Ni Una Menos marcha este miércoles sin nombrar al violador Burgos, ni la impunidad femicida del "Militar" Sosa, ni al abogado que hostigó a Paola Tacacho

Tucumán se apresta a vivir otra jornada de movilización organizada y convocada por el movimiento feminista Ni Una Menos, que desde hace una década se realiza todos los 3 de junio. Sin embargo, las banderas que hoy se agitan llevan el sello de la hipocresía de una organización que ha dejado de representar a las víctimas reales para convertirse en parte de  una red de impunidad. En las calles, el reclamo legítimo ─en esta ocasión por el brutal crimen de Agostina Vega en Córdoba─  convive con un mecanismo de "feminismo instrumental" donde la memoria es selectiva: cuando el agresor es un enemigo político, el ataque es total; cuando el victimario o su defensor forman parte de la red de poder que financia la movilización, el silencio es absoluto.

El "Ekeko" Burgos: un año de condena, libertad absoluta y el camuflaje de La Gaceta

El caso de Rodolfo Tercero "Ekeko" Burgos es la síntesis perfecta de este accionar selectivo. El 4 de diciembre de 2024, el exdirector de Canal 10 y docente de la UNT fue condenado a cinco años de prisión por la violación de su propia hija de por entonces cinco años. 

El pasado 10 de febrero, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva, y los vocales Daniel Posse y Claudia Sbdar, anularon la condena a cinco años de cárcel porque la defensa de Burgos no pudo interrogar a la psicóloga que alertó que la menor había sido ultrajada, lo que se corroboró a partir del testimonio de la niña en Cámara Gesell. Burgos fue condenado por violación, pero no pasó ni un día preso y los cortesanos dispusieron que tenga un nuevo juicio, donde incluso no se le podrá imponer una pena mayor a la original.

A más de 500 días libres, la protección mediática llegó a niveles de cinismo profesional. El diario La Gaceta —bajo el control de Carlos Cisneros— ensaya maniobras de camuflaje mencionándolo simplemente como "Tercero Burgos" para evitar que el buscador digital lo vincule con su condena por violación infantil. El objetivo es proteger al abogado que hoy representa a María Jesús Rivero, figura central del Clan Ale y expareja de "La Chancha". 

Burgos defiende hoy a quienes en el año 2000 quemaron una edición de La Gaceta por orden del propio Cisneros, quien hoy controla el centenario diario. Mientras José Alperovich cumple prisión con tobillera en Puerto Madero, Burgos ostenta una "penetración territorial" que lo hace intocable en Tucumán, protegido por su padrino político, el histórico secretario de la UNT, José Hugo "El Gordo" Saab y una red judicial que incluye al clan Casas.

Hizo mucho ruido el silencio de Ni Una Menos ante las denuncias contra Rodolfo Tercero Burgos, que hasta septiembre de 2021 tuvo como abogada a Soledad Deza, presidenta de la Fundación Mujeres x Mujeres, y que ese año fue denunciada ante el tribunal de ética del Colegio de Abogados por la madre de la menor víctima, Marina Moris, que la acusó de ejercer “graves faltas éticas, morales, y de violencia a través de su actuar” como representante del denunciado durante un conflicto de revinculación.

“Deza fue defensora de Burgos y denunciada por la doctora Moris porque esta fue a retirar a su hija menor de edad sin orden judicial”, contó en 2022 a este medio el por entonces abogado de Moris, Gustavo Morales, que confirmó que en septiembre del 2021 fue reemplazada por Luis María Risso en la defensa del imputado. “A Burgos le quieren limpiar la imagen en los medios a través de Soledad Deza y otros voceros de las disidencias", acusó en su momento.

Este miércoles, en la previa de la marcha, FM La Tucumana 95.9 se comunicó con Alejandra del Castillo, donde fue consultada por el silencio de tantos años en esta causa, algo que negó y aseguró que estan junto a la madre de la menor, a pesar de las denuncias de Moris de haber atravesado todo el proceso sola: "Desde Ni Una Menos nos hemos pronunciado exigiendo justicia, hemos acompañado el juicio y a Marina (Moris). El apoyo es para que la condena quede firme. En este caso, la justicia ha ordenado hacer un nuevo juicio y estaremos acompañándola para exigir que sea condenado. Hemos denunciado la impunidad por el lugar de poder que ocupa en la universidad y sus vasos comunicantes con la justicia".

Y agregó: "Particularmente yo sí tengo contacto con ella y nos va informando las novedades. El conjunto de las organizaciones se ha pronunciado y exigido justicia. Tratamos de acompañar los juicios porque entendemos que es una herramienta de presión; cuando los familiares están solos, se genera un terreno para que los jueces puedan hacer cualquier cosa".

Juan Andrés Robles: la mano derecha de Cisneros que fue la sombra del asesino de Paola Tacacho

El cinismo de la movilización se vuelve insoportable al recordar a Paola Tacacho. Mientras el cisnerismo utiliza su nombre para atacar al Ministro Fiscal Edmundo Jiménez, oculta que el abogado estrella de Carlos Cisneros, Juan Andrés Robles, fue quien garantizó la libertad del asesino Mauricio Parada Parejas. 

Robles no fue un actor secundario: defendió al feminicida desde la primera denuncia de Paola en 2016, calificó el relato de la víctima como "inconsistente" y llegó al extremo perverso de pedir una restricción de acercamiento contra Paola para proteger a su futuro asesino.

La perversión judicial de Robles -el abogado de Carlos Cisneros: Presentar al agresor y futuro asesino como víctima de Paola Tacacho.-

Hoy, Robles es el encargado de demandar a la prensa que expone este entramado. La dirigencia de Ni Una Menos, encabezada por Milagros "Mili" Mariona, guarda un silencio cómplice sobre el rol de Robles. Mariona, cuya labor en La Nota Tucumán es financiada por aliados de Cisneros, pasó de ser vocera de víctimas a defender la red de impunidad. En una anunciada producción documental llamada "22 veces Paola Tacaho, Mariona que fue una de las elaboradoras del guion, ocultó convenientemente que Robles realizó múltiples presentaciones contra la joven docente de inglés, y que lo transforma el arquitecto de la libertad del asesino Mauricio Parada Parejas, rodeando al Poder Judicial solo cuando las investigaciones tocan a sus jefes políticos.

Juan Robles, Abogado de Carlos Cisneros y del asesino de Paola Tacacho, junto a la "lider feminista" Patricia Neme.-

Felipe Sosa: el femicidio anunciado bajo el amparo de los apellidos Sanjuan y Poviña

El femicidio de Érika Antonella Álvarez destapa otra olla de complicidades: la de las familias Sanjuan y Poviña en la justicia federal y provincial. Felipe "El Militar" Sosa goza de una presunta protección de facto que le permitió llegar al crimen de Érika con un historial "limpio" de antecedentes, gracias a un escandaloso sobreseimiento por narcotráfico regalado por el juez José Manuel Díaz Vélez, a pesar de que en su casa se encontró un invernadero industrial de cannabis y prensas hidráulicas.

Ese sobreseimiento de Sosa fue revocado en marzo de este año. El fallo, que hizo lugar a la apelación del Ministerio Público Fiscal a cargo del fiscal Rafael Alberto Vehils Ruiz, ordenó el procesamiento de Sosa y de otros dos implicados por tenencia simple de estupefacientes, al considerar que la magnitud de lo secuestrado no puede encuadrarse como consumo personal o uso medicinal.

A pesar de que en el domicilio de Sosa en Yerba Buena se encontró un operativo de escala industrial con 162 plantas, una prensa hidráulica para fabricar tabletas de marihuana, 68 frascos y casi medio kilo de droga compactada, Díaz Vélez sentenció que "no se acredita finalidad lucrativa". El juez no solo lo sobreseyó, sino que además ordenó devolverle todo el equipamiento profesional, desde la prensa hasta las lámparas LED y los filtros de carbono.

El contexto de la causa es contundente: lo que Sosa tenía en su casa de calle Frías Silva no era un cultivo casero. Contaba con paredes forradas en papel metalizado, siete lámparas LED, aire acondicionado split, ventiladores y termómetros digitales para monitorear el cultivo. Además, la presencia de una prensa con gato hidráulico y 14 envoltorios de flores compactadas en forma de tableta (listas para la venta minorista) distinguían su operación de cualquier cultivo medicinal bajo REPROCANN.

Incluso con tres carnets de REPROCANN, el límite legal era de 27 plantas y 120 gramos de flores secas: Sosa superaba ese límite en un 500%, con 162 plantas y 471 gramos de sustancia, mientras los Campos Bringas seguían presos por una fracción de esa cantidad, Sosa recuperó sus herramientas de trabajo gracias a Díaz Vélez.

En su fallo, Díaz Vélez reconoció que se había secuestrado "una cantidad considerable de material estupefaciente" pero concluyó que "no existen constancias en autos tendientes a demostrar finalidad lucrativa alguna".

La prensa hidráulica con la que se fabricaban las tabletas no probaba comercio. Las tabletas mismas no probaban comercio. Los 68 frascos —38 vacíos— no probaban comercio. Las bolsitas para fraccionar no probaban comercio. La balanza no probaba comercio. La infraestructura industrial con control de clima no probaba comercio.

Luego, José Manuel "el topo" Díaz Vélez ordenó destruir 108 plantas: los 106 plantines y 2 "excedentes". Las otras 27 debían ser devueltas "en forma proporcional" a Sosa y sus compinches imputados. El equipamiento —la prensa hidráulica, la balanza, los frascos, las bolsitas, las lámparas, los ventiladores, los filtros— también debía ser restituido a Sosa.

En enero de 2026, mientras la apelación fiscal contra su sobreseimiento dormía en la Cámara, Sosa fue detenido como principal sospechoso del femicidio de Érika Antonella Álvarez, una estudiante de enfermería de 25 años hallada en un basural.

Ante esta cadena de protección, Ni Una menos también guardó silencio.

La marcha de los paraguas: el feminismo como escudo de la Mafia Paraestatal

La marcha de las mujeres bancarias cisneristas a favor de Luli, sin ninguna pancarta en contra de los acusados.- 

Este 3 de junio, el grito de "Vivas nos queremos" será incompleto mientras las organizadoras sigan siendo empleadas del poder que protege al letrado estrella de Carlos Cisneros, a los Burgos y a los Sosa. La complicidad en esta provincia tiene geometría perfecta y domicilio conocido en las oficinas que financian el silencio.