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El Cadillal: detectan una docena de viviendas construidas en zonas prohibidas de la ribera

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Un relevamiento oficial en el sector del Camping La Chepa delimitó la línea de seguridad del embalse tras las obras de la Presa 3 y constató la existencia de edificaciones precarias expuestas a posibles crecidas.

Foto Secretaría de Comunicación.-





El sector costero del Camping La Chepa, en el perilago de El Cadillal, se convirtió en el nuevo punto central de una inspección del Gobierno de Tucumán tras constatarse la presencia de aproximadamente doce viviendas emplazadas en una franja territorial donde está estrictamente prohibida la edificación. Varias de estas construcciones se encuentran ubicadas a muy corta distancia del agua, lo que motivó un operativo conjunto destinado a determinar la línea de ribera y neutralizar los riesgos civiles ante eventuales variaciones en el caudal del dique.

La intervención sobre esta área crítica estuvo encabezada por el Fiscal de Estado Adjunto, Raúl Ferrazzano, quien coordinó las tareas en el territorio junto al subsecretario de Desarrollo Productivo, Martín Lazarte; el director de la Unidad Ejecutora de Protección del Patrimonio, Hugo Vitale; el subdirector de Catastro, Ariel Llabra; el director de Flora y Fauna, Juan Carlos Parajón; y Jorgelina Fontdevila por el Ente Tucumán Turismo. Los equipos técnicos de las distintas reparticiones trabajaron de manera unificada para evaluar el terreno bajo criterios jurídicos, hídricos, ambientales y de seguridad.

Durante la jornada del martes 25 de agosto de 2026, los especialistas realizaron mediciones y delimitaciones precisas del borde costero. Estas tareas técnicas tuvieron en cuenta las modificaciones hídricas experimentadas en la cota máxima del embalse a partir de los trabajos de infraestructura ejecutados en la Presa 3. Desde el plano legal, los funcionarios recordaron que, de acuerdo con el artículo 235 del Código Civil y Comercial de la Nación, la faja de ribera pertenece al dominio público del Estado, un principio que rige con total independencia de la situación de los padrones colindantes o la titularidad registral que puedan alegar particulares.

Más allá del resguardo de las tierras fiscales, el operativo responde a una problemática de seguridad pública. El emplazamiento de viviendas permanentes o semipermanentes en un sector no habilitado de la costa expone de manera directa a los ocupantes ante eventuales crecidas del espejo de agua. Al respecto, el Fiscal de Estado Adjunto, Raúl Ferrazzano, detalló la situación encontrada en el Camping La Chepa: “Encontramos aproximadamente una docena de viviendas en un sector donde no está habilitada la construcción. Nuestra responsabilidad como Estado es actuar: proteger el patrimonio público, preservar el ambiente y, fundamentalmente, prevenir situaciones que puedan poner en riesgo a las personas”.

Asimismo, las autoridades señalaron que la iniciativa forma parte de un programa sistemático de ordenamiento territorial en villas turísticas y reservas naturales impulsado por el Poder Ejecutivo provincial. En ese sentido, Ferrazzano puntualizó: “La decisión del gobernador Jaldo es clara: cuidar lo que pertenece a todos los tucumanos y anticiparnos a los problemas. Un Estado eficiente no puede esperar a que ocurra una emergencia para intervenir; tiene que prevenir”.

Además de los factores de riesgo físico para los habitantes de las viviendas relevadas, los diferentes organismos insistieron en el impacto negativo de estas urbanizaciones irregulares sobre el ecosistema y la preservación paisajística del dique. De acuerdo con las conclusiones del operativo, el objetivo de las intervenciones periódicas en el perilago es "ordenar, prevenir y garantizar que estos espacios que pertenecen a todos puedan ser disfrutados de manera segura y responsable".