El Tribunal de Cuentas impugnó un pago de la Caja Popular por más de $300 millones al abogado porteño de Cisneros por gestiones que son gratuitas y virtuales

El Tribunal de Cuentas de Tucumán (TC), a través del Acuerdo N° 2855, puso bajo la lupa una escandalosa y nueva trama administrativa de la gestión comandada por el empresario de medios y diputado nacional, Carlos Cisneros, de la Caja Popular de Ahorros (CPA). La investigación ratifica la "declaración de nulidad absoluta e insanable" de la contratación del estudio jurídico porteño Saravia Frías Abogados S.C., un vínculo que nació viciado y que drenó fondos públicos de manera sistemática bajo una apariencia de legalidad que en la actualidad se desmorona.

La nulidad absoluta de este vínculo no responde a un solo error, sino a una acumulación de vicios graves que el organismo de control ordenó en cuatro ejes fundamentales. Primero, se detectó una flagrante falta de representación e incompetencia orgánica: los funcionarios que suscribieron el contrato, específicamente el Gerente General Interino y el Sub-Interventor, carecían de facultades legales para obligar a la institución en un acto de tal magnitud, una prerrogativa reservada exclusivamente a la máxima autoridad previo dictamen de control. Al arrogarse estas funciones, los agentes viciaron el elemento esencial de "competencia", lo que convierte al acto en algo inexistente para el derecho.

En segundo lugar, se determinó la improcedencia de la contratación directa. La normativa exige que la licitación pública sea la regla, pero en este caso no hubo urgencia ni exclusividad técnica que justificara saltearse los procedimientos competitivos. El expediente ni siquiera contó con un presupuesto base; se inició directamente con la oferta del estudio jurídico, funcionando como un contrato de adhesión donde el Estado aceptó todas las condiciones impuestas por el privado. Además, se intentó eludir el control preventivo del Tribunal de Cuentas al calificar internamente el gasto como "operativo", una maniobra que el Tribunal calificó de inaceptable, recordando que la naturaleza pública de los fondos es inalterable por más que se cambie su registro contable.

La justificación oficial que esgrimió el entonces interventor José César Díaz para avanzar con esta contratación directa fue la supuesta necesidad de contar con un "asesoramiento jurídico y estratégico" en la Ciudad de Buenos Aires, específicamente para gestionar asuntos complejos ante el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Según consta en el expediente administrativo, el trámite se inició formalmente el 10 de diciembre de 2024, el mismo día en que Díaz dejó constancia de haber tomado "contacto personal" con los integrantes del estudio, al que calificó en los documentos como un "prestigioso bufete" que es encabezado por Bernardo Saravia Frías, exProcurador del Tesoro de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri y reconocido por su rol protagónico a nivel internacional al comandar la estrategia de defensa jurídica de la Argentina en el millonario litigio por la estatización de la petrolera YPF ante los tribunales de Nueva York. El objetivo central de este millonario vínculo era procurar que se dejara sin efecto una multa de $108.000.000 impuesta por el organismo rector financiero; sin embargo, la maniobra quedó expuesta cuando la auditoría comprobó que dicha sanción ya había sido cancelada por la propia Caja Popular antes siquiera de que los abogados porteños iniciaran su supuesta labor de defensa.

Bernardo Saravia Frías el día que juró como Procurador del Tesoro de la Nación en 2017. Foto Casa Rosada.-

Millones a cambio de nada: los costos injustificados del estudio

El aspecto más alarmante de la auditoría del TC reside en la desproporción y falta de causa de los pagos efectuados, que totalizan la suma de $300.306.456,75. La Caja Popular calificó estas erogaciones como destinadas a una "actividad judicial inexistente, superpuesta y/o de imposible cumplimiento". El estudio fue contratado para impugnar una multa de $108.000.000 que el Banco Central (BCRA) le había impuesto a la Caja, pero se descubrió que dicha multa ya había sido pagada por la institución antes de que el estudio iniciara su supuesta labor. Como resultado, los honorarios pactados en dólares terminaron siendo sustancialmente superiores al monto de la sanción que supuestamente debían mitigar.

La auditoría también detectó que se cobraron costos por gestiones ante el BCRA vinculadas a servicios de pago (PSP y PSC) con valores horarios cinco veces superiores a los del propio sumario. Sin embargo, información oficial del Banco Central confirmó que estos trámites son gratuitos, virtuales y no requieren presencia física en Buenos Aires. A esto se suma una "superposición notable" con el trabajo de otro abogado, el Dr. Fernando Maresca, quien ya prestaba los mismos servicios, pero por honorarios que eran ínfimos en comparación con los "exorbitantemente superiores" que se le reconocieron a Saravia Frías sin que exista una sola constancia de que este último estudio haya realizado una intervención real o útil. Incluso en los gastos de logística se detectaron irregularidades: de los más de $7 millones liquidados por traslados y viáticos, facturas por un valor de $3.087.912,08 simplemente no obran en el expediente.

Captura de la web del "prestigioso bufete" de abogados de la Ciudad de Buenos Aires.- 

El "portazo" de Saravia Frías: la contraofensiva mediática del estudio

A mediados de julio de este año, en medio del avance de las investigaciones del TC, el Dr. Bernardo Saravia Frías presentó su renuncia "indclinable" a la representación de la Caja ante el BCRA. A través de una carta dirigida al gobernador Osvaldo Jaldo y al interventor Guillermo Norry, el bufete alegó una supuesta parálisis de directivas y deudas en sus honorarios por parte de la nueva gestión. Esta versión de los hechos fue difundida por el portal Enterate Noticias —un medio de comunicación cuyo dueño es diigente sindical y diputado de l Nación Carlos Cisneros—, el cual calificó la labor del estudio como un "éxito rotundo" por haber logrado el registro de la "Red de Pagos CPA S.A.U." como Proveedor de Servicios de Pago (PSP).

Sin embargo, esta narrativa de "eficiencia" colisiona de frente con los hallazgos de la auditoría del Tribunal de Cuentas. Mientras el medio ultracisnerista destacaba la "reconversión operativa" lograda por el prestigioso exprocurador macrista, el organismo de control provincial demostró que esos mismos trámites ante el BCRA son, en realidad, gratuitos, virtuales y de libre acceso, desnudando que se pagaron fortunas por gestiones que no requerían honorarios profesionales de tal magnitud. Lejos del éxito alegado en la prensa cisnerista, el TC fue tajante al calificar la labor del bufete como una "actividad judicial inexistente", vinculada a una multa que la Caja ya había pagado antes de que el estudio porteño siquiera fuera contratado.

La nota de Enterate, el mediocisnerista, elogiando y lamentando la renuncia del estudio de abogados porteño que le costó a los tucumanos más de $300 millones.- 

La gestión del ultracisnerista José César Díaz y su cuestionada designación

Toda esta arquitectura contractual se montó bajo la mirada del entonces interventor de la CPA, José César Díaz, que fue puesto en el cargo por recomendación del ahora magnate de medios Carlos Cisneros, que durante una entrevista en uno de sus shows, confesó que él mismo recomendó al por entonces gobernador Juan Manzur para contratar a Díaz y ponerlo al frente de la entidad provincial.

"Manzur me convoca porque sabía que a Díaz lo había recomendado yo en la caja, y me dice que él se había comprometido con la iglesia, que dos plataformas de apuestas deportivas eran mucho y suficiente para Tucumán, que no se debía autorizar más."

El Avispero · 15/06/2026 

Fue el propio Díaz, el 10 de diciembre de 2024, quien instruyó directamente a la Gerencia General para contratar al que denominó como un "prestigioso bufete", tras haber tomado contacto personal con ellos. La figura de Díaz está hoy en el centro de la tormenta no solo por este contrato, sino por las irregularidades detectadas en su propia carrera dentro del organismo. Su designación en planta permanente como Subgerente General Adscripto (Nivel 3) —firmada por el entonces subinterventor y ahora legislador Hugo Ledesma— fue declarada nula por considerarse una "desviación de poder". Según las investigaciones, ese nombramiento buscaba asegurarle estabilidad administrativa una vez que cesara su rol político, utilizando una "licencia política" para mantener el cargo inactivo pero reservado.

Además, el Tribunal de Cuentas sospecha de fraude en sus licencias médicas: Díaz percibió su salario completo por una licencia psiquiátrica de largo tratamiento mientras, simultáneamente, ejercía la abogacía de forma privada patrocinando causas como la tutela de censura promovida por las hijas del diputado Carlos Cisneros contra eltucumano.com.

Carlos Cisneros y José Díaz en los días que manejaban la Caja Popular de Ahorros. Al lado de ambos, Cecilia Sánchez Blas, secretaria general del gremio La Bancaria Tucumán.- 

Ante este escenario de posible perjuicio fiscal, la actual intervención de la Caja Popular ordenó la instrucción de una Información Sumaria para determinar las responsabilidades disciplinarias internas. Por su parte, el Tribunal de Cuentas fue tajante: la toma de conocimiento de la nulidad no implica aprobar los pagos ya hechos. El organismo exigió que, una vez concluida la investigación interna, se le remitan todas las pruebas, incluyendo el detalle de cada funcionario que autorizó, certificó y efectivizó las erogaciones, para iniciar los juicios de responsabilidad patrimonial que correspondan y recuperar el dinero de todos los tucumanos.

Los vínculos del cisnerismo con el estudio Saravia Frías Abogados salieron de los límites de la Caja Popular, a través de un puente clave de su estructura: la abogada Patricia Neme. Neme, quien se desempeña como jefa de la Asesoría Letrada de la CPA, es también la representante legal del Club Banco Provincia —entidad presidida por el propio Carlos Cisneros— en una millonaria demanda contra la empresa TRANSNOA, el ENRE y el Estado Nacional por la instalación ilegal de torres de alta tensión que, según la letrada, emiten compuestos tóxicos como el PCB. En esta causa, Neme actúa en sociedad con el Dr. Bernardo Saravia Frías, el mismo abogado cuyo contrato con la Caja fue recientemente anulado, evidenciando una estructura jurídica que defiende los intereses privados del círculo del diputado nacional mientras sus integrantes ocupaban cargos estratégicos de control dentro de la institución pública.

En diciembre de 2025, el jurista porteño intervino activamente en el proceso contra el titular del Ministerio Público Fiscal de Tucumán, Edmundo “Pirincho” Jiménez, al presentar un escrito que respaldaba el pedido de su juicio político en pleno escándalo de la causa Vélez, que finalmente no prosperó.

El accionar de Neme también fue objeto de severas observaciones por parte del Tribunal de Cuentas, que detectó una conducta idéntica a la de José César Díaz: la abogada gozó de una licencia psiquiátrica remunerada de sesenta días en la Caja Popular mientras, simultáneamente, ejercía la abogacía privada. Durante este periodo de supuesta incapacidad, Neme enfrentó una imputación en el fuero federal por presunta instigación al falso testimonio en la causa de los jugadores de Vélez Sarsfield, una investigación que derivó en un pedido de desafuero para el propio Cisneros por estar denunciado por trata de personas.Esta dualidad funcional refuerza la hipótesis de una "desviación de poder" destinada a financiar, con fondos del erario público, la defensa y los intereses particulares del universo empresarial y político que maneja Carlos Cisneros.

Enterate dejó en claro los vínculos del cisnerismo con el estudio de abogados que prestaba servicios a la Caja Popular.-

A continuación, el Acuerdo 2855 del Tribunal de Cuentas: