Designación ilegal de José Díaz: el perjuicio patrimonial contra la Caja Popular podría superar los $700 millones
El Tribunal de Cuentas de Tucumán declaró la "nulidad absoluta e insanable" del nombramiento del exinterventor en la planta permanente de la institución. La maniobra, ejecutada en marzo de 2023 por el actual legislador ─y cuñado de Carlos Cisneros─ Hugo Ledesma bajo instrucciones del por entonces gobernador Juan Manzur, habría generado un desfalco millonario al erario público al permitir que Díaz cobrara dos salarios de jerarquía mientras la Constitución le prohibía ejercer el cargo.
Hugo Ledesma y José Díaz. Foto Caja Popular.-
El manejo de los recursos públicos en la Caja Popular de Ahorros (CPA) quedó nuevamente bajo la lupa de la Justicia Penal tras una resolución del Tribunal de Cuentas de Tucumán(TC). El Acuerdo N° 1348, firmado por los contadores Miguel Chaiben Terraf y Marcelo Vidal, puso al descubierto una ingeniería administrativa diseñada para asegurar un "paracaídas de oro" al abogado José César Díaz, cercano al capo de la Asociación Bancaria y empresario de medios de comunicación Carlos Cisneros, a costa de un daño patrimonial que se estima cercano a los $700 millones.
Todo comenzó el 21 de junio de 2023. A través de la Resolución N° 494/23, el entonces subinterventor de la CPA, Hugo Guillermo Ledesma —quien es cuñado de Cisneros y hoy ocupa una banca en la Legislatura—, designó a su propio jefe, José Díaz, en un cargo de planta permanente de altísima jerarquía: Subgerente General Adscripto (Nivel 3).
Este cargo, reservado para empleados de carrera con años de antigüedad y acceso por concurso, fue otorgado a dedo bajo instrucciones directas del entonces gobernador Juan Manzur, días después de retomar la gobernación tras su paso por la Jefatura de Gabinete de la Nación. La jugada fue doblemente irregular: en el mismo acto donde se lo nombraba, se le concedía una "licencia política" para que pudiera seguir siendo interventor, dejando el cargo de planta "materialmente inactivo" pero reservado para su futuro.
Fragmento del Acuerdo N° 1348 publicado por el Tribunal de Cuentas.-
El eje central del impacto económico radica en la violación del Artículo 9° de la Constitución de Tucumán, que prohíbe taxativamente la acumulación de dos cargos a sueldo en el Estado. La norma es clara: la aceptación del segundo puesto produce la vacancia automática del primero.
Al aceptar el cargo de planta el 21 de junio de 2023, Díaz dejó de ser legalmente el interventor. Sin embargo, siguió percibiendo ambos beneficios y ejerciendo el mando de la Caja hasta enero de 2026. El Tribunal de Cuentas inició una comprobación sumaria para cuantificar con exactitud el daño, pero los cálculos preliminares son escandalosos.
La nota de eltucumano.com del 06 de abril de 2026.-
Cinco vicios que anulan el acto
El Tribunal calificó la designación como una "desviación de poder", señalando que no buscaba satisfacer una necesidad del servicio, sino un beneficio personal. Entre las irregularidades detectadas figuran:
- Vicio de competencia: Ledesma firmó sin acreditar que Díaz estuviera impedido de hacerlo, salteándose los reglamentos internos.
- Vicio de procedimiento: Se omitieron los concursos de méritos obligatorios para cargos jerárquicos.
- Falta de motivación: El dictamen jurídico previo ni siquiera mencionaba el nombre de la persona a la que se iba a nombrar.
- Vicio en la finalidad: El acto fue un medio para asegurar estabilidad laboral política, no técnica.
- Violación del objeto: Contradicción directa con la prohibición constitucional de cobrar dos sueldos.
La situación actual de José Díaz agrava el escándalo. Desde el 9 de marzo de 2026, el exinterventor se encuentra con licencia psiquiátrica con goce de haberes percibiendo su sueldo de la Caja Popular. Sin embargo, el Tribunal constató que, mientras alega problemas de salud para su cargo público, se desempeña activamente como abogado privado.
Se lo ha visto participando vía Zoom en audiencias públicas representando a las hijas de Carlos Cisneros en una causa de censura que iniciaron contra eltucumano.com, y también firmando impugnaciones en el sonado caso de los jugadores de Vélez Sarsfield.
Esta doble realidad —cobrar licencia médica del Estado mientras se ejerce privadamente la profesión— refuerza el conflicto de intereses y la falta de transparencia advertida por el organismo de control.
Documento de la CPA sobre la licencia de José Díaz y la abogada Patricia Neme, ambos con licencia psiquiátrica y con goce de sueldo.-
Ante la gravedad de los hallazgos, el Tribunal de Cuentas remitió todas las actuaciones al Ministerio Público Fiscal por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Asimismo, se notificó formalmente al gobernador Osvaldo Jaldo para que inicie las medidas disciplinarias pertinentes contra los involucrados. El contador Martín Colomo y el CPN Roger Valor tienen ahora un plazo de 60 días para cerrar la investigación y determinar el monto final que Díaz y quienes avalaron su nombramiento deberán responder ante la provincia.
Fragmento del Acuerdo N° 1348 publicado por el Tribunal de Cuentas.-
