Jaldo destina al Siprosa $200 millones que el cisnerismo había "encanutado" en la Caja Popular

Mediante el Decreto N° 1.142/3 del pasado 29 de mayo, el gobernador Osvaldo Jaldo decidió reforzar el Sistema Provincial de Salud Pública (SIPROSA) con una partida de $200.000.000 en concepto de aportes de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán en el marco de la Ley Nº5115: la carta orgánica de la entidad financiera que establece que los millones que genera la explotación y regulación de los juegos de azar deben destinarse a la salud de los tucumanos, pero se investiga si la mafia paraestatal de Carlos Cisneros los utilizó en beneficio propio, para sostener su estructura sindical, política, comercial y mediática. El Tribunal de Cuentas ya denunció al exinterventor cisnerista José César Díaz por el (des)manejo de $3.381.000.000 entre 2020 y 2023, más intereses.

El 24 de noviembre de 2025, el Tribunal de Cuentas de Tucumán emitió el Acuerdo N° 5183, donde el dictamen sobre los estados financieros de la CPA fue categórico: "NO presenta razonablemente la información". El organismo denunció una deuda de $3.381 millones con el SIPROSA y detectó irregularidades en mercadería por $26,7 millones. Se trató de la primera vez en 30 años que un organismo de control emite un pronunciamiento tan contundente sobre la Caja Popular de Ahorros, y particularmente en la gestión de Díaz, cuya designación en planta permanente mientras era interventor y su doble sueldo fantasma le habrían costado a la entidad más de $700.000.000.

El Decreto N° 1.142/3 (SH) firmado por Jaldo incrementa el recurso denominado “Siprosa – Aportes Caja Popular de Ahorros” y destina la totalidad de esos $200 millones a la adquisición de equipamiento. El decreto que autoriza la ampliación responde a un pedido del propio Siprosa para adecuar las previsiones a una estimación de mayores ingresos proyectados para el resto del ejercicio 2026. El Poder Ejecutivo invocó las facultades de la Ley de Presupuesto vigente para incorporar recursos adicionales ante incrementos en la recaudación o nuevas fuentes de financiamiento.

La Ley N° 5.115 establece en sus artículos 21 y 21 bis la obligación de la Caja Popular de destinar el 25% del resultado bruto del sector juegos de azar, además de una suma fija mensual de 400.000 pesos, al sistema de salud pública. El Tribunal de Cuentas de la Provincia detectó graves incumplimientos en las transferencias entre 2020 y 2023, estimando una deuda total de $3.381.104.038, más intereses por mora. En junio de 2024, se promovió un Juicio de Responsabilidad contra el interventor ultracisnerista José César Díaz.

En noviembre de 2025, el Tribunal amplió la denuncia penal ante la Fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de Mariana Rivadeneira. Los pagos por más de $900 millones efectuados por la Caja Popular en dos tramos de 588 millones (noviembre 2024) y 320 millones (mayo 2025) fueron realizados de manera tardía, unilateral y sin la conformidad del Siprosa ni control del Tribunal. Estas transferencias, además, fueron imputadas a períodos distintos a los reclamados originalmente.

El organismo de control subrayó que tales conductas podrían configurar los delitos de violación de deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos (artículos 248 y 260 del Código Penal). “El incumplimiento persistente durante los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023 importó la privación ilegal y continuada de fondos públicos con destino a la salud provincial, en plena emergencia sanitaria”, consignó el Acuerdo N° 5183.

En el mes de enero, el gobernador Osvaldo Jaldo desplazó al cisnerismo de la conducción de la Caja Popular al designar y poner en funciones a los nuevos interventores, Guillermo Norry y Antonio Bustamante, en el lugar que ocupaban los ultracisneristas José Díaz y Darío Amatti. "Nadie es dueño de las instituciones", subrayó el tranqueño, y recordó que "los tucumanos son los verdaderos dueños de la Caja Popular".

Turbio monopolio del juego

El pasado 7 de diciembre, eltucumano.com publicó una investigación sobre las cuentas del organismo provincial —balances internos, auditorías externas, cartas de recomendaciones, advertencias sobre lavado de activos— que evidenciaron la magnitud de un negocio que el Estado tucumano delegó en 1995 a Cisneros y que tres décadas después, suma USD 9.500 millones movilizados sin control público efectivo.

Los balances y documentos contables de la Caja Popular —como estados contables comparativos de la Caja Popular entre 1999 y 2002 (cuando un peso equivalía a un dólar) — a los que eltucumano tuvo acceso revelan cifras que dimensionan el negocio del juego y las apuestas que controla Cisneros desde la Caja Popular de Ahorros, ente estatal a cargo del rubro en Tucumán.

En efecto, y para ejemplificar, el balance interno de la CPA del año 2000 arrojó que la Caja Popular registró un total de $264.661.995 en apuestas. Al año siguiente, 2001, la cifra subió a $254.912.923. Y en 2002, ya con la devaluación, el volumen saltó a $381.149.778. Es decir que sólo en esos tres años - cuando Argentina atravesaba su peor crisis económica- los tucumanos apostaron el equivalente a USD 627 millones en quiniela, Telekino, casino, hipódromo y máquinas tragamonedas.

Pero esos balances contienen otro dato crucial. En la fila "Participación SIPROSA" aparece lo que la Caja transfería al sistema de salud pública. La ley provincial establece que el 25% del resultado bruto del juego debe ir a hospitales. Los números cuentan otra historia: en 2002, la CPA transfirió sólo $14.332.367 al SIPROSA, apenas el 3,7% del total apostado. En 2001 fueron $17.785.616 (6,9%). En 2000, $8.748.364 (tan sólo un 3,3%).

La cuenta es simple. Si la ley se hubiera cumplido estrictamente durante 30 años, el sistema de salud tucumano debería haber recibido aproximadamente USD 2.400 millones (a valores constantes). Sin embargo el SIPROSA sólo percibió, según las proyecciones basadas en los balances disponibles, alrededor de USD 285 millones. La diferencia supera los USD 2.100 millones que nunca llegaron a los hospitales públicos de una provincia donde la desnutrición infantil fue noticia mundial.

El imperio del clan Cisneros, las propiedades de sus hijas y Federico Petraglia

eltucumano denunció ante el Juzgado Federal de Tucumán 2 a Carlos Cisneros, sus tres hijas y Federico Petraglia por enriquecimiento ilícito (art. 268(2) CP), lavado de activos (art. 303 CP) y falsedad ideológica de instrumento público (art. 293 CP). La denuncia solicita su acumulación a la Causa N° 23/2026 donde el fiscal Rafael Vehils Ruiz investiga al propio Cisneros, la abogada Patricia Neme y a Petraglia por trata de personas. La investigación revela que en 30 años de monopolio del juego, la Caja Popular habría facturado más de USD 9.500 millones sin auditoría independiente, que los socios de la red de tragamonedas incluían a la familia Ale — condenados por lavado de activos — y que el escribano que autorizó las tres escrituras centrales de la cadena dominial de Tafí del Valle nunca reportó a la UIF operaciones de familiares de Persona Expuesta Políticamente. El Juzgado Federal 2 y la Fiscalía Federal tienen ante sí la documentación completa de la estructura patrimonial del empresario sindical del juego y las apuestas que llegó a dominar Tucumán en las sombras.

El propio Cisneros declaró ante la Oficina Anticorrupción que su patrimonio pasó de $2,7 millones en 2019 a $465,7 millones en 2024. Una variación de 172 veces en cinco años. El 46% de ese patrimonio — aproximadamente $216 millones — está consignado como "participaciones societarias" sin desglose público. Ese dato, señala la denuncia, "por sí solo, constituye un indicador típico del delito de enriquecimiento ilícito".

El 7 de marzo de 2026, en Tendencia de Noticias — uno de los medios de su propio holding —, Cisneros dijo en el minuto 45:10: "Yo no tengo tierra choreada al Estado ni adquirida con ese verso que te ponen de prescripción adquisitiva". Segundos después, con las cámaras apagándose se le escuchaba decir: "Soy el dueño". La denuncia califica la contradicción como "documentalmente verificable" y la señala como "un indicio relevante de ocultamiento deliberado".

El crecimiento de 172 veces no nació en el vacío. Cisneros habría tenido bajo su control la Caja Popular de Ahorros de Tucumán desde 1995, cuando el entonces gobernador Julio Miranda lo designó al frente de la entidad que opera el monopolio provincial del juego y las apuestas. Documentación de 2006 relevada por eltucumano demuestra que la CPA administraba en esa época una red de al menos diez empresas con 1.035 máquinas tragamonedas distribuidas en la provincia. Los socios de esas empresas incluían a la familia Ale: Ángel "el Mono" y Daniel "la Chancha" Ale, condenados por asociación ilícita y lavado de activos en el marco de la causa por trata de personas más emblemática de la historia judicial argentina: el caso Marita Verón — y a Roberto Sagra, vinculado al Grupo Los Balcanes y al diario La Gaceta.

La conexión no es tangencial. Susana Trimarco — madre de Marita Verón — declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal el 19 de septiembre de 2012: "Los Ale están muy vinculados con Carlos Cisneros. La remisería Cinco Estrellas funcionaba en un local de Cisneros. ME LLEGÓ INFORMACIÓN DE QUE EN LAS FIESTAS DE CISNEROS SE LLEVABAN A LAS CHICAS". La Remisería Cinco Estrellas fue señalada como punto de captación de víctimas de trata. Los Ale fueron condenados, mientras que Cisneros nunca fue investigado por esos hechos.

El artículo 268(2) del Código Penal no se limita al enriquecimiento del funcionario en sentido estricto. Comprende expresamente el de "persona interpuesta para disimularlo", estableciendo la responsabilidad penal de dicha persona en igualdad de condiciones. La denuncia identifica a las tres hijas de Cisneros en esa categoría.

Marta María Cisneros tiene 32 años. Es profesora de educación física y chef. Cecilia Mariana Cisneros tiene 41. Es comerciante. María Mercedes Cisneros tiene 39. Es empleada del Banco Nación. En un lapso de seis años, las tres aparecen vinculadas a dos sociedades comerciales, un complejo turístico de lujo en Tafí del Valle valuado entre USD 3,7 y 5 millones, y al menos seis departamentos de categoría en barrio norte de San Miguel de Tucumán.

Octubre de 2020. Las tres hijas y Petraglia constituyen Emprendimiento Turístico SRL con $1.000.000 integrados en efectivo. Socias: Cecilia (40%), María Mercedes (25%), Marta (25%), Petraglia (10%). El complejo La Madrina que esa sociedad explota — ocho cabañas con 9,8 en Booking, restaurante Muppa Cocina Ritual, 7.000 metros cuadrados — está valuado entre USD 3,7 y 5 millones. La brecha entre capital declarado y valor real es, según la denuncia, "indicador clásico de financiamiento no exteriorizado."

Febrero de 2021. Cuatro meses después, Cisneros declara ante la Oficina Anticorrupción un inmueble de 3.284 m² en Tafí del Valle con destino "RECREO O VERANEO / CESIÓN GRATUITA", valuado en $25.785.585. Al tipo de cambio de 2024: menos de USD 25.000. El complejo que allí se levantó vale entre USD 3,7 y 5 millones. Brecha: entre 148 y 200 veces. La infravaloración en instrumento público configura, según la denuncia, falsedad ideológica.

Agosto de 2022. Las mismas tres hijas — ahora sin Petraglia — constituyen Malaquita SRL. Capital: $100.000. Duración: 99 años. Sede: Muñecas 775, piso 9, dpto. A. Objeto: inversiones en activos y títulos financieros, operaciones inmobiliarias, aportes de capital a terceros, compraventa de valores mobiliarios. Una SRL con objeto deliberadamente amplio: puede comprar inmuebles, invertir en bolsa, financiar empresas y movilizar capital sin restricción de monto ni obligación de publicidad registral sobre sus operaciones concretas.

Los 8 inmuebles del millonario empleado bancario Federico Petraglia:

1 departamento en barrio norte (Rivadavia 692)

1 casa en alto verde 1 (la casa donde vive Cecilia Sánchez Blas, secretaria general de La Bancaria)

3 departamentos en el edifico de general Paz donde está entérate

1 terreno donde está el hotel las madrinas

2 departamentos en Yerba buena detrás del open

La denuncia federal de eltucumano pidió, como medida urgente, la prohibición de innovar y enajenar sobre tres padrones: los de Tafí del Valle (583.946, 583.947 y 583.948). Eran los únicos que se conocían en abril. El barrido revela que Petraglia es titular de ocho inmuebles en ocho padrones distintos. Siete de ellos —el de Rivadavia, los tres de General Paz, los dos de Yerba Buena y el de Alto Verde— quedan, hoy, fuera de toda medida cautelar. El relevamiento, escritura por escritura, traza el universo de bienes que una ampliación de la denuncia podría poner a resguardo antes de que cambien de manos.

Petraglia es -según la causa por asociación ilícita en el fuero provincial contra Cisneros y su círculo-, el operador que el 4 de marzo de 2024, a las 19:30, llamó al Hotel Hilton preguntando por las cámaras de seguridad —cuarenta y ocho horas antes de que existiera la denuncia de Lourdes Parache contra los jugadores de Vélez—. Es el imputado por asociación ilícita cuyo domicilio fue allanado en septiembre de 2025. Es el requerido en indagatoria por trata de personas, con pedido de prohibición de salida del país. Y es el mismo que reclama a este diario 55 millones de pesos por afectación a su buen nombre, y pide que se le prohíba a la prensa volver a nombrarlo.

La autosatisfactiva de las hijas de Cisneros contra eltucumano pidieron lo mismo en sede civil: la eliminación de las notas y la prohibición de publicar en el futuro. Pero esas notas son, desde el 15 de abril, base documental de un expediente penal federal. Suprimirlas sería suprimir prueba.

¿Con qué dinero se construyó un patrimonio que el diputado declara no tener y que sus hijas no pueden justificar?