Enteráte: Cisneros tiene una empresa que comercializa el hipódromo y admite al aire su participación en el negocio de las apuestas

Hay confesiones que no necesitan interrogatorio. El 15 de junio, en una radio que integra su propio multimedios, el diputado nacional Carlos Cisneros se sentó a explicar —con la calma de quien describe una rutina administrativa— quién decide en Tucumán qué plataformas pueden explotar el juego y las apuestas en línea. No hubo pregunta incómoda ni periodista hostil: hablaba ante empleados de su propia empresa. La respuesta, de todos modos, la dio él, y se señalaba a sí mismo.

 "Manzur me convoca porque sabía que a Díaz lo había recomendado yo en la caja, y me dice que él se había comprometido con la iglesia, que dos plataformas de apuestas deportivas eran mucho y suficiente para Tucumán, que no se debía autorizar más."

El Avispero · 15/06/2026 · 1:04:35

La frase tiene la textura de lo dicho sin cálculo, y por eso vale más que cualquier denuncia. En tres oraciones, Cisneros describió el mecanismo entero del poder sobre el juego en la provincia: a quién puso al frente del organismo que lo regula, de quién bajaba la orden política y por qué —desde hace años— las plataformas autorizadas son exactamente dos. No se habilita por concurso ni por sorteo. Se habilita por criterio. Y el criterio es suyo.

Carlos Cisneros y su obsesión de niño por los caballos desde su casa natal del pasaje atahualpa al 700 a convertirse en empresario, de una callecita de tierra del barrio hipódromo a magnate del Juego, las apuestas y los Medios que desafía al Peronismo por sus propios intereses económicos concentrados en la Caja Popular.

LA CAJA: el vértice que no se movió en treinta años en Tucumán

Para medir el alcance de esa confesión hay que mirar la arquitectura, que es más vieja que la radio. En Tucumán el juego es monopolio del Estado: lo regula y lo autoriza la Caja Popular de Ahorros, un organismo provincial. Y la Caja, desde 1995, responde a Cisneros —empleado bancario en uso de licencia sindical que llegó entonces a la conducción de la entidad —. Intervenida desde 2003, la entidad pasó por interventores que rara vez fueron ajenos a esa órbita: Osvaldo Jaldo lo era en 2006, cuando Sagra entró a Pálpitos; José César Díaz —recomendado por el propio Cisneros, como acaba de admitir— la condujo entre 2018 y enero de 2026, y autorizó TucuApuestas. Recién en enero de 2026, ya gobernador, Jaldo desplazó a Díaz y colocó a hombres suyos, en una guerra con Cisneros que todavía no terminó. El elenco rotó; el vértice, no.

Buena parte de esa cronología la ratificó el propio Cisneros en el mismo bloque del programa: que las plataformas oficiales son dos, que en 2006 el interventor de la Caja era Jaldo y que TucuApuestas se autorizó bajo Díaz, durante la gestión de Manzur (El Avispero, Enterate Play 90.5, 15 de junio de 2026, entre el minuto 1:03:53 y el 1:04:18). Los datos no hubo que reconstruirlos en el expediente judicial federal por Lavado de Activos: los puso él mismo, al aire y en su multimedio y ante sus empleados periodistas.

La aritmética de Cisneros en sus declaraciones juradas

El criterio, mientras tanto, rinde. Entre 2019 y 2024, según sus propias declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción, el patrimonio de Cisneros pasó de $2.266.226 a $465.711.724 pesos. Descontada la inflación, eso equivale a multiplicar por más de siete veces y media su poder de compra; medido en dólares, al cambio oficial de cada declaración, pasó de unos treinta y ocho mil a unos cuatrocientos cincuenta y un mil, el patrimonio declarado de Cisneros creció alrededor de doce veces. Todo, mientras se declaraba un empleado bancario en uso de licencia sindical. Casi la mitad de ese patrimonio —el 46,5 por ciento— está en una sola sociedad suya, Emprendimientos Argentinos, de la que es socio único, con aquella cláusula para designar permisionarios del Hipódromo.

Conviene detenerse en esa cláusula, porque no exige inferencia alguna. El hombre que controla la Caja Popular de Ahorros —el organismo que autoriza quién explota el juego en la provincia— es, a la vez, socio único de una sociedad cuyo objeto estatutario es designar a los agentes y permisionarios de ese mismo juego. La participación de Cisneros en el negocio no se deduce de quién cobra la apuesta: está escrita en el objeto de su propia sociedad. No es un tercero próximo al juego: es parte interesada del juego que él mismo habilita. Y que Emprendimientos Argentinos se ortorgue una facultad para designar permisionarios del Hipódromo proviene, justamente, del control sobre la Caja Popular encargada de otorgar el negocio: Negocios e impunidad a cielo abierto.

Recorte del estatuto de Emprendimientos Argentinos Sociedad por Acciones Simplificada (Boletín Oficial de Tucumán número 30.289): la cláusula de designación de permisionarios del Hipódromo. 

El patrimonio no termina en Carlos Cisneros. Alcanza a sus tres hijas —titulares de la financiera Malaquita SRL y de la turística Emprendimiento Turístico SRL, con al menos seis departamentos de categoría en el barrio norte de la capital— y, junto a Juan Federico Petraglia, a quien Cisneros llama su "hijo de cariño", poseen complejo La Madrina y al restaurante Muppa Cocina Ritual en Tafí del Valle, valuados entre tres millones setecientos mil y cinco millones de dólares, sobre un enorme terreno a nombre de Petraglia, empleado de la Caja que ya acumula ocho inmuebles millonarios. Sobre las cuentas de la propia Caja, por lo demás, el Tribunal de Cuentas de la provincia dictaminó en noviembre de 2025 que la CPA, en su balance "no presenta razonablemente" la información.

La denuncia ya tenía veinte años

La confesión de 2026 tiene un antecedente casi literal en los registros de la prensa tucumana que no pudo comprar. El 8 de enero de 2006, cuando se reconstruyó por primera vez el parque de máquinas de la provincia, el legislador Alejandro Sangenis, entonces legislador de la comisión de Salud, describió el mismo negocio en términos que hoy resuenan en los expedientes federales: dijo que allí se "blanquea dinero", que "se recauda sin control", que en la Legislatura se habían trabado al menos doce proyectos para regularlo mientras el Gobierno "duplicó las maquinitas", y que se había "privatizado encubiertamente el casino" provincial. Lo que en 2006 fue una denuncia política que terminó archivada es hoy materia penal: lavado de activos y enriquecimiento ilícito, en el fuero federal. Cambió la tecnología —de la ficha en tragamonedas a la aplicación digital—; no cambió el método.

En 2006 el entonces legislador Sangenis hablaba de los manejos de la mafia del juego. Veinte años después su hijo homónimo es un fiel servidor de Carlos Cisneros (archivo elperiódico de Tucumán).

La duplicación del negocio: El juego de los gobiernos con Cisneros

El procedimiento que Cisneros describió al aire —limitar para repartir— no es nuevo: es el mismo de hace veinte años, con otra tecnología. En enero de 2006, El Periódico reconstruyó por primera vez el parque de tragamonedas de la provincia: diez firmas se repartían un submundo de máquinas —NewStar a la cabeza con 240, NovoPlay con 220, Alfa Mercurio, de la familia Ale, con 150, Brothering's con 140—, y entre ellas asomaba Roberto Sagra, que había entrado al juego en 1996 a través de la firma Patan. Ese mismo año, el gobierno de José Alperovich autorizó duplicar el cupo de máquinas del Hipódromo. Duplicar, no abrir: el negocio crecía hacia adentro, entre los mismos. Dieciséis años después, la jugada se repitió con plataformas en lugar de fichas. Y el viejo activo reaparece, intacto, en los papeles de Cisneros: el estatuto de su sociedad Emprendimientos Argentinos, de 2022, se reservó la facultad de "designar agentes y permisionarios para la comercialización de los juegos del Hipódromo de Tucumán".

"Diez firmas, todo un submundo" (El Periódico, 8 de enero de 2006): el padrón de las diez firmas y sus máquinas, y las declaraciones del legislador Alejandro Sangenis. Fuente al pie.

Dos marcas, una sola máquinaria empresaria beneficiada por el Estado

Apostar por internet, en Tucumán, es legal en dos lugares y solo en dos: Pálpitos y TucuApuestas. Se presentan como competencia. La ilusión dura hasta que se ponen las dos aplicaciones una al lado de la otra. No se parecen: son la misma. Comparten la barra de navegación y su orden, el buscador con idéntica leyenda, el mismo aviso central palabra por palabra, la misma grilla de partidos con las mismas cuotas, los mismos cuatro juegos de casino servidos por el mismo proveedor, el mismo carro de apuestas con la misma frase cuando está vacío; hasta el reloj de las dos capturas marca la misma hora. Lo único que cambia es el color —oro en una, verde en la otra—, el logotipo y qué módulos están encendidos.

La coincidencia no termina en la pantalla: termina en la licencia. Las dos páginas oficiales declaran al pie, con las mismas palabras, estar "autorizado por Caja Popular de Ahorros" bajo el mismo número de permiso, CPA-LEY8986, con la misma advertencia sobre el juego compulsivo y el mismo teléfono de ayuda. Y sus casinos cargan los mismos motores: en la sección de casino de Pálpitos, como en la de TucuApuestas, los juegos en vivo los proveen Evolution, Ezugi y Pragmatic, las mismas casas que alimentan a los casinos del mundo. Dos marcas, un permiso, un motor.

web inicio de TucuApuestas y de Pálpitos, lado a lado, tomadas en el mismo instante (el reloj marca 21:56 en ambas): misma estructura, mismas cuotas, misma microcopia; distinto color. Fuente al pie.

Los reglamentos confiesan lo que la pantalla muestra. El texto que rige Pálpitos no regula "Pálpitos": regula un juego llamado NOVOPLAY, y aclara que se comercializa "bajo las siguientes denominaciones o marcas: Palpitos24, Pálpitos Deportivos o Pálpitos". Un motor, varias marcas. El reglamento de TucuApuestas repite el molde con otra operadora: la Caja como dueña de la propiedad intelectual y la explotación, Golden Game como comercializadora "en carácter de no exclusivo". Esas cuatro palabras —"en carácter de no exclusivo"— son las que sostienen, en el papel, la ficción del mercado abierto.

La cadena de Sagra, escrita en el Boletín Oficial

Del lado de Pálpitos, la trayectoria está escrita en el Boletín Oficial, sin necesidad de inferencias. Sagra entró al juego en 1996, a través de la firma Patan; es socio mayoritario de Maverick desde principios de los dos mil y hoy controla el 80 por ciento; entró a Pálpitos en 2006, salió, reingresó con el 62 por ciento en 2015 y la condujo durante la última década, hasta traspasarla a sus hijos en 2026; tomó el 60 por ciento de NovoPlay en 2012 y llegó al 80 por ciento en 2021, con un objeto social que dice, sin eufemismos, "empresa operadora de la Caja Popular"; y en 2018 se quedó con el 80 por ciento de Brothering's, que hasta entonces estaba a nombre de Gustavo Adolfo Cisneros, hijo adoptivo de Roberto Sagra -hijo del primer matrimonio de su esposa-. Las cesiones recientes de Pálpitos se pactaron en dólares: ciento diez mil en 2021, treinta y dos mil y ochenta mil en 2024. Cuatro operadoras privadas, un solo dueño, todas habilitadas por la misma Caja.

Golden Game, la rival que no compite

Si Pálpitos es Sagra, la pregunta es quién es la "otra". Golden Game no nació para esto ni es nueva: está inscripta desde el 2 de enero de 2014, y su objeto original era operar tragamonedas como concesionaria de la propia Caja. Durante casi una década perteneció en partes iguales a José Luis San Martín y José Fernando Lozano. El 25 de agosto de 2023 los dos cedieron el ciento por ciento de la sociedad —mil cuotas— por trescientos mil pesos, unos cuatrocientos cuarenta dólares de aquel mes, a Ezio Espósito Pérez, que se quedó con el 80 por ciento y la gerencia, y a Arturo Zancarini, con el resto. En el mismo acto reescribieron el objeto para incluir el juego en línea "por cualquier medio… incluyendo internet" y estiraron la sociedad hasta 2043. Meses después, en 2024, salió TucuApuestas.

Los nombres no son casuales. San Martín venía de Brothering's, la operadora de Sagra, y figura como empleado de Pálpitos y de Alfa Mercurio, la firma de los Ale; Lozano es empleado de la propia Caja Popular; y los compradores de 2023, Espósito y Zancarini, figuran como empleados del Gobierno provincial. Y la composición volvió a moverse: por el Boletín Oficial de Tucumán número 31.188, del 27 de abril de 2026, Zancarini cedió su 20 por ciento —por cien millones de pesos— al ingeniero Maximiliano Paolini. Hoy Golden Game tiene dos socios: Espósito Pérez, con el 80 por ciento, y Paolini, con el 20. La "competencia", en síntesis, la fundó un hombre de Sagra, la sostuvo un empleado de la Caja, pasó a empleados del Estado y terminó incorporando al mismo ingeniero que ya estaba del otro lado del mostrador, en Pálpitos. No es necesario afirmar que Sagra sea el dueño de Golden Game —el 80 por ciento es de Espósito— para advertir lo que los papeles sí muestran: un círculo cerrado que se reparte un mercado de dos marcas presentado como rivalidad, donde todo es converge en Sagra, íntimo de Cisneros.

Hay un detalle geográfico que ahorra metáforas. Las dos "rivales" tienen las oficinas a media cuadra: la operadora NovoPlay, en Sáenz Peña 545; Golden Game, en el 532. Y la sede de Golden Game, en Junín al 67, queda en la misma calle donde Cisneros tiene la suya, en el 41.

Un ingeniero del juego entre Saab y Cisneros

Queda el eslabón que une las dos máquinas por dentro, y tiene una hoja de vida pública. Maximiliano Paolini, ingeniero, es desde hace una década el principal responsable de la informática de la universidad pública tucumana controlada por el Saabismo desde hace décadas: en 2016 la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología lo presentaba desplegando el nuevo protocolo de internet en toda la Universidad Nacional de Tucumán; en 2018, La Gaceta lo cita como "director del Centro de Tecnología de la Información de la Facet" al inaugurarse la supercomputadora universitaria, que él explicaba nodo por nodo; hoy administra ese sistema de cómputo de alto desempeño. Un experto, según el propio relato oficial.

Ese experto está de los dos lados del mostrador del juego. Paolini es socio de Pálpitos —la aplicación de Sagra—  y socio de las dos sociedades que procesan los pagos del entramado, Mis Pagos y One Bit Tech, y empleado de la firma de tecnología Smartoplay y de la unión transitoria Smartoplay-Dirac. Smartoplay tiene su propia historia registral: su 61 por ciento lo adquirieron en 2021 los tres hijos de Sagra a Tiburcio Padilla y Gonzalo Masot, por ciento veintidós mil dólares (Boletín Oficial de Tucumán número 30.124, del 16 de diciembre de 2021). Y, como acaba de mostrar el Boletín, desde abril de 2026 Paolini tiene además el 20 por ciento de Golden Game. El mismo ingeniero que construyó la espina digital de la universidad pública aparece, a la vez, detrás de las dos plataformas de apuestas que se presentan como competidoras, en los pagos y en la tecnología bajo el control político de Cisneros.

Una frontera de software

Conviene desarmar una última ilusión: la de que todo esto es un asunto tucumano. Lo es solo en el papel. La licencia es provincial; las app online no tienen provincia. El catálogo de casino lo proveen las mismas plataformas globales que alimentan a los casinos del mundo —Evolution, Ezugi, Pragmatic—; el límite territorial que imponen los reglamentos se ejecuta con un filtro de geolocalización en el teléfono del apostador: el sistema de Pálpitos bloquea por posicionamiento global a quien intenta acceder desde fuera de la provincia. La frontera no vive en el territorio: vive en el celular, y es una línea de código. El país, además, no tiene una ley nacional de juego en línea: hay veinticuatro reguladores provinciales y un mercado que en 2025 movió mil quinientos setenta millones de dólares, según la Asociación de Loterías Estatales Argentinas, del que Tucumán —el 3,7 por ciento de la población— toma su parte. Lo único local de un negocio de arquitectura global es la licencia. Y la licencia la firma la Caja.

Díaz, el interventor recomendado

Vale detenerse en Díaz, porque condensa el método. Cisneros no solo lo recomendó: le "transmitía el criterio", dijo, y lo justificó con la ludopatía.

El Avispero · 15/06/2026 · 1:04:57"…por todo lo que sabemos nosotros que pasa con los chicos, con la ludopatía y todo lo demás, lo cual me parecía acertado, lógico, y se lo transmitía al doctor Díaz."

La invocación tiene un problema de hecho: la Iglesia real —a través de la Conferencia Episcopal Argentina— viene advirtiendo sobre la ludopatía adolescente que las apuestas en línea alimentan, no amparando el negocio que ese límite ordena. Y Díaz no es un funcionario neutral: su doble designación en un cargo de planta permanente de máxima jerarquía, en junio de 2023, la firmó Hugo Ledesma —cuñado de Cisneros y entonces subinterventor de la Caja— y luego fue anulada. Hoy, mientras goza de una licencia psiquiátrica con sueldo completo otorgada por la propia Caja Popular de Ahorros, Díaz encabeza la defensa de las hijas de Cisneros contra este medio. Hugo Ledesma llegó a una banca de legislador usando mercadería desviada por la Caja Popular de Ahorros que él mismo conducía junto a Díaz.

Lo que ahora mira la Justicia Federal

Sobre ese vértice se acumulan los expedientes. En el fuero federal, el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz pidió la declaración indagatoria de Cisneros por trata de personas —junto a la abogada Patricia Neme y a Petraglia— y la prohibición de salir del país; el juez federal Guillermo Díaz Martínez, del Juzgado Federal de Tucumán 2, aún debe resolver. Por el origen de su patrimonio, este medio lo denunció en abril de 2026, junto a sus tres hijas —como personas políticamente expuestas— y a Petraglia, por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad ideológica de instrumento público, y pidió acumular el caso a la causa por trata e inhibir sus bienes. La Justicia provincial, en paralelo, lo investiga por asociación ilícita.

A esa lista, la confesión del 15 de junio agrega una lectura que corresponderá a los jueces confirmar o descartar. Que la misma persona que controla el organismo que autoriza el juego mantenga, a la vez, una sociedad facultada para designar permisionarios del Hipódromo configura, para este medio, las negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y el tráfico de influencias que prevén los artículos 265 y 256 bis del Código Penal. El encuadre es competencia de los jueces; los hechos que lo sostienen los puso sobre la mesa el propio Cisneros.

Durante treinta años, el debate público sobre el juego en Tucumán giró en torno a una cifra: cuánto movía. La confesión corrió el eje. La pregunta ya no es cuánto, sino quién decide; y la respuesta, por una vez, no hubo que deducirla de un expediente ni reconstruirla de un Boletín. La dio el propio interesado, al aire, en su radio. Lo demás —las dos marcas que son una, el ingeniero de las dos mesas, las operadoras a media cuadra, el patrimonio multiplicado— ya estaba escrito en los papeles. Faltaba que alguien, desde adentro, lo dijera en voz alta.

Los negocios de Cisneros: Cartelería Pública en SMT, Multimedios, Juegos y Apuestas. Y Pimpinela...

Cómo se midió el patrimonio: Surge de las declaraciones juradas de Cisneros ante la Oficina Anticorrupción (2019 y 2024): de 2.266.226 a 465.711.724 pesos. El crecimiento real —siete veces y media en poder de compra— se calcula deflactando por el Índice de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Medido en dólares, al tipo de cambio oficial de cada declaración, pasó de unos 38.000 a unos 451.000, alrededor de doce veces. El valor nominal en pesos, sin descontar la inflación, está distorsionado y no se usa como medida.

Derecho a réplicaCarlos Aníbal Cisneros, Roberto Sagra, Maximiliano Paolini, Golden Game Sociedad de Responsabilidad Limitada, Juan Federico Petraglia y las personas y empresas nombradas pueden ejercer su derecho a réplica ante esta redacción.

Seguí la serie

→ Turbio monopolio del juego en Tucumán: el manejo cisnerista sobre la Caja Popular
→ Solicitan la indagatoria de Carlos Cisneros y se activa el pedido de desafuero
→ Las hijas de Cisneros y su operador, dueños del complejo La Madrina en Tafí del Valle
→ "No soy dueño de nada": las tres hijas operan una financiera y negocios inmobiliarios
→ Federico Petraglia, el empleado de la Caja que acumula ocho inmuebles a su nombre

Fuentes documentales

"Diez firmas, todo un submundo", El Periódico, 8 de enero de 2006 (padrón de las diez operadoras y declaraciones del legislador Alejandro Sangenis). · Sitios oficiales de las plataformas autorizadas: Pálpitos y TucuApuestas (ambos con licencia CPA-LEY8986 de la Caja Popular de Ahorros); sección de casino de Pálpitos (proveedores Evolution, Ezugi y Pragmatic). · Boletín Oficial de la Provincia de Tucumán: número 30.556 (cesión de Golden Game), número 31.188 (cesión del 20 por ciento de Golden Game a Paolini), número 30.124 (cesión del 61 por ciento de Smartoplay a los hijos de Sagra), número 30.289 (estatuto de Emprendimientos Argentinos). · Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán (sistema de cómputo de alto desempeño). · Declaraciones juradas de Carlos Cisneros ante la Oficina Anticorrupción (2019 y 2024). · Tribunal de Cuentas de Tucumán, Acuerdo 5.183 (noviembre de 2025). · Reglamentos de Pálpitos y de TucuApuestas (juego NOVOPLAY, propiedad intelectual de la Caja Popular de Ahorros). · El Avispero, Enterate Play 90.5, emisión del 15 de junio de 2026 (registro audiovisual con minutaje).