Ana González sobre sus denuncias a funcionarios de San Miguel de Tucumán: "No es una emergencia cortar el pasto"

La concejal de San Miguel de Tucumán, Ana González, conversó con Gabriel Sanzano y Franco Carletto en La Tucumana de Mañana por FM latucumana 95.9 sobre la denuncia que radicó contra cinco funcionarios de la actual gestión municipal. La edil del bloque Compromiso Tucumán señaló una serie de irregularidades en expedientes de contratación directa realizados bajo el pretexto de la emergencia ambiental, involucrando montos que superan los 2.700 millones de pesos. Entre los funcionarios señalados como firmantes de estas contrataciones se encuentran Luciano Chincarini, Marcelo Albaca, Camila Giuliano, Rodrigo Gómez Tortosa y Sebastián Ruiz Toscano.

Durante la entrevista en FM latucumana 95.9, González explicó que su presentación judicial surge tras una auditoría de expedientes donde se detectaron mecanismos de contratación que eluden la licitación pública marcada por la ley. "Esto no es una simple denuncia, acá hay pruebas; esto no es un chusmerío de café ni de redes sociales", afirmó la concejal, subrayando que el punto más grave es la falta de control sobre las facultades delegadas por la intendenta a sus secretarios para manejar partidas de hasta 400 millones de pesos de forma directa. "La intendenta Chahla delegó esa facultad a los funcionarios y yo pregunto: ¿quién controla a los funcionarios?", cuestionó.

Uno de los ejes de la denuncia se centra en el pago a cooperativas por el mantenimiento de espacios verdes y el corte de pasto, con erogaciones mensuales que rondan los 131 millones de pesos. González detalló el caso de la Sección 2 de la ciudad, donde una cooperativa recibió casi 166 millones de pesos por tres meses de trabajo en aproximadamente diez plazas. "A un año y medio, cortar el pasto no es una emergencia, no es algo que sea imprevisible", sentenció en FM latucumana 95.9, agregando que se detectaron cooperativas que ni siquiera estaban inscriptas en el registro de proveedores municipales. También denunció sobreprecios en la fabricación de refugios para paradas de colectivos, asegurando que se pagaron 12 millones de pesos por unidad cuando los estudios de costos indican un valor de entre 4 y 5 millones.

La concejal remarcó que, si bien acompañó la declaración de emergencia ambiental a principios de año con "buena fe", considera que la herramienta está siendo mal utilizada para evitar la transparencia de las licitaciones. Por este motivo, adelantó que solicitará al Concejo Deliberante la destitución del contador general, Marcelo Albaca, por entender que no puede seguir controlando las cuentas municipales mientras es investigado por la Justicia. "Jamás pensé en poner palos en las ruedas a una gestión, pero la emergencia tiene que ser bien usada", reflexionó González, quien insistió en que el acceso a la información sobre el destino del dinero de los vecinos debe ser totalmente público.

Finalmente, González vinculó una denuncia administrativa previa en su contra, referida a la desparición de un vehículo municipal, con un intento de amedrentarla por su rol opositor. "Inventaron todo esto para quererme callar porque yo al votar el presupuesto en contra salen con esto", explicó en FM latucumana 95.9, aclarando que el vehículo en cuestión era una "chatarra" dada de baja mediante los procesos correspondientes. La concejal concluyó que su responsabilidad es defender los recursos de la capital y que seguirá "aportando pruebas" para que la justicia determine la legalidad de los actos de gobierno.