"Crueldad y gran despliegue": sospechan de una red de encubrimiento detrás del crimen de Érika Álvarez
Durante la última audiencia la fiscalía advirtió que habría más personas que ayudaron a “El Militar” Sosa a borrar las evidencias del crimen de la joven.
En la Justicia crecen las sospechas de que habría existido una red de encubrimiento en el crimen de Érika Antonella Álvarez. En los últimos días, la investigación por el femicidio sumó dos nuevos nombres a la lista de sospechosos. La Justicia acusó formalmente a Jorge “Chicho” Díaz y Nicolás Navarro Flores, allegados al principal imputado Felipe “El Militar” Sosa, por el delito de encubrimiento agravado.
El fiscal Pedro Gallo sostiene que, tras el asesinato a golpes de Érika en una vivienda de Yerba Buena el pasado 7 de enero, Sosa contó con una estructura de colaboración para ocultar el cuerpo en bolsas de residuos y eliminar pruebas clave.
La fiscalía presentó evidencias técnicas, más que indiciarias, para fundamentar las acusaciones contra los nuevos detenidos:
Jorge “Chicho” Díaz: Fue visto en la casa de Sosa a bordo de una camioneta de la empresa "Mundo Limpio". Se retiró horas después con bolsas de residuos en la caja, por lo que se sospecha que realizó tareas de limpieza en la escena. La fiscalía desestimó la versión de Justina Gordillo (ex pareja de Sosa), quien lo señalaba como el responsable de destruir el celular de la víctima.
Nicolás Navarro Flores: Habría acudido al domicilio tras un llamado de Sosa y permanecido allí varias horas. Los investigadores creen que colaboró activamente en la desaparición del cuerpo.
Justina Gordillo: Sigue imputada por asistir en la fuga de Sosa, ocultar el cadáver y ayudar a eliminar el teléfono de Álvarez.
Por su parte, Carlos Garmendia, abogado de la familia Álvarez, destacó la "crueldad" del crimen y el "gran despliegue" realizado por Sosa para asegurar su impunidad. “No se sabe qué pasó con su ropa ni con su celular”, sentenció ante la jueza.
Mientras que los defensores Juan Pablo Bello, Patricio Char y Candelaria Hernández cuestionaron la legalidad de las detenciones y la solidez de las pruebas. Alegaron que los procedimientos policiales fueron irregulares y que el tiempo de permanencia de sus defendidos en la casa de Sosa no era suficiente para realizar maniobras de ocultamiento. Además, Char solicitó considerar la salud de Navarro Flores, quien es insulinodependiente.
La jueza Isolina Apás Pérez de Nucci validó las acusaciones al considerar que las evidencias presentadas son suficientes. Aunque rechazó los pedidos de nulidad de las defensas, ordenó a la fiscalía investigar las denuncias sobre el accionar policial.
Ambos sospechosos permanecerán en prisión preventiva por tres meses. Antes de finalizar, los nuevos imputados adelantaron que prestarán declaración ante el fiscal Gallo para "contar su verdad" sobre lo ocurrido.
