Con la ausencia de Jaldo, la Caja Popular de Ahorros celebró sus 111 años en medio del escándalo por el desfalco de $21 mil millones en efectivo de sus cuentas

El gobernador Osvaldo Jaldo fue el gran ausente en el acto oficial por el 111º aniversario de la fundación de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán, en pleno escándalo el "valijazo" que denunció eltucumano.com, es decir el desfalco de más de $21.000 millones retirados en efectivo de sus cuentas en el Banco Macro durante la administración cisnerista pero que también alcanza la gestión de los interventores Guillermo Norry y Antonio Bustamante, quiénes justificaron las extracciones como el "pago de haberes del personal conforme la modalidad operativa habitual". "Por un error de ceremonial de la Caja" no se habría cursado invitación formal al mandatario, quien estuvo esta mañana supervisando las obras de ampliación del Aeropuerto Benjamín Matienzo.

"[Las extracciones en efectivo y por ventanilla de $21.105 millones de pesos] corresponden al pago de haberes del personal de la Institución, conforme la modalidad operativa habitual que se usa para el pago de sueldos […] la totalidad de las erogaciones se encuentran debidamente respaldadas con la documentación contable y administrativa correspondiente", respondió el gerente general de la Caja Popular de Ahorros, Pablo Díaz Sánchez el 5 de junio de 2026, ante el requerimiento Anti Lavado del Banco Central de la República Argentina cursado del 18 de mayo.

Por imperio del artículo 38, inciso d), de la Resolución N° 14/2023 de la Unidad de Información Financiera, el Banco Central intimó a la Caja Popular a justificar, trimestre por trimestre, los más de $21.105 millones —unos 17 millones de dólares al cambio oficial de cada trimestre— que habían salido en efectivo por su ventanilla entre abril de 2025 y marzo de 2026: beneficiario, clave tributaria, motivo y respaldo de cada extracción.

La propia intervención de la Caja Popular reconoce en su Resolución de Intervención N° 466/26 que el gerente general de la Institución financiera y crediticia Pablo Díaz Sánchez respondió oficialmente al requerimiento del Banco Central, el 5 de junio de 2026 vía mail oficial de la institución, que esas extracciones "corresponden al pago de haberes del personal de la Institución, conforme la modalidad operativa habitual que se usa para el pago de sueldos", y que "la totalidad de las erogaciones se encuentran debidamente respaldadas con la documentación contable y administrativa correspondiente".

En ese contexto, y por un supuesto "error de ceremonial de la Caja Popular", el gobernador se ausentó este lunes 13 de julio del acto oficial por 111º aniversario de la CPA, donde el Poder Ejecutivo estuvo representado por el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad. Con la presencia de interventores, gerentes y empleados de la institución, se realizó un homenaje al Dr. Ernesto Padilla, fundador de la institución, y se inauguró el Museo de Caja Popular en el Salón San Martín.

El gerente cisnerista Pablo Díaz Sánchez fue recontratado por la intervención jaldista de Norry y Bustamante y percibe un sueldo de $9.023.252 del erario público. En su respuesta al BCRA, calificó el denominado "valijazo" que denunció eltucumano.com como una "modalidad operativa habitual" y sostuvo que se trataba de sueldos, cuando todos los empleados de la Caja están bancarizados.

La masa salarial es el gasto más previsible de una organización: se repite mes a mes con variaciones mínimas —del orden del 5 al 10 por ciento— y sólo se duplica en los meses de aguinaldo, que agrega medio sueldo, no cinco veces la nómina. El efectivo de la Caja retirado muestra exactamente lo contrario: entre un trimestre y el siguiente cae un 80% y después se multiplica casi por cuatro.

Medida con la vara que usa cualquier auditor —el coeficiente de variación, que mide cuánto se dispersa una serie respecto de su promedio—, esta ronda el 50 por ciento: cinco veces la volatilidad que toleraría una nómina real. Lo que la contabilidad ya dice es que la explicación de los "sueldos" de que dio el Gerente General no explica nada.El efectivo no se comporta como una nómina: cae a menos de un quinto en el segundo trimestre y rebota casi al cuádruple en el tercero. Fuente: requerimiento del Banco Macro (Legajo 9492).

El 3 de julio de 2026, a pocas horas de que este medio publicara el "valijazo", el interventor Norry, con acuerdo del subinterventor Antonio Bustamante, dictó la Resolución de Intervención N° 466/26 (Expediente N° 2.779/360/2026) y dispuso lo contrario de lo que la Caja venía sosteniendo: la suspensión inmediata de toda extracción de dinero por ventanilla y de todo retiro en efectivo; la instrucción de una Información Sumaria para determinar la posible comisión de faltas e irregularidades en esas operatorias; la designación de dos instructores sumariales —el doctor Antonio Ricardo Chebaia y el señor Juan Carlos Ovejero—; y la formulación de una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal para que se investigue "la posible comisión de un delito contra la administración pública provincial".

Entre la respuesta del 5 de junio —"eran sueldos, todo respaldado"— y la denuncia del 3 de julio —"un posible delito contra la administración pública"— hay veintiocho días y una sola diferencia: en el medio, la publicación.

El mismo día de la publicación de eltucumano, la intervención se apoyó en su área legal, que por el Dictamen N° 1.514 observó —recién entonces, el 3 de julio— que el gerente general interino "brindó respuesta directa —vía correo electrónico— el 05.06.2026 omitiendo la intervención a los órganos de administración y gobierno de la Institución, manifestando de manera escueta que los fondos extraídos corresponden al pago de haberes del personal".

La intervención "comparte íntegramente el criterio expuesto por el área legal". La conducción, que hasta la publicación había hecho suya la respuesta de los "sueldos", descubrió -el mismo día de la publicación de eltucumano- que la respuesta que había dado su gerente general no la había consultado previamente.

Entre sus fines, la resolución de Norry enumera el de "deslindar responsabilidad de los funcionarios intervinientes en la operatoria de la extracción de fondos por ventanilla o en efectivo" (SIC). La pregunta es quiénes son esos funcionarios, y a qué conducción respondían cuando salió el dinero.

La intervención anunció que denunció posibles delitos contra la administración pública. Casi una autodenuncia: el cuarto trimestre de extracciones denunciadas por el BCRA ocurrió bajo la intervención "jaldista": buena parte del cuarto trimestre —hasta $3.731 millones, aún por desglosar entre lo retirado antes y después del 23 de enero— transcurrió bajo la propia intervención.

De los cuatro trimestres que el banco manda justificar, tres —más de $17.370 millones, el 82% del retiro de efectivo— transcurrieron bajo la gestión cisnerista de José César Díaz; el cuarto, de enero a marzo de 2026, quedó partido por el recambio del 23 de enero, cuando el gobernador Osvaldo Jaldo desplazó al cisnerismo y puso al frente a Norry y Bustamante.

Cuánto de los $3.731 millones de ese trimestre salió antes y cuánto después del recambio es, todavía, parte de lo que la Caja deberá desglosar. La intervención denuncia una operatoria que también funcionó, en parte, bajo su propia conducción. Como viene sosteniendo este medio, el problema no es de una persona: es de la Caja como institución, y de una estructura que sobrevive a los cambios de nombre.

La Caja Popular tiene por Ley el monopolio estatal del juego en Tucumán: la quiniela, el casino, el hipódromo, las tragamonedas, las apps de apuestas. La Carta Orgánica de la Caja obliga a destinar a la salud pública el 25 por ciento del resultado bruto del juego, y la reconstrucción de este medio muestra que el Sistema Provincial de Salud recibió, en promedio, entre el 2 y el 3 por ciento. La casa que debía financiar la salud con las ganancias del juego, y no lo hizo, festeja sus 111 años con una charla este martes 14 en Alberdi -donde Norry fue interventor- sobre las adicciones que ese mismo juego alimenta, a cargo del acto Gastón Pauls.

Mientras tanto, La Gaceta -el diario que en 2015 destapó el primer "valijazo" de la Legislatura- no publicó una sola línea sobre éste nuevo escándalo de $21.105 millones retirados en efectivo y con destino incierto, pero sí acompañó en el acto oficial por el aniversario de la Caja Popular donde no estuvo presente el gobernador Jaldo: en la conferencia de prensa de los interventores Norry y Bustamante, no hubo preguntas alusivas al escándalo por el nuevo "valijazo".

No obstante, al término de la conferencia, les consultaron a Norry y Bustamante por el comunicado que emitió este lunes La Bancaria Tucumán, y que lleva la firma de la comisión gremial interna de la CPA incluidos los cisneristas Cecilia Sánchez Blas -secretaria general de La Bancaria y Hugo Ledesma -legislador provincial y cuñado de Cisneros- donde expresaron su rechazo a lo que llamaron "campañas de desprestigio que buscan instalar sospechas, confundir a la opinión pública y transformar el funcionamiento administrativo de la institución en una operación política", e insinuaron que las extracciones en efectivo se realizaron para abastecer los cajeros automáticos de la Caja Popular. Los interventores alegaron no tener conocimiento del mismo. El comunicado de La Bancaria fue replicado por Enterate y Tendencia de Noticias, medios que integran el holding mediático de Carlos Cisneros.

El 111º aniversario de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán si amerito una cobertura periodística del diario La Gaceta; no así el escándalo por el desfalco de más de $21.000 millones extraídos en efectivo. El comunicado de La Bancaria y el video del acto oficial publicado en las redes sociales de la CPA.