Ley de Propiedad Privada: sin apoyo, el Gobierno de Milei retiró el capítulo de la venta de tierras a extranjeros
La Libertad Avanza buscaba subir a 25% el tope a tierras que podían comprar tierras rurales de cada municipio o provincia, pero desistió ante la falta de respaldo de sus potenciales aliados.
Patricia Bullrich, presidenta del bloque de LLA. (Foto: X @PatoBullrich)
El Gobierno de Javier Milei decidió retirar el capítulo para incrementar al 25% el tope de tierras en manos de extranjeros de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Sin apoyo de sus potenciales aliados, La Libertad Avanza desistió de impulsar la desregulación de la venta de tierras a capitales foráneos para evitar una derrota en el Senado en la sesión prevista para este jueves 6 de agosto.
Patricia Bullrich, presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, dio marcha atrás nuevamente luego de que días atrás, acordaron impulsar un tope del 25% cuando la intención inicial de los libertarios era eliminar todo tipo de restricción a la compra de tierras por parte de extranjeros.
Ayer, Bullrich se mostró confiada de poder aprobar el capítulo que establecía que “la titularidad de tierras rurales por personas humanas o jurídicas extranjeras no podrá exceder, en conjunto, el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de la superficie de las tierras rurales de cada provincia”.
Sin apoyo de sus potenciales aliados, el Gobierno libertario decidió retirar ese capítulo por completo del proyecto que se trataría en la sesión prevista para este jueves 6 de agosto. Así, el oficialismo busca evitar otra fuerte derrota en la Cámara alta, en un proyecto que desde Casa Rosada se consideraba estratégico.
Este jueves, el gobernador Osvaldo Jaldo anticipó el voto negativo de las senadoras tucumanas Beatriz Ávila (Bloque Independencia) y Sandra Mendoza (Convicción Federal).
"Yo no puedo opinar por ellas, pero lo que yo sé hasta acá, que estaban decididas a no acompañar ese proyecto de extranjerización de las tierras argentinas, porque yo lo que creo es que la gente puede venir a invertir, lo que no se puede venir a apropiar de nuestras tierras", enfatizó el tranqueño.
Además, sentó posición contundente al respecto: "Yo creo que de ninguna manera tenemos que entregar un metro cuadrado de tierra argentina a los extranjeros, que vengan a invertir, que vengan a producir, pero la tierra es y será de los argentinos que somos los que vivimos en este bendito país".
La Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737) regula y limita la propiedad, posesión o tenencia de campos argentinos por parte de personas o empresas extranjeras.
La normativa vigente tiene por objetivo proteger el dominio nacional sobre los recursos estratégicos y establece los siguientes límites. Hoy, los extranjeros no pueden poseer más del 15% del total de las tierras rurales a nivel país.
Además, ese mismo límite del 15% se aplica de forma individual en cada provincia y departamento. En ese marco, los ciudadanos de una misma nacionalidad no pueden superar el 30% de ese porcentaje total destinado a extranjeros.
Actualmente, un mismo titular extranjero no puede adquirir más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo (la región agrícola más productiva) o su equivalente en otras regiones.
En ese sentido, está estrictamente prohibida la venta de tierras rurales que contengan o sean ribereñas a cuerpos de agua permanentes (ríos, lagos) o ubicadas en zonas de seguridad de frontera.
La Libertad Avanza presentó un nuevo proyecto legislativo que cambia por completo las reglas de juego con el supuesto fin de atraer inversiones extranjeras y desregular el sector agropecuario.
Los libertarios proponen eliminar el límite del 15% nacional y provincial, permitiendo que no haya un techo a la cantidad de suelo en manos foráneas. En medio de las negociaciones, La Libertad Avanza propuso un nuevo límite del 25% buscando sumar adhesiones.
También buscan poner fin del límite de 1.000 hectáreas, derogando la restricción que impedía a un solo titular extranjero concentrar grandes extensiones en la zona más productiva.
El nuevo dictamen prohibía explícitamente que los Estados extranjeros o empresas controladas directamente por gobiernos de afuera compren tierras rurales, una medida apuntada principalmente a frenar el avance de fondos soberanos o estatales.
Ante la falta de apoyo parlamentario, los libertarios decidieron eliminar ese capítulo de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.







