"Sin duda": el Gobierno de Milei admite que desvía fondos de Vialidad para sostener el superávit fiscal

La gestión de Javier Milei sumó un nuevo foco de conflicto tras la confirmación oficial de que fondos específicos para infraestructura vial están siendo redirigidos hacia el Ministerio de Economía. El vocero presidencial, Adrián Ravier, admitió que los recursos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL), un fideicomiso que se nutre del impuesto a los combustibles con el fin exclusivo de mantener y construir rutas, se destinan a las arcas de la cartera de Luis Caputo.

Al ser consultado sobre este desvío, Ravier declaró: "Sin duda, una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja que heredamos". Según los datos disponibles, de un total recaudado de 1,5 billones de pesos, el Ejecutivo apartó aproximadamente un billón para estos fines financieros, ejecutando apenas una cuarta parte de los fondos para su objetivo original.

Para Tucumán, esta política de retención tiene consecuencias tangibles en el asfalto. La provincia cuenta con 575 kilómetros de rutas nacionales, lo que representa el 1,43% de la red vial de todo el país. Bajo un criterio de proporcionalidad, la Nación mantiene retenidos cerca de 14.859 millones de pesos que deberían haber sido invertidos en los caminos tucumanos.

La situación es extensiva a toda la región: para el Noroeste Argentino (NOA), que incluye también a Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Catamarca, la cifra de fondos no ejecutados trepa a los 160.760 millones de pesos. Mientras estos recursos permanecen inmovilizados, el diagnóstico sobre el terreno es alarmante. Un relevamiento de Vialidad Nacional advierte que el 60% de los kilómetros evaluados en Tucumán está en estado "malo", con rutas estratégicas como la 9 y la 34 acumulando reclamos constantes de transportistas y usuarios.

La controversia ha derivado en presentaciones judiciales que denuncian una "mesa de dinero" con fondos públicos. De acuerdo con una denuncia penal presentada por la diputada Victoria Tolosa Paz, el dinero recaudado para las rutas fue inmovilizado en instrumentos como plazos fijos en el Banco Nación y Letras del Tesoro (LECAP y LECER). La legisladora sostiene que se priorizó la especulación financiera sobre la seguridad vial, en un contexto donde la red nacional exhibe un "deterioro calamitoso".

En esta misma línea, el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, cuestionó duramente la maniobra a través de sus redes sociales: "el impuesto para las rutas no se gasta en las rutas, se invierte en plazos fijos y títulos para sostener el 'equilibrio fiscal'. Se guardaron 1 billón de pesos, un 1 seguido de doce ceros".

El devenir judicial ya registra antecedentes contra esta práctica. El 31 de julio, el Juzgado Federal de Venado Tuerto hizo lugar a un amparo por el mal estado de las rutas nacionales 7, 8 y 33 en Santa Fe. En dicho fallo, el juez Aurelio Cuello Murúa determinó que la falta de mantenimiento no responde a una falta de recursos económicos, sino a una "omisión deliberada de autorizaciones presupuestarias" por parte del Ministerio de Economía y la Secretaría de Transporte.

Pese a que el SISVIAL fue creado por exigencia del Banco Mundial para evitar que el impuesto a los combustibles se desviara a gastos corrientes, la actual administración ha profundizado la subejecución. Mientras el Gobierno nacional avanza en un esquema de concesiones privadas bajo el argumento de que el mantenimiento no debe recibir subsidios del Tesoro, los fondos que los usuarios ya pagaron en el surtidor siguen sin llegar a las rutas de Tucumán.