San Miguel de Tucumán: el Concejo derogó la ordenanza del estacionamiento medido y abre camino a un nuevo sistema

Tras los tarifazos al boleto de colectivo y en la tarifa de taxis, el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó la derogación de la Ordenanza N° 4.758/15. Esta normativa, sancionada originalmente el 9 de abril de 2015 durante los últimos meses de la gestión del exintente Domingo Amaya, era la pieza legal que habilitaba el llamado a licitación y los pliegos para el sistema de estacionamiento medido que terminó envuelto en una prolongada disputa judicial.

José María Franco, presidente de la Comisión de Transporte y Tránsito, fundamentó la medida señalando que la norma no solo estaba vinculada a un “proceso viciado”, sino que se sustentaba en un “marco técnico obsoleto” diseñado en 2014. Según explicó el edil, aquel esquema contemplaba tecnologías hoy inexistentes o en desuso, como parquímetros físicos y sistemas de cobro mediante mensajes de texto (SMS). Con la derogación, el cuerpo deliberativo busca ahora impulsar un sistema "moderno y eficiente" que funcione como un verdadero ordenador del tránsito, analizando experiencias exitosas de otras capitales del país.

Esta acción legislativa se produce tras un revés definitivo para la empresa Tecno Agro Vial UTE. La Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), con los votos de los vocales Daniel Leiva, Claudia Sbdar y Eleonora Rodríguez Campos, rechazó el recurso de casación interpuesto por la firma y confirmó la nulidad del contrato firmado durante la gestión anterior.

El máximo tribunal provincial determinó que el proceso de adjudicación estuvo "viciado desde su origen" por dos razones fundamentales: Situación concursal: una de las empresas de la UTE se encontraba en concurso preventivo al momento de ofertar, condición que el pliego de bases y condiciones prohibía expresamente. Aunque la empresa alegó que su situación judicial había concluido, la Justicia estableció que legalmente seguía siendo "concursada" hasta marzo de 2022, meses después de la firma del convenio.

La otra es la irrazonabilidad económica: el contrato estipulaba que la empresa privada se quedaría con el 85% de lo recaudado, dejando apenas un 15% para el municipio. El fallo señaló la falta de un análisis técnico que justificara tal desproporción, calificándola como una falta de transparencia y razonabilidad en el manejo de los recursos públicos.

Los planes de la gestión de Rossana Chahla

Con el camino legal despejado, la intendenta Rossana Chahla confirmó el pasado mes de abril que su equipo técnico ya trabaja en un nuevo diseño desde antes de conocerse la sentencia definitiva. La jefa municipal enfatizó que la prioridad de la nueva gestión será el impacto económico en los ciudadanos: “Estamos poniendo sobre la balanza la situación económica. En qué medida esto no sea un costo más al vecino”, afirmó.

El nuevo proyecto, que deberá ser enviado al Concejo Deliberante para su análisis y posterior debate, apunta a la modernización tecnológica para agilizar el tránsito y reducir la contaminación. Un eje central del plan de Chahla es la formalización de los sectores que hoy realizan cobros de manera informal (cuidacoches), buscando integrarlos al nuevo esquema de trabajo conjunto con el Departamento Ejecutivo.

Un conflicto de larga data

El sistema de estacionamiento medido en la capital fue fuente de controversia desde julio de 2021, cuando la administración de Germán Alfaro adjudicó el servicio tras dos intentos fallidos de licitación. Su implementación en 2022 generó un fuerte rechazo social, incluyendo amparos colectivos promovidos por la Defensoría del Pueblo, organizaciones de consumidores como Fodecus y grupos de cuidacoches, ya que el contrato firmado por la gestión alfarista con Tecno Agro Vial UTE, establecía que la firma se llevaba el 85% de lo recaudado, mientras que el 15% restante iba a las arcas municipales.

Debido a estas medidas cautelares, el servicio funcionó apenas unos meses antes de ser suspendido en agosto de 2022.