De qué trata el programa de incentivos fiscales que ya rige en Tucumán
Con el objetivo de atraer capitales y fomentar el empleo local, la provincia implementa un régimen que otorga estabilidad fiscal por diez años y exenciones impositivas de hasta el 100% para proyectos productivos y turísticos.
Imagen ilustrativa.-
El Gobierno de Tucumán puso en marcha de manera oficial el Régimen de Incentivos para Inversiones y Creación de Empleo, una herramienta estratégica diseñada para dinamizar la economía regional que busca no solo la radicación de nuevos emprendimientos, sino también la expansión de inversiones ya existentes en el territorio provincial.
El programa se sustenta en un marco legal sólido, apoyado en las leyes provinciales N° 9.911 y N° 9.962, junto con sus respectivos decretos reglamentarios. El corazón de esta medida es ofrecer un horizonte de previsibilidad a los inversores, garantizando estabilidad fiscal por un plazo de diez años a partir de la aprobación de cada proyecto.
Beneficios impositivos escalonados
Uno de los pilares más atractivos del régimen es la exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la cual se aplica de forma proporcional al capital invertido. Las empresas que realicen inversiones a partir de un millón de dólares pueden acceder a descuentos que comienzan en el 25% y alcanzan la exención total del 100% para aquellos desembolsos que superen los 20 millones de dólares.
Para las firmas que ya operan en la provincia y decidan ampliar sus instalaciones o iniciar nuevas actividades, el beneficio se calculará específicamente sobre el incremento de la inversión y los ingresos generados por dicha expansión. Además, el esquema incluye incentivos directos para la contratación de personal, permitiendo deducir del Impuesto para la Salud Pública las remuneraciones de los nuevos trabajadores incorporados.
Requisitos y sectores alcanzados
Para acceder a estos beneficios, los interesados deben cumplir con una serie de condiciones estrictas, que incluyen la presentación de un proyecto aprobado, una inversión mínima certificada de un millón de dólares y la creación de puestos de trabajo con mano de obra local. Asimismo, las empresas deben mantener al día sus obligaciones tributarias provinciales. Una vez aprobado el proyecto, los inversores cuentan con un plazo máximo de doce meses para ejecutar las obras, aunque se contemplan prórrogas en casos debidamente justificados.
La versatilidad del régimen es amplia, cubriendo sectores que van desde la agricultura, la ganadería y la minería, hasta la industria textil, metalmecánica y alimenticia. También se incluyen actividades de servicios como el desarrollo de software, la logística, el turismo, la salud y la educación, lo que demuestra una apuesta por la diversificación de la matriz productiva tucumana.
La autoridad de aplicación de este régimen es el Ministerio de Economía y Producción, que opera a través de la Dirección de Industria y Comercio Exterior y la Dirección General de Rentas. Las autoridades han advertido que el incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos provocará la pérdida automática de los beneficios otorgados, asegurando así que el incentivo cumpla efectivamente con su fin de generar crecimiento y empleo registrado para los tucumanos.
