico de las cámaras de seguridad del establecimiento hotelero, elaborado por la licenciada Marcela Machado, que concluyó que la joven presentaba normalidad biomecánica y funcional en sus movimientos y marcha al retirarse, sin signos de alteración o desequilibrio. En el plano médico legal, las evaluaciones ginecológicas realizadas por la doctora Chehuan y los profesionales de la causa determinaron la inexistencia de lesiones traumáticas vinculadas a violencia sexual, precisando que los diagnósticos correspondían a una patología inflamatoria preexistente denominada ectropionitis. Ello obligó al letrado Robles a retractarse en audiencia oral de sus afirmaciones sobre una supuesta lesión de mayor envergadura.
Las pericias psicológicas practicadas por las licenciadas Elizabeth Natalia Seguín y Natalia Alba Mendieta determinaron que el discurso de la denunciante resultaba inexacto, incongruente y contradictorio, registrando lagunas amnésicas sobre momentos clave combinadas con relatos minuciosos de acciones complejas como contratar un Uber, calcular dinero o trasladarse por sus propios medios. Los informes oficiales concluyeron que la acusación derivó de una reestructuración narrativa fabricada posteriormente e inducida por terceros. El móvil económico quedó evidenciado en chats donde la joven admitía a su entorno íntimo que le daba lástima incluir a Sosa porque estaba profundamente dormido, pero que no lo dejaría fuera porque era quien más dinero poseía.
La investigación federal se centra en los actos de coerción e instrumentalización cometidos por la red paraestatal. El requerimiento del fiscal Vehils Ruiz precisa "que la captación típica del delito de trata de personas no se dio antes del encuentro, sino posteriormente, aprovechando la vulnerabilidad emocional y la subordinación laboral de la joven en la Caja Popular de Ahorros". En un mensaje enviado el 7 de noviembre de 2025 a su grupo de allegadas, la denunciante confesó sentirse prisionera de decisiones que no compartía, obligada a cumplir órdenes sin preguntar ni chistar, evidenciando la anulación de su autodeterminación.
Captura de un chat de Lourdes Parache.-
El expediente judicial documenta además maniobras de ocultamiento y falsificación de evidencia. El 4 de marzo de 2024 a las 19:30 horas, dos días antes de la presentación formal de la denuncia policial, Federico Petraglia concurrió al Hotel Hilton para exigir las filmaciones de seguridad sin autorización judicial previa. Asimismo, testigos confirmaron planes para fingir el robo del teléfono celular de la denunciante en la vía pública con el objetivo de hacer desaparecer audios comprometedores, sumado a la supresión activa de pruebas realizada por testigos del entorno.
La situación administrativa y judicial del equipo legal vinculado al sector político sumó mayores severidades. Los abogados Patricia Neme y José César Díaz ejercieron el patrocinio privado mientras gozaban de licencias psiquiátricas con goce de sueldo en la Caja Popular de Ahorros por más de 50 días continuos. Estas irregularidades motivaron la apertura de sumarios por parte del Tribunal de Cuentas, la nulidad del nombramiento y expulsión de Díaz de la planta permanente, y la imputación penal de Neme por instigación al falso testimonio y adulteración de prueba digital en el legajo provincial correspondiente.
Patricia Neme y Carlos Cisneros en la alfrombra roja de los Martín Fierro Federal.-
