"Víctimas de segunda categoría": el reclamo de un padre tucumano ante el hostigamiento de su exesposa

En una entrevista brindada a FM La Tucumana 95.9, el abogado Gonzalo Ascárate detalló el derrotero procesal de un ingeniero agrónomo que, pese a tener la custodia de sus hijos por la violencia ejercida por su exesposa, sufrió meses de hostigamiento y agresiones antes de obtener una medida de detención. El letrado cuestionó el sesgo de género en los tribunales y el archivo sistemático de las denuncias presentadas por su cliente.

El conflicto, que tomó relevancia pública tras un año de presentaciones judiciales, se originó luego de un divorcio en el que la justicia civil otorgó la tenencia exclusiva de tres menores al padre, una decisión que Ascárate calificó como "bastante singular, como también sorpresiva estadísticamente", motivada por la violencia de la progenitora hacia los niños. Según el abogado, desde ese momento se inició un ciclo de agresiones y desobediencias a las órdenes perimetrales por parte de la mujer.

Ascárate explicó que, a pesar de las pruebas, el sistema penal actuó inicialmente como un obstáculo. "Estas desobediencias judiciales han sido denunciadas oportunamente y, así como fueron denunciadas, fueron archivadas por la unidad fiscal de decisión temprana", señaló el profesional, quien criticó que los funcionarios desestimaran los hechos bajo el argumento de que se trataban de cuestiones de familia. Para el defensor, esto constituyó una "falacia argumentativa" porque se trata de un delito autónomo donde la administración de justicia es la perjudicada.

La inacción judicial tuvo consecuencias directas en la escalada de violencia. El abogado sostuvo que, al archivarse las causas, "lo que se ocasionó es que ella se perciba un terreno sumamente fértil para la reiteración de estas conductas que en el grado de agresividad iban en aumento". Ascárate hizo hincapié en un trato desigual por parte de los operadores de justicia basado en el género de la víctima: "Tiene que haber una respuesta responsable por parte de los operadores de Justicia, todos, porque si no, estamos creando una especie de categoría de víctima de primera categoría, víctima de segunda categoría". En ese sentido, fue tajante al comparar la situación con otros casos: "Si un varón hubiese incumplido tantas veces las perimetrales, yo no tengo absolutamente ninguna duda de que no estaría en su casa, estaría en Benjamín Paz".

Uno de los puntos de mayor tensión ocurrió el 20 de abril, cuando la denunciada vulneró la seguridad del domicilio de su expareja. "Ingresó al edificio, lo empezó a agredir a mi asistido dentro de su departamento y le quiso sacar por la fuerza uno de sus hijos", relató Ascárate. Este episodio, sumado al temor constante del denunciante, llevó al abogado a advertir sobre la peligrosidad latente: "Él ya me decía que nunca va a saber si así como se abalanzó le pegó o lo insultó, esta chica le puede asestar una puñalada, puede pegarle un tiro, no hace falta mucha fuerza física".

La situación afectó profundamente el vínculo filial. El letrado reveló que, tras los testimonios recogidos en Cámara Gesell, quedó acreditado que los menores "fueron sujetos pasivos de la violencia materna". Como consecuencia del trauma, Ascárate indicó que "los chicos no la identifican como mamá, como cualquier chico de esa edad podría llamar a su progenitora, sino que la llaman con su nombre propio".

Por último, el abogado se refirió al estado anímico de su cliente, quien durante meses se sintió desamparado por las instituciones. "Él siempre estuvo muy escéptico con las respuestas que la Justicia le daba. Él bregaba inclusive hasta interrumpía a los jueces de alguna manera pidiéndole 'a mí quién me protege'". Actualmente, la mujer cumple prisión domiciliaria, una medida que, según Azcárate, era el paso inevitable ante el fracaso de las restricciones previas: "Si tenemos medidas de menor intensidad y esas no fueron suficientes porque fueron incumplidas, la detención era la consecuencia necesaria para poder averiguar la verdad de los hechos".