Piden la detención de Tapia y Toviggino mientras la Cámara Federal de Tucumán define el futuro del juez de la causa
El fiscal santiagueño Pedro Simón solicitó el arresto de los máximos directivos del fútbol argentino por presunto lavado de dinero a través de empresas fantasma. La decisión sobre la continuidad del juez Sebastián Argibay, cuestionado por sus vínculos con los imputados, quedó en manos de una Cámara con algunos integrantes tucumanos ligados al poder de la AFA.
El pasado viernes, el fiscal Federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, solicitó detener a Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino, los hombres que manejan a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desde hace casi una década.
La investigación apunta a un complejo entramado de lavado de dinero donde empresas como Maltes, Líndor y Neurus —creadas apenas en mayo de 2025— habrían facturado hasta $10.000 millones a la AFA, desviando luego los fondos hacia plazos fijos multimillonarios en el Banco Coinag de Rosario. Entre los beneficiarios de estos depósitos figuran Florencia Santinara, pareja de Toviggino, y Mauro Paz, señalado como uno de sus testaferros, según informó Clarín.
Sin embargo, el avance de la causa se encuentra empantanado por la figura del juez federal Sebastián Argibay, a quien el fiscal Simón tildó de "zapato de plomo" para la instrucción. Sobre Argibay pesan graves sospechas de parcialidad: se descubrió que le vendió a Toviggino una finca por $20 millones cuando su valor real de mercado asciende a los $200 millones. Además, se reportó que uno de los hijos del magistrado obtuvo un crédito hipotecario para primera vivienda otorgado por la gobernación de Santiago del Estero, vinculada políticamente a los investigados.
Ante la negativa de Argibay de apartarse voluntariamente, la Cámara Federal de Tucumán debe decidir ahora si el juez continúa al frente del expediente. Esta resolución genera suspicacias debido a la composición del tribunal. Uno de sus miembros es Ricardo Sanjuan, quien hasta hace apenas un mes integraba el Tribunal de Ética de la propia AFA.
El caso más polémico dentro de la Cámara es el de Fernando Poviña. El magistrado fue señalado por Clarín por "sus lazos" con AFA debido a su rol activo como dirigente en el club Atlético Tucumán, rol que asumió formalmente el pasado 8 de agosto de 2025 como miembro titular del Tribunal de Ética y Disciplina del club.
Tal como informó eltucumano en septiembre de 2025, la conducta de Poviña constituye una violación directa del artículo 8, inciso m) del Reglamento para la Justicia Nacional, que prohíbe categóricamente a los magistrados "participar en comisiones directivas de ninguna asociación sin autorización de la respectiva autoridad de superintendencia".
Piedra libre para el juez federal Fernando Poviña.-
Para jueces federales, esa autorización debe ser otorgada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante resolución específica, según establece el artículo 9 del mismo reglamento. Una autorización que Poviña jamás solicitó y que no existe en la base de datos oficial.
Para mayor evidencia de la inconducta de Poviña, cabe recordar que su candidatura fue legítimamente impugnada por Álvaro Gómez Ugarte, apoderado legal de la lista opositora "Atlético Siempre Primero", quien invocó correctamente la prohibición del artículo 8 del reglamento judicial.
Sin embargo, la Junta Electoral del club, inducida por los abogados directivos del club que sabían de la gravedad de la situación de Poviña, fue inducida a error y resolvió el 14 de junio de 2025 que "no existe ninguna norma nacional ni reglamento judicial que prohíba a un juez integrar un organismo de contralor de una asociación civil".
Mientras el fiscal federal Simón asume lo que podría ser la decisión más crucial de su carrera, la Cámara Federal de Tucumán se enfrenta al dilema de sostener a un juez cuestionado o dar vía libre a una investigación que amenaza los cimientos del poder futbolístico en Argentina.
La Cámara Federal de Tucumán está compuesta por Ricardo Sanjuan; Mario Leal; Marina Cossio; Patricia Moltini y Poviña.
