La tucumana Sandra Mendoza adelantó que votará en contra de la Ley de Tierras que impulsa Milei

La senadora nacional por Tucumán Sandra Mendoza anticipó que votará en contra del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el Gobierno de Javier Milei, la llamada Ley de Tierras. La parlamentaria oriunda de Famaillá se pronunció en las redes sociales en contra de la eliminación de los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros.

El Bloque Convicción Federal que Sandra Mendoza integra con Carolina Moisés (Jujuy) y Guillermo Eduardo Andrada (Catamarca) se pronunció en contra del proyecto de Ley de Tierras que los libertarios llevarán al recinto este jueves. "No a la extranjerización de tierras", sentenció el bloque en un posteo que fue replicado por la tucumana.

"La soberanía de nuestras provincias se defiende protegiendo los recursos que motorizan el desarrollo nacional. La tierra no es un activo financiero: es el motor del arraigo y la base de nuestra economía regional", planteó Convicción Federal, luego de que La Libertad Avanza propuso elevar el límite de tierras en manos de extranjeros del 15% al 25% buscando apoyo parlamentario.

Desde Convicción Federal alertaron que "entregar el control de los recursos estratégicos a grandes corporaciones y fondos de inversión externos destruye el federalismo y ahoga a nuestros productores locales", y enfatizaron: "Impulsamos un modelo donde cada hectárea genere empleo genuino y valor agregado para la Argentina".

La Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737) regula y limita la propiedad, posesión o tenencia de campos argentinos por parte de personas o empresas extranjeras.

La normativa vigente tiene por objetivo proteger el dominio nacional sobre los recursos estratégicos y establece los siguientes límites. Hoy, los extranjeros no pueden poseer más del 15% del total de las tierras rurales a nivel país.

Además, ese mismo límite del 15% se aplica de forma individual en cada provincia y departamento. En ese marco, los ciudadanos de una misma nacionalidad no pueden superar el 30% de ese porcentaje total destinado a extranjeros.

Actualmente, un mismo titular extranjero no puede adquirir más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo (la región agrícola más productiva) o su equivalente en otras regiones.

En ese sentido, está estrictamente prohibida la venta de tierras rurales que contengan o sean ribereñas a cuerpos de agua permanentes (ríos, lagos) o ubicadas en zonas de seguridad de frontera.

La Libertad Avanza  presentó un nuevo proyecto legislativo que cambia por completo las reglas de juego con el fin de atraer inversiones extranjeras y desregular el sector agropecuario.

Los libertarios proponen eliminar el límite del 15% nacional y provincial, permitiendo que no haya un techo a la cantidad de suelo en manos foráneas.

También buscan poner fin del límite de 1.000 hectáreas, derogando la restricción que impedía a un solo titular extranjero concentrar grandes extensiones en la zona más productiva.

El nuevo dictamen prohíbe explícitamente que los Estados extranjeros o empresas controladas directamente por gobiernos de afuera compren tierras rurales, una medida apuntada principalmente a frenar el avance de fondos soberanos o estatales.