Fin de los vuelos privados: le prohíben la salida del país a Manuel Adorni por riesgo de fuga

Fin. Las vacaciones caribeñas en Aruba y en Cancún, las escapaditas en vuelos privados a Punta del Este y los viajes oficiales a Nueva York ya forman parte del pasado de Manuel Adorni quien se vio obligado por la Justicia a terminar con su carrera turística cosmopolita. Sucede que la situación procesal del ex Jefe de Gabinete se agravó en las últimas horas. El juez federal Ariel Lijo dispuso en las últimas horas del viernes una restricción de movimientos para el exfuncionario, al establecer que deberá informar y solicitar autorización ante cualquier intento de abandonar el territorio nacional. Esta medida representa un avance significativo en la investigación y coloca al ex vocero presidencial a un paso del llamado a declaración indagatoria.

La medida cautelar fue solicitada de urgencia por el fiscal Gerardo Pollicita, luego de que comenzaran a correr fuertes versiones que indicaban que el ex funcionario evaluaba cruzar el Río de la Plata para radicarse temporalmente en las ciudades uruguayas de Montevideo o Punta del Este. De esta manera, ante el riesgo de fuga, la decisión del magistrado busca asegurar la comparecencia de Adorni ante la Justicia mientras se profundiza el peritaje sobre sus bienes. La causa no solo se centra en el ex jefe de Gabinete, sino que extiende sus pesquisas hacia su esposa, Bettina Angeletti, y su hermano, bajo la sospecha de enriquecimiento ilícito.

Los peritos contables trabajan actualmente sobre un abanico de pruebas que incluyen los gastos corrientes del exfuncionario, sus desplazamientos internos y la reciente adquisición de propiedades de lujo. 

El foco principal está puesto en las marcadas inconsistencias detectadas entre el estilo de vida de Adorni y las declaraciones juradas presentadas ante los organismos de control, las cuales registran diferencias patrimoniales que el ex vocero aún no ha podido justificar.

En paralelo, una segunda línea de investigación sumó un capítulo clave: el presunto uso de vuelos privados para fines personales. El fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen para investigar un viaje que Adorni habría realizado a la isla de Aruba. En este expediente, caratulado como "malversación de caudales públicos", se intenta determinar si se utilizaron fondos o influencias estatales para financiar traslados de carácter privado.

Pollicita solicitó al juez Lijo que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) tenga acceso directo al expediente y pidió informes urgentes a la empresa propietaria de la aeronave involucrada. 

La Justicia busca reconstruir la hoja de ruta de aquel vuelo y confirmar quiénes costearon los gastos de operación del avión, en una trama que amenaza con complicar aún más la situación penal del ex funcionario libertario.

Como parte de las medidas para "transparentar" los movimientos del ex vocero, la fiscalía ordenó a la Dirección Nacional de Migraciones que remita la totalidad de los registros de entrada y salida del país de Manuel Adorni desde el 1 de enero de 2023 hasta la fecha.

Sin embargo, el pedido no se limita solo al ex funcionario: el fiscal Pollicita también requirió los movimientos migratorios del periodista Marcelo Grandio, quien habría sido acompañante en los vuelos bajo sospecha. Esta medida apunta a verificar si existió una red de beneficios cruzados o si el uso del avión privado fue una constante durante los meses en que Adorni ejerció la máxima cercanía con el poder ejecutivo. 

Con el entrecruzamiento de datos de Migraciones y los manifiestos de vuelo, la Justicia busca determinar si hubo un desvío sistemático de recursos para el beneficio personal del exjefe de Gabinete.

Se prevé que la próxima semana el fiscal reciba el informe técnico-contable definitivo elaborado por los peritos del Ministerio Público Fiscal. Este documento cruzará los ingresos declarados de Adorni con sus suntuosas compras, gastos de tarjetas de crédito personales y las extensiones que les exigía a sus subalternos en la Casa Rosada.

Fuentes tribunalicias estiman que el requerimiento formal para que justifique el origen de los fondos se presentará antes del 17 de julio, fecha en la que inicia la feria judicial de invierno, paso previo a una inminente citación a declaración indagatoria.