El Concejo Delirante infla la caja de Chahla en casi $53 mil millones: San Miguel de Tucumán gasta en basura el doble que el promedio del país y sin control

La sesión del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán del jueves 3 de septiembre despachó una quincena de temas, pero el plato fuerte de la jornada pasó sin un solo segundo de debate: con el voto afirmativo de todos los ediles presentes y ninguna intervención en contra, el cuerpo facultó a la Secretaría de Economía y Hacienda, conducida por Sebastián Ruiz Toscano, a disponer incrementos presupuestarios de hasta un 15%. Sobre el cálculo vigente de $349.783 millones, la autorización se traduce en un flujo de $52.467 millones adicionales que el Ejecutivo podrá asignar sin volver al recinto.

El oficialismo evitó llamarla ampliación. El concejal Emiliano Vargas Aignasse, presidente de la comisión de Hacienda y quien fundamentó el despacho, apeló a una distinción semántica: "No sería técnicamente una ampliación presupuestaria, sino facultar al Departamento Ejecutivo a hacer una actualización al cálculo que el cuerpo votó con anterioridad".

El Concejo Deliberante facultó a disponer de $52.467 millones adicionales sin votación por partida.

Si el municipio utiliza el tope autorizado, el gasto saltará de $349.783 millones a $402.250 millones sin necesidad de que se vote un presupuesto nuevo partida por partida. El argumento oficial fue la inflación. Fuera del recinto, el presidente del cuerpo, Fernando Juri, sostuvo ante la prensa que el acumulado del primer semestre "ha superado el 17 o 18%" y proyectó cerca del 35% interanual. Desde el radicalismo, el concejal Federico Romano Norri acompañó: calificó la medida de "normal, absolutamente razonable" y sostuvo que, con un 10,5% inicial más el nuevo margen del 15%, el resultado "sigue siendo un presupuesto austero".

El dato adquiere otra dimensión contra el discurso del 18 de diciembre pasado, cuando los 18 concejales aprobaron por unanimidad la previsión original y el Concejo la presentó como un ejercicio de austeridad, con un incremento en torno al 10% respecto del año anterior. Nueve meses después, esa disciplina se amplía en $52.467 millones: una cifra equivalente a casi la mitad de los $110.000 millones que el municipio destina a la gestión de residuos y a casi cinco veces los $11.100 millones previstos originalmente bajo el concepto de "crédito adicional". Sobre una estructura de gasto ya singular, que este medio detalla más abajo, se apila ahora una autorización discrecional.

La poda del 53% al Presupuesto Participativo de los Vecinos

Mientras el Departamento Ejecutivo se asegura esa disponibilidad, la herramienta de participación directa más celebrada por los vecinos sufrió un severo revés en la misma sesión. El Concejo aprobó de manera unánime una modificación sustancial a la Ordenanza N° 5.027, sancionada el 17 de octubre de 2019, que rige el Presupuesto Participativo. Aquella norma obligaba a reglamentarla en 60 días; la reglamentación efectiva, por el Decreto N° 0981, llegó recién en noviembre de 2024, cinco años después.

El artículo cuarto estipulaba un escalonamiento: 2,5% del presupuesto general el primer año de ejecución, 3,5% el segundo y 5% el tercero. El bloque peronista comandado por Ernesto Nagle introdujo un cambio que no toca esos porcentajes sino la base sobre la que se calculan: "Pedimos que el porcentaje del Presupuesto Participativo sea equivalente a las áreas de Servicios Públicos y de Obras Públicas del municipio y no así del presupuesto general total, como decía el artículo cuarto". De este modo, la tajada de los vecinos se computará únicamente sobre la Partida Principal 13 y la Partida Presupuestaria 52.

La consecuencia es aritmética. Sobre el presupuesto vigente, esas dos partidas suman, según el cálculo de este medio, $162.755 millones: menos de la mitad del total. Aplicada la nueva fórmula, el 2,5% del primer año pasa de los $8.745 millones que arrojaba la fórmula original a $4.069 millones; el 3,5% baja de $12.242 millones a $5.696 millones; y el 5% del tercer año, el techo del programa, queda en $8.138 millones. La reducción es idéntica en los tres escalones -53,5%- porque lo único que cambió fue el divisor. El techo del programa quedaría, así, por debajo de los $8.700 millones que el municipio dice haber asignado este año.

La modificación no tocó los porcentajes de la ordenanza: cambió la base sobre la que se calculan. El efecto es una caída del 53,5% en los tres escalones. Infografía: eltucumano.com.

La comparación que ordena la escala de la sesión está ahí: la ampliación que el Concejo autorizó al Ejecutivo equivale a seis veces los $8.700 millones que el municipio asignó este año al Participativo, y a casi trece veces el nuevo piso de $4.069 millones. En un mismo acto, y sin debate, el cuerpo multiplicó por seis lo que decide el Departamento Ejecutivo y redujo a menos de la mitad lo que deciden los vecinos.

El secretario general del municipio, Rodrigo Gómez Tortosa, y el propio Fernando Juri negaron que se trate de una reducción o un achique de fondos. El ex concejal radical José "Lucho" Argañaraz, impulsor de la ordenanza original en 2019 y a quien no debe confundirse con el actual edil radical Leandro Argañaraz, fue categórico al analizar el nuevo diseño: "De que es menos, es menos".

Hay un dato de calendario que vuelve urgente la discusión. La Municipalidad ya convocó a los vecinos a elegir las obras de 2027: las asambleas interdistritales se desarrollan desde agosto y la votación presencial está fijada para el 29 y el 30 de octubre. Los vecinos votarán proyectos bajo una fórmula de financiamiento que se les modificó el 3 de septiembre, en una sesión sin debate, y que ninguno de ellos discutió.

Queda además una diferencia sin explicación pública. Los $8.700 millones que la Municipalidad declara como el 2,5% asignado al programa no coinciden con las 20 obras ganadoras que el Concejo aprobó en junio, que suman $5.746 millones -entre ellas la remodelación de la plaza Urquiza, presupuestada en $1.500 millones-. La brecha, de unos $2.954 millones, no tiene destino publicado.

San Miguel de Tucumán destina un tercio del presupuesto al negocio de la basura

La ampliación llega sobre una estructura de gasto singular. La propia Municipalidad, en el mensaje del Presupuesto 2026, informó que destinaría $110.000 millones a la gestión de residuos, el 31,5% del total: tres de cada diez pesos. El estudio de referencia sobre el costo de los residuos sólidos urbanos en la Argentina, elaborado por Miguel Lozupone para la Fundación Fondo de las Ciencias Económicas sobre 29 municipios, ubica el promedio del interior del país en el 13,7%, el del conurbano bonaerense en el 13,12% y el máximo de toda la muestra -La Plata- en el 20,61%. La Ciudad de Buenos Aires destina el 7,25%.

La comparación más ilustrativa no está en el porcentaje sino en el bolsillo. San Miguel de Tucumán dispone, según su ordenanza de presupuesto y el Censo Nacional 2022, de $592.509 por habitante al año. Córdoba, con un presupuesto municipal de $1.488.292 millones para 1.505.250 habitantes, dispone de $988.734: un 67% más por vecino. Y sin embargo la Capital tucumana paga por la basura $186.333 por habitante al año, $15.528 por mes -unos $62.112 mensuales para una familia de cuatro-, una cifra del mismo orden que la que surge de aplicar a Córdoba el 18,4% que La Voz del Interior le atribuye en higiene urbana. Dicho de otro modo: San Miguel de Tucumán afronta una factura de residuos de tamaño Córdoba con un presupuesto que, por habitante, es un 40% más chico. Por eso el servicio le consume un tercio de la caja mientras a Córdoba le consume menos de un quinto, y cada punto de más es un punto que no está en asfalto, en plazas ni en participación vecinal.

San Miguel de Tucumán destina a residuos más del doble que el promedio de los municipios argentinos relevados por el estudio de referencia, y más que el más caro de ellos. Infografía: eltucumano.com.

El auditor de la caja municipal, bajo cláusula de secreto

La pregunta que sigue a toda ampliación es quién controla el gasto. En San Miguel de Tucumán, la respuesta está fijada por un convenio privado. Sebastián Ruiz Toscano, el secretario que manejará los hilos de esta ampliación, es el mismo funcionario que en diciembre de 2023 suscribió, junto a la intendenta Rossana Chahla, a la entonces secretaria general Camila Giuliano y al socio gerente del estudio, el contador Octavio Concilio, el convenio que incorporó a la consultora privada Concilio & Sarralde S.A.S. a la auditoría y la asistencia técnica del municipio. El documento, cuyas imágenes publicó El Federalista el 2 de septiembre, tiene una vigencia de cuatro años prorrogables, comprende la auditoría "contable, financiera, jurídica, laboral, tributaria y administrativa" y no fija un monto: se paga por horas certificadas por un comité interno del propio municipio. Y contiene una cláusula: "Toda la información, documentación y datos inherentes a las tareas de este contrato tendrá carácter confidencial y en ningún caso podrá ser divulgada".

Un auditor con contratos anulados y girados al fiscal

Ese estudio no es un desconocido para el control público provincial. El 27 de junio de este año, como publicó este medio, el Tribunal de Cuentas de Tucumán resolvió por el Acuerdo N° 2132, en el Expediente N° 2239-360-2026, declarar la nulidad absoluta e insanable de los contratos que la Caja Popular de Ahorros había celebrado, de forma directa y bajo la gestión del entonces interventor José César Díaz, con Concilio & Sarralde S.A.S. para su control externo.

Los fundamentos fueron dos. El primero, el parentesco: Octavio Concilio es hermano de Francisco Concilio, gerente de A.R.T. de la propia entidad auditada, en violación de la Resolución Técnica N° 53 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, que prohíbe auditar cuando existe parentesco con los administradores. El segundo, la auto-revisión: el estudio elaboraba los registros contables y después firmaba los informes que los validaban, lo que a criterio del Tribunal eliminaba toda independencia técnica. El organismo dio intervención al Ministerio Público Fiscal y abrió una comprobación sumaria para cuantificar el perjuicio por los honorarios pagados. El fallo dejó constancia, además, de que dos funcionarios de la propia Caja habían advertido por escrito antes de la renovación de septiembre de 2025: el asesor de la Intervención, contador Carlos Alberto Cainzo, y el gerente financiero, contador Carlos F. Ortiz Soler.

Entre aquel fallo y la sesión que amplió el presupuesto municipal en $52.467 millones transcurrieron sesenta y ocho días. El convenio con la Municipalidad corre hasta diciembre de 2027. Este medio no tiene constancia de que el Departamento Ejecutivo, el Concejo Deliberante o el Tribunal de Cuentas municipal hayan revisado la continuidad de ese vínculo a la luz del Acuerdo N° 2132.

Del fallo que anuló los contratos del estudio en la Caja Popular a la sesión que amplió la caja municipal que ese mismo estudio controla. Infografía: eltucumano.com.

El mismo estudio, para el que paga y para el que cobra

El propio material institucional de la firma, fechado en 2026, expone una segunda superposición. En su página de clientes, bajo el título "sector público", Concilio & Sarralde S.A.S. alinea cuatro logos: la Caja Popular de Ahorros, PopulART -la aseguradora de riesgos del trabajo de la Caja-, la Ciudad de San Miguel de Tucumán y el Consorcio Público Metropolitano de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Es decir, el estudio encargado de auditar los recursos municipales asesora, al mismo tiempo, a quien paga el servicio de residuos y al ente estatal que recibe casi un tercio del presupuesto de la ciudad, operado por Esur y Ciageser, empresas del mismo holding que Transportes 9 de Julio, la histórica recolectora de la Capital. Entre las industrias que declara atender, el folleto enumera "Juegos de Azar" y "Organismos Estatales".

Página "Confían en nosotros" del brochure institucional de Concilio & Sarralde S.A.S.: Caja Popular, PopulART, Ciudad San Miguel de Tucumán y CPM GIRSU, juntos. Fuente: material institucional de la firma, edición 2026.

En la misma pieza, la firma ofrece como servicios tanto la "auditoría y control -revisión independiente de estados contables-" como el "outsourcing contable", y enuncia entre sus razones para ser elegida la "independencia total: independencia profesional que garantiza estrictas políticas de confidencialidad y objetividad en cada encargo, sin conflictos de interés". La combinación de ambas funciones sobre un mismo cliente es, precisamente, la auto-revisión que el Tribunal de Cuentas cuestionó al anular sus contratos con la Caja.

Hay una asimetría que conviene registrar. El primer trabajo visible del estudio para la actual gestión municipal fue el relevamiento detallado de las finanzas del Consorcio de residuos que, junto a una auditoría general de la Universidad de Buenos Aires, sostuvo en marzo de 2024 la denuncia del contador general del municipio, Marcelo Albaca: al 1 de noviembre de 2023 se habían pagado $5.900 millones cuando lo que correspondía por tratamiento de residuos rondaba los $1.000 millones. Aquella auditoría apuntaba a la gestión anterior y se difundió con cifras. La auditoría permanente del municipio, la que apunta a la administración en ejercicio, es contractualmente secreta.

En San Miguel de Tucumán la auditoría externa funciona en dos regímenes según hacia dónde apunte.

El muro digital: para encontrar un gasto hay que saber cuál es

El circuito se cierra donde debería abrirse. Aunque el vecino quisiera seguir el destino de los $52.467 millones, el dispositivo digital de la gestión lo impide en la práctica, según quedó documentado en el reporte "Hacia una Soberanía Ciudadana", presentado por eltucumano.com ante el Consejo Económico y Social del municipio, organismo que hasta mayo de 2025 presidió el actual secretario general, Rodrigo Gómez Tortosa.

El Boletín Oficial municipal, único registro donde deben figurar las licitaciones, decretos y resoluciones que comprometen el erario, está condicionado a la registración previa en la plataforma CiDiTuc: entre el ciudadano y el acto de gobierno se interpone la entrega de datos personales. Superada esa barrera, el buscador no admite búsquedas temáticas: no se puede escribir "bacheo", "Plaza Urquiza" ni "refrigerios" y dar con el expediente. Como señala el informe, "dar con una licitación exige conocer de antemano el número de boletín o la fecha de publicación", obligando al vecino a conocer previamente el acto que justamente intenta descubrir.

Ni la tecnología que promociona el municipio salva la distancia. El asistente virtual de inteligencia artificial de la plataforma, denominado "Migue" -bajo la órbita de una Dirección de Inteligencia Artificial creada por el Decreto N° 0596/INT/2025, del 10 de diciembre de 2025-, consultado durante el relevamiento por expedientes, montos, proveedores y estados de licitaciones, respondió no manejar esa información y sugirió consultar la página web del municipio: el lugar donde el usuario ya estaba.

Queda así un circuito completo. Un Ejecutivo autorizado a gastar $52.467 millones más sin votación por partida. Un programa de participación vecinal cuya base de cálculo se redujo a menos de la mitad siete semanas antes de que los vecinos voten. Un tercio del presupuesto comprometido en un servicio que cuesta el doble que el promedio del país. Un auditor externo contratado sin monto cerrado, obligado por contrato a no divulgar nada, cuyos contratos en otro organismo del Estado provincial fueron anulados hace sesenta y ocho días y girados al fiscal. Y un Boletín Oficial que, para entregar un dato, exige conocerlo antes.

Seis cifras para tener en cuenta:

$349.783 millones. Presupuesto 2026, sancionado por unanimidad el 18 de diciembre de 2025 con un incremento en torno al 10%.

$52.467 millones. Lo que el Concejo autorizó a disponer el 3 de septiembre, sin votar partida por partida.

$402.250 millones. El techo del gasto si el Ejecutivo usa toda la autorización.

$110.000 millones. Lo que la ciudad destina a los residuos: el 31,5% del presupuesto, $15.528 por vecino por mes.

$8.700 millones asignados, $5.746 millones adjudicados. El Presupuesto Participativo 2026 y las 20 obras que eligieron los vecinos.

29 y 30 de octubre. Los días en que los vecinos votan las obras de 2027, bajo una fórmula que se les cambió el 3 de septiembre.

Activar. Afiche de Campaña 2023.

Derecho a réplica

Las cifras de la ampliación surgen de aplicar el 15% autorizado al presupuesto sancionado de $349.783 millones. Los montos del Presupuesto Participativo bajo la nueva fórmula surgen de aplicar los porcentajes de la Ordenanza N° 5.027 a la suma de la Partida Principal 13 y la Partida Presupuestaria 52, que este medio computa en $162.755 millones sobre el presupuesto vigente; eltucumano cursó a la Municipalidad y al Concejo Deliberante el pedido de la planilla anexa del Presupuesto 2026 para que ese desagregado sea públicamente verificable, y publicará la respuesta.

Los porcentajes comparados de gasto en residuos provienen del estudio de Miguel Lozupone para la Fundación Fondo de las Ciencias Económicas (agosto de 2019), sobre 29 municipios argentinos con datos de 2017; se citan como referencia estructural, no como serie actualizada. Los presupuestos por habitante se calcularon sobre las ordenanzas de presupuesto 2026 de ambos municipios y la población definitiva del Censo Nacional 2022. Los datos del Acuerdo N° 2132 del Tribunal de Cuentas corresponden a la cobertura publicada por este medio el 27 de junio de 2026.

Este medio pone a disposición de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, de la Secretaría de Economía y Hacienda, de la Presidencia del Concejo Deliberante y del estudio Concilio & Sarralde S.A.S. este espacio para ampliar, precisar o responder sobre cualquiera de los puntos de esta nota, incluidos el destino previsto de la ampliación, los montos abonados bajo el convenio de auditoría y la vigencia de ese convenio tras el Acuerdo N° 2132.

Fuentes de esta nota

La sesión y el presupuesto

· Sesión del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán del 3 de septiembre de 2026 y declaraciones de Fernando Juri a la prensa.

· Sanción del Presupuesto 2026 (18 de diciembre de 2025) y cobertura de La Gaceta.

· Cobertura de la autorización del 15% y La Gaceta sobre la ampliación.

Presupuesto Participativo

· Ordenanza N° 5.027 (texto oficial) y Decreto N° 0981 de reglamentación, noviembre de 2024.

· Las 20 obras del Presupuesto Participativo 2026 y convocatoria del Presupuesto Participativo 2027.

La basura

· El 31,5% del presupuesto destinado a residuos, según el mensaje del Presupuesto 2026.

· Miguel Lozupone, "El costo de la gestión de los residuos sólidos urbanos en municipios argentinos", Fundación Fondo de las Ciencias Económicas, agosto de 2019. Presupuesto 2026 de la Municipalidad de Córdoba y Censo Nacional 2022 (INDEC).

El auditor

· Acuerdo N° 2132 del Tribunal de Cuentas de Tucumán, Expediente N° 2239-360-2026 (27 de junio de 2026), según la cobertura de este medio.

· Convenio de la Municipalidad con Concilio & Sarralde S.A.S., diciembre de 2023, según las imágenes publicadas por El Federalista.

· Material institucional de Estudio Concilio & Sarralde S.A.S., edición 2026, en poder de esta redacción.

· Denuncia del contador general municipal sobre el Consorcio de residuos (marzo de 2024).

Transparencia

· Reporte "Hacia una Soberanía Ciudadana", presentado por eltucumano.com ante el Consejo Económico y Social, julio de 2026. Portales relevados: cidituc.smt.gob.ar · transparencia.smt.gob.ar · licitaciones.smt.gob.ar