Tucumán refuerza la seguridad ante una ola de amenazas de tiroteos en colegios
Tras los mensajes intimidatorios hallados en los colegios San Francisco y Guillermina, el gobernador Osvaldo Jaldo decretó medidas extremas que incluyen sanciones a directivos, la posible expulsión de alumnos y responsabilidad penal para los padres. El fenómeno, que se investiga como un reto viral de redes sociales, se replica en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza en un contexto de máxima sensibilidad tras una tragedia reciente en Santa Fe.
Imagen de archivo. Jaldo, Girvau y Aguero Gamboa.-
La comunidad educativa de Tucumán atraviesa días de profunda inquietud. La aparición de inscripciones amenazantes en los baños de dos tradicionales instituciones privadas de la capital, el Colegio San Francisco y el Guillermina, activó protocolos de emergencia y una respuesta política inmediata.
El alerta comenzó el pasado martes 14 de abril, cuando las autoridades del Colegio San Francisco, ubicado en barrio Norte, descubrieron en el baño de varones una inscripción que anunciaba un tiroteo para el miércoles 15 de abril. La institución solicitó de inmediato custodia policial y reforzó el control de las pertenencias de los alumnos, instando a los padres a dialogar con sus hijos sobre la gravedad de estos actos.
Casi en simultáneo, se reportó una situación idéntica en el Colegio Guillermina. El mensaje allí fue aún más directo: "Mañana tiroteo.15 de abril. No vengan". Ante esto, el establecimiento retrasó el ingreso escolar y desvió el acceso por una entrada secundaria para realizar una revisión exhaustiva de mochilas. Aunque las clases no se suspendieron, el temor provocó un ausentismo masivo por parte de familias que decidieron no enviar a sus hijos.
La respuesta del Gobierno
El Decreto 772/7 Ante la escalada de amenazas, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, firmó el Decreto N.º 772/7 M.S., estableciendo sanciones severas para frenar lo que las autoridades califican como alteraciones del orden público. Los puntos clave de la normativa incluyen:
- Sanciones a instituciones: Los directivos de colegios públicos y privados serán responsables del cuidado de los alumnos; el incumplimiento podría derivar en la pérdida de subsidios estatales.
- Expulsión de alumnos: El Ministerio de Educación podrá expulsar del sistema educativo provincial durante el ciclo lectivo vigente a los estudiantes que pongan en riesgo el normal desarrollo de las clases.
- Responsabilidad de los padres: Los tutores legales serán responsables administrativa y judicialmente por las conductas de los menores, incluyendo la responsabilidad solidaria por daños ocasionados.
- Traslado de menores: Los involucrados en hechos graves podrán ser trasladados al Instituto Brochero de Benjamín Paz, previa intervención judicial.
La situación en Tucumán no es aislada. Se investiga si estas amenazas responden a un reto viral de TikTok, dado que inscripciones similares aparecieron en diversas provincias.
En la Ciudad de Buenos Aires, el prestigioso colegio Carlos Pellegrini repudió un grafiti que rezaba: "Viernes 16. Los vamos a matar. Tiroteo". Por su parte, en el instituto del club Vélez Sársfield, una amenaza advertía que el colegio se convertiría en una "morgue", vinculando el acto con casos de bullying. En Villa Elisa (Buenos Aires), la Escuela N°26 también halló mensajes intimidatorios: "Mañana 15/04 tiroteo, el que arriesga que venga". Casos similares se reportaron en la Escuela 4-143 de Las Heras, Mendoza, y en diversos establecimientos de la provincia de Córdoba.
La sensibilidad social frente a estas amenazas es extrema debido a un hecho de violencia real ocurrido a principios de abril en San Cristóbal, Santa Fe. Allí, un alumno de 15 años ingresó armado a su escuela y asesinó a un compañero, marcando un trágico precedente que las autoridades buscan evitar a toda costa mediante estos nuevos protocolos de seguridad y vigilancia.
Mientras la Justicia y la Policía, bajo el mando de Joaquín Girvau en Tucumán, intentan identificar a los autores de las pintadas, el llamado generalizado es a la "responsabilidad compartida" entre las escuelas y las familias para garantizar un ambiente seguro.
