Tras el fallo en su contra, la empresa a cargo del estacionamiento medido de San Miguel de Tucumán recurre a la Corte Suprema
La firma, que se quedaba con el 85% de lo que recaudaba el sistema implementado por el exintendente Germán Alfaro, presentó un recurso de casación contra la sentencia que había revocado la adjudicación. La Municipalidad aguarda una definición.
Imagen de archivo.-
La definición por el estacionamiento medido implementado en San Miguel de Tucumán en 2022 y suspendido un par de meses después de ese mismo año, continúa esperando una nueva definición judicial, ya que la empresa Tecno Agro Vial, la unión transitoria de empresas (UTE) contratada para prestar este servicio, presentó un recurso de casación en contra de la sentencia dictada por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que había revocado la adjudicación decretada durante la gestión del ex intendente Germán Alfaro.
A principios de junio de este año, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo declaró la nulidad del decreto municipal 4.711/21, dictado y firmado la gestión alfarista, que adjudicaba la concesión del estacionamiento pago en la Capital, y descartó el contrato firmado con la firma, que durante el tiempo que funcionó el sistema, se llevó el 85% de lo recaudado, mientras que el 15% restante iban a las arcas municipales.
A través del abogado Esteban Galvaire Monroy, la UTE consideró que el fallo favorable a los demandantes en el marco de esa acción de amparo colectivo “invalida de forma arbitraria” el acuerdo por la explotación del estacionamiento medido, de fugaz implementación en la ciudad a mediados de 2022.
Con esto, Tecno Agro Vial busca que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) revierta lo dispuesto en primera instancia por las juezas Ana María José Nazur y Felicitas Masaguer. La empresa anticipó además que, en caso de un nuevo revés en este caso, recurrirá al máximo tribunal del país.
Según La Gaceta, en la sede de 9 de Julio y Lavalle aguardaban con expectativas los próximos pasos legales de la UTE, dado que la intención es redactar un nuevo pliego para licitar el servicio, en el marco del plan de ordenamiento del tránsito en la ciudad.
Con el recurso de casación presentado ante la Sala II, no se podrá avanzar formalmente en ese sentido, al menos en lo inmediato, dado que se necesita que el fallo quede firme para adjudicar este contrato.
El veredicto hizo lugar a las demandas efectuadas por distintos actores, como la organización de usuarios Fodecus; la Defensoría del Pueblo; y un grupo de “cuidacoches”.
En un escrito de 35 fojas, Tecno Agro Vial hizo un repaso del proceso de contratación directa efectuado por el municipio -luego de fracasados dos intentos de licitación pública-; y enumeró las normativas que dieron sustento al acuerdo por el estacionamiento medido.
“La sentencia recurrida no ha dado adecuado tratamiento de derecho a las pretensiones propuesta por la parte actora ni ha realizado un correcto análisis de vía que el propio tribunal le ha impreso; es decir, la Acción de Clase - Amparo Colectivo”, advirtió la UTE, vía su abogado.
El recurso remarca que las firmas que integran la UTE “tienen una amplia trayectoria en materia de contratación con el Estado, y por lo tanto, sobrada experiencia y capacidad para desarrollar y llevar a cabo el servicio de estacionamiento medido. “De hecho hasta el despacho de la cautelar (en agosto de 2022) el servicio funciono de manera correcta”, agrega el escrito. En ese sentido, insiste con que ambas empresas “cumplen con los requisitos necesarios para el desarrollo de software y manejo del estacionamiento medido”.
Ahora, el resto de las partes debe responder al traslado remitido por la Sala II. Y más allá de lo que resuelva el tribunal, la empresa aclaró que está dispuesta a agotar las instancias en este proceso judicial.
