El Consejo de la Magistratura de la Nación avanza contra los jueces subrogantes del TOF de Tucumán Ana Carina Farías, Federico Bothamley y Cristina Giordano que ordenaron destruir pruebas del subsuelo del tribunal

La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación resolvió, en su sesión de hoy 19 de agosto, librar oficio a la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán para que informe sobre uno de los episodios más graves de los últimos meses en la Justicia Federal tucumana: la ruptura de la cadena de custodia judicial en el subsuelo del Tribunal Oral Federal (TOF), que provocó la pérdida o destrucción de material probatorio de causas en trámite y ya hizo caer un juicio penal.

La medida fue impulsada por el consejero Roberto Lugones en el marco del expediente 99/2026, caratulado "Elías de Pérez Silvia B. (Legisladora de Tucumán) s/ act. Dres. Giordano C. - Farías Ana y Bothamley", que tramita desde el 22 de junio con el número de orden 238 (Consejo de la Magistratura). El pedido apunta a que la Cámara de Tucumán confirme si tiene conocimiento del operativo, si efectivamente se informó la faltante de 58 pastillas de alprazolam que eran prueba en una causa por drogas y si el secretario de Cámara advirtió la existencia irregular de secuestros judiciales en el subsuelo del edificio, debiendo remitir en ese caso las actuaciones administrativas y la denuncia penal derivadas del hecho.

La limpieza ordenada por jueces que borró pruebas judiciales

El escándalo se originó en mayo, cuando la jueza federal cordobesa Cristina Giordano, integrante subrogante del TOF de Tucumán, dispuso el vaciamiento y la "limpieza integral" del subsuelo del edificio de Crisóstomo Álvarez y Chacabuco. Según la denuncia posterior del secretario de Cámara, Hugo César del Sueldo Padilla, este le había advertido a la magistrada que en ese sector había pruebas de causas en trámite, pero ella exigió las llaves y aseguró que se encargarían del retiro (La Gaceta).

La jueza Ana Carina Farías, Jueza titular del Tribunal Oral de Santiago del Estero, en su paso por Tucumán como vocal Subrogante del Tribunal Oral Federal de Tucumán había ordenado que se retire todo lo que estaba en el subsuelo del TOF. Fotos LA GACETA

El operativo se ejecutó con camiones y personal de Gendarmería Nacional y, de acuerdo a testimonios de empleados recogidos por la prensa, implicó el retiro indiscriminado de cajas con estupefacientes, armas de fuego, dinero y documentación sensible, además de expedientes, muebles y computadoras en desuso. Parte del material terminó en la sede de Gendarmería y otra parte en el basurero municipal. Del Sueldo Padilla llegó a denunciar penalmente que, durante el traslado, gendarmes habrían abierto las bolsas para sustraer armas y dinero, y calificó lo sucedido como un "descontrol absoluto" (La Gaceta; Primera Fuente).

Sin inventario, sin resolución y sin respuestas: la cadena de custodia bajo sospecha

La Fiscalía Federal ante el TOF había reclamado formalmente, antes de que la pérdida se hiciera pública, precisiones sobre qué tipo de documentación, expedientes, efectos o material se estaba retirando o destruyendo, si existía alguna resolución administrativa o jurisdiccional que respaldara la medida, copia del inventario o acta detallada de lo retirado, y el criterio utilizado para decidir la destrucción o disposición final de los objetos. El planteo, reiterado en más de una ocasión, nunca obtuvo respuesta (La Gaceta). Es decir: la ruptura de la cadena de custodia no fue un hecho aislado ni sorpresivo, sino un proceso advertido y denunciado mientras ocurría, sin que mediara ninguna corrección.

El fiscal Camuña resumió esa falla estructural con dureza: "cuando se adoptan decisiones oscuras, no se notifican las partes, no se responden a los informes (...) se está generando un área del gobierno, un área del Estado que es inaccesible para todos y eso no es admisible en un Estado de Derecho". Y agregó un principio que atraviesa todo el caso: "la transparencia no es una facultad que tienen los jueces, es una de las primeras obligaciones, porque la transparencia lo que da, lo que genera en las instituciones es legitimidad" (La Gaceta).

La falta de registro y trazabilidad no se agota en las 58 pastillas de alprazolam. En el mismo subsuelo se almacenaban muestras de estupefacientes de decenas de operativos, armas de fuego, dinero y documentación vinculada a expedientes sensibles, entre ellos causas por delitos de lesa humanidad y la denominada "causa Ale", cuyo estado tras el operativo de retiro continúa sin esclarecerse (La Gaceta; La Gaceta). El propio edificio del TOF ya había sido clausurado preventivamente el 14 de abril por riesgo de incendio y electrocución debido al deterioro de sus instalaciones, un antecedente que la prensa local señala como parte del mismo cuadro de desatención sobre las condiciones de guarda de la prueba judicial (La Gaceta).

Un juicio que se cayó por falta de pruebas

La consecuencia más visible llegó en junio, durante un debate oral por una causa iniciada once años atrás, en 2015, contra un policía de la comisaría 6ª acusado de entregarle a un detenido, a través de la rendija de una celda, una bolsa con 58 pastillas de alprazolam. Al abrirse las audiencias, bajo la presidencia de la jueza Ana Carina Farías y con la participación virtual de Federico Bothamley y Cristina Giordano, el propio tribunal informó que las pastillas ya no existían: se habían perdido durante la limpieza del subsuelo, sin que quedara más que un acta de constatación (La Gaceta).

El fiscal general subrogante Pablo Camuña recusó al tribunal por haber sido uno de sus propios integrantes quien ordenó la limpieza que derivó en la pérdida, pero la recusación fue rechazada. Sin la prueba material, terminó desistiendo de la acusación. "La frustración del proceso en este caso está atravesada por la desaparición de evidencia que se encontraba judicializada en una causa penal pendiente. Esto es bajo tutela del tribunal. El Tribunal aún no nos dice qué se destruyó, cuándo se destruyó, cómo se destruyó, en qué causa estaban", planteó el fiscal (La Gaceta). Y agregó: "Nosotros entendemos que esto es grave, un hecho excepcionalmente grave (...) que limita al Ministerio Público Fiscal en la posibilidad de sostener válidamente una posición y eso es muy grave" (La Gaceta).

Giordano admitió el desistimiento fiscal, sobreseyó al imputado y, a pedido de la propia fiscalía, resolvió remitir todas las actuaciones a la Cámara Federal de Casación Penal y al Consejo de la Magistratura de la Nación "a fin de que haya algún tercero que pueda determinar si se han verificado en el caso acciones o actividades que sean de competencia de esos órganos" (La Gaceta). Camuña fue explícito sobre el riesgo de que el precedente se repita: "esto es grave, un hecho excepcionalmente grave y (...) probablemente lo sea en otras causas también, que limita al Ministerio Público Fiscal en la posibilidad de sostener válidamente una posición" (La Gaceta), en referencia a todas las causas cuya prueba física pasó, en algún momento, por ese mismo subsuelo sin inventario verificable.

La denuncia de Elías de Pérez llega al Consejo

Tras conocerse públicamente el episodio, la senadora nacional Silvia Elías de Pérez presentó una nota formal ante el presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, pidiendo que se investigara la presunta pérdida y destrucción de elementos bajo custodia del TOF. "Si se pierde una prueba judicial, pierde la Justicia. Y cuando pierde la Justicia, perdemos todos los ciudadanos que esperamos respuestas y verdad de los tribunales", sostuvo la legisladora, quien remarcó que "la custodia de la prueba es una de las bases sobre las que se sostiene cualquier proceso judicial" (La Gaceta).

Esa presentación dio origen al expediente 99/2026, que la Comisión de Disciplina trató este 19 de agosto bajo el punto 15 de su orden del día, y cuyo trámite continúa ahora con el pedido de informes a la Cámara Federal de Tucumán.

Quiénes son los tres jueces bajo la lupa

Ninguno de los tres magistrados alcanzados por el expediente 99/2026 es juez natural del TOF de Tucumán. Los tres actuaban como subrogantes en un tribunal que llevaba años sin vocales propios: la acefalía se abrió con las jubilaciones de Gabriel Casas y Alicia Noli y el fallecimiento de Carlos Jiménez Montilla, y obligó a cubrir las tres vocalías con jueces prestados de otras provincias, que debían coordinar agendas con sus tribunales de origen y sostener a distancia debates por narcotráfico, trata, corrupción y lavado (Tendencia de Noticias; Contexto Tucumán). Esa fragilidad estructural es el telón de fondo de lo que ocurrió en el subsuelo de Crisóstomo Álvarez y Chacabuco.

Ana Carina Farías presidió el debate en el que se anunció que las 58 pastillas ya no existían. Su carrera nació dentro de la Justicia Federal santiagueña: antes de ser jueza trabajó en la Secretaría de Derechos Humanos del juzgado de su cuñado, el juez federal Guillermo Molinari, tío de la ex gobernadora y actual senadora Claudia Ledesma Abdala y tío político del también senador Gerardo Zamora, la pareja que gobernó Santiago del Estero durante veinte años (La Política Online). Visión Santiagueña describió ese juzgado como un caso extremo de nepotismo —una hija, dos yernos, un sobrino y amigos del juez en la planta— y contó que a Farías la apodaban "La Dueña" (Visión Santiagueña). Farías asumió como jueza del TOF de Santiago del Estero en diciembre de 2023, por decreto 634/2023 (Nuevo Diario Web). Según la denuncia por la pérdida de pruebas, el prosecretario García viajó a Santiago del Estero para advertirle a ella y a Bothamley lo que estaba pasando en el subsuelo tucumano (Contexto Tucumán).

El cuestionado Juez Federal de Santiago del Estero Guillermo Molinari y su cuñada, Ana Carina Farías hoy sindicada por destruir pruebas en el TOF Tucumán. FOTO: Visión Santiago.

Federico Bothamley es el más antiguo de los tres en el fuero: titular del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero, con más de una década de sentencias firmadas, entre ellas megacausas de lesa humanidad ventiladas en Tucumán (MPF; MPF). Su nombre no figura en la orden de limpieza del subsuelo, pero sí en el viaje de advertencia del prosecretario a Santiago del Estero: según ese relato, el aviso llegó antes de que la prueba desapareciera (Contexto Tucumán).

Cristina Giordano llegó desde Córdoba a comienzos de mayo y fue quien dispuso el vaciamiento. Es vocal del Tribunal Oral Federal N° 3 de Córdoba, un tribunal creado por ley que recién pudo integrarse en noviembre de 2023 —cuatro años después de su creación y no sin ruido, ya que uno de los tres jueces designados, Ángel Andreu, declinó el cargo antes de asumir (Perfil Córdoba). En Tucumán, según la denuncia, no solo desoyó la advertencia sobre las pruebas: cuando el secretario Del Sueldo Padilla ordenó formar un expediente administrativo para dejar constancia de lo que estaba ocurriendo, la magistrada habría tomado la carátula del sumario y la habría roto (Contexto Tucumán).

Ese esquema de subrogancias empezó a desarmarse recién ahora, y demasiado tarde para las pruebas del subsuelo. A fines de julio, los decretos 631/2026 y 640/2026, firmados por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, oficializaron las designaciones de Ángel Roger Luna Roldán y Pablo Roberto Toledo como jueces de cámara del TOF de Tucumán, tras el acuerdo del Senado. Ambos juraron el viernes 31 de julio en la sede del tribunal, con lo que quedaron cubiertas dos de las tres vocalías y una sola vacante pendiente (Los Primeros TV; Contexto Tucumán). Recién entonces el tribunal donde desaparecieron las pruebas volvió a tener jueces propios.

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