La Caja Popular rompió el silencio sobre el valijazo de $21 mil millones: "Los empleados no tienen sueldos bancarizados, pero esto no significa justificar las operaciones"

En el marco de los festejos por los 111 años de la Caja Popular de Ahorros, su interventor, el contador Guillermo Norry, brindó una extensa entrevista a FM La Tucumana 95.9 donde abordó los temas más espinosos que atraviesan a la institución tras la salida de la exintervención cisnerista de José Díaz. Tras calificar a la entidad como "una de las últimas joyas de la abuela que no fue privatizada", Norry rompió el silencio sobre el escándalo por la extracción millonaria de efectivo de las cuentas de la CPA en el Banco Macro.

Según el exinterventor de Juan Bautista Alberdi, el foco de la gestión está puesto hoy en el requerimiento del Banco Central sobre el movimiento de 21.000 millones de pesos que salieron por ventanilla del Banco Macro. "A nosotros nos llegó la notificación de este tipo de operatorios", explicó Norry, detallando que la CPA es un ente descentralizado donde existen funciones delegadas que posibilitan este tipo de movimientos. Ante la magnitud del hecho, el interventor fue tajante: "Le hemos pedido al banco Macro que nos dé toda la información referida a estos movimientos con precisión y hemos dado paso a la fiscalía para que investigue".

Esta cifra, equivalente a unos 17 millones de dólares, no tiene hasta hoy un registro oficial de quiénes fueron los destinatarios finales. Los tres primeros trimestres —más de $17.370 millones, el 82 por ciento del total— transcurrieron íntegramente bajo la gestión cisnerista de Díaz. El cuarto, en cambio, corresponde a la actual intervención.  

A través de la resolución de Intervención N° 466/26, el gerente general de la Institución financiera y crediticia Pablo Díaz Sánchez respondió oficialmente al requerimiento del Banco Central, el 5 de junio de 2026 vía mail oficial de la institución, que esas extracciones "corresponden al pago de haberes del personal de la Institución, conforme la modalidad operativa habitual que se usa para el pago de sueldos", y que "la totalidad de las erogaciones se encuentran debidamente respaldadas con la documentación contable y administrativa correspondiente".

Sobre esta justificación, Norry reveló que "los empleados de la CPA no tienen sueldos bancarizados; se les pagan en efectivo; algunos premios se los pagan en efectivo". Si bien aclaró que esto "no significaba ningún punto de vista justificar las operaciones, pero podría serlo", confirmó que están realizando una auditoría y una investigación administrativa para deslindar responsabilidades, ya que la mayoría de las operaciones corresponden a gestiones pasadas. "La primera decisión que he tomado en lo personal es que mi sueldo sí esté bancarizado", sentenció.

Los seguros fantasmas de los jugadores de San Martín

En febrero de 2019, cuando San Martín de Tucumán era conducida por Roberto Sagra, el volante Adrián Arregui recibió un golpe en el ojo derecho durante un partido ante Belgrano de Córdoba. Continuó su carrera. Fichó por Alianza Lima. Jugó la Copa Libertadores. En octubre de 2023 presentó una demanda laboral contra la CPA reclamando daños por incapacidad derivada de aquella lesión.

El estudio Iezzi y Varone Asociados, contratado por la gestión anterior para defender a la institución ante el Tribunal del Trabajo de Quilmes N° 3, no contestó la demanda. No planteó incompetencia de jurisdicción. Explicó la omisión como un "error involuntario". El interventor Norry lo calificó de "muy raro e irregular". Ese error dejó a la CPA en indefensión total ante un juicio que sus propios técnicos ya proyectaban en hasta $1.400 millones cuando Neme recibió el expediente en diciembre.

El 13 de marzo de 2026, cuarenta y siete días después de que Mirkin firmara su declaración jurada, la Gerencia Departamento Asegurador —Albornoz, Concilio, Gómez y Leiro— le envió al Sub Asesor Letrado Dr. Luis Alejandro Medina un diagnóstico sin atenuantes: "Estamos frente a una sentencia CONDENATORIA INMINENTE en primera instancia de más de $450.000.000 a cargo de Caja Popular, y con la seguridad de la apelación por parte de la actora generando más intereses y con alta probabilidad de que Cámara aplique RIPTE + tasa activa ($1.200.000.000 / $1.400.000.000)". La Gerencia sabía que Arregui no figuraba en la nómina de afiliados. Tenía la declaración de Mirkin desde el 26 de enero. Aun así, su recomendación formal fue conciliar por no menos de $450 millones, en cuotas. Y la sugerencia más elocuente del documento: preparar "las previsiones pertinentes y necesarias para el ofrecimiento de embargo voluntario y/o sustitución de embargo ante una eventual sentencia de condena", para evitar la inmovilización de dineros operativos de la institución.

Sobre este escandaloso caso, el interventor Guillermo Norry fue consultado por FM La Tucumana 95.9 y afirmó: "No queremos entrar en ninguna casa bruja, pero tampoco queremos ser corresponsables de ninguna situación que perjudica el patrimonio público; no lo vamos a permitir". Sobre el estudio de abogados Iezzi y Varone Asociados, que debía defender a la Caja, el interventor expresó su asombro: "Llama la atención que este estudio haya, con tanta liviandad, declarado que se pasaron los tiempos, que no pudieron acudir en tiempo y forma la defensa".

"Hay varias cuestiones porque hay un grupo médico que también es el que lo califica sin haberlo examinado. A Arregui le da el grado de enfermedad profesional, sin embargo, siguió jugando, jugó la Copa Libertadores. Actualmente es el capitán de Temperle y años después se ve que está en impecables condiciones. Eso a nosotros nos despierta sospecha...", acusó.

Los negocios de Carlos Cisneros con el Hipódromo de Tucumán 

El pasado 23 de junio, eltucumano.com documentó que el diputado nacional y líder sindical, Carlos Cisneros, posee una empresa llamada Emprendimientos Argentinos SAS, de la que es socio único, creada en 2022 con la facultad estatutaria de "designar agentes y permisionarios para la comercialización de los juegos del Hipódromo de Tucumán" con autorización de la Caja Popular.

"Esto ha sido una información que nosotros hemos tomado por los medios; por eso hemos resuelto separar el Hipódromo de la parte de juego. El hipódromo lo hemos afectado directamente a esta intervención y hemos nombrado un gerente (Marcelo Moreno) y estamos haciendo la auditoría correspondiente para ratificar eso porque no queremos de alguna manera tomar decisiones ni tomar declaraciones sobre algo que no constatemos efectivamente".

En el plano político y de control del juego, Norry marcó distancia de Cisneros. "Con el diputado yo no tengo una relación personal, quizás tenemos una mirada distinta en la gestión de la CPA". Asimismo, ratificó la nulidad de la designación de José Díaz como jefe jurídico, argumentando que "un su interventor sin facultades lo había nombrado", incurriendo en un vicio de nulidad administrativa que derivó en otra denuncia penal tras una presentación del Tribunal de Cuentas.

Finalmente, Norry destacó el rol social de la institución y su presencia en el interior, señalando que "esta intervención camina en la provincia permanentemente. Eso es también darle transparencia porque charlamos con la gente" y afirmó que su gestión tiene la mira puesta en modernizar la entidad y competir en el mercado de billeteras virtuales.