Robo del celular al gobernador Jaldo: investigan si hubo filtración de datos sensibles y motivación política
Durante 50 minutos, el teléfono del gobernador tucumano estuvo en poder de una mujer vinculada a la comuna de Los Pizarros. La Justicia analiza si hubo acceso a información sensible y si detrás del hecho hay una operación vinculada a la reciente intervención del municipio de Alberdi por presuntos vínculos con el narcotráfico. La acusada permanece detenida con prisión preventiva.
Osvaldo Jaldo y su celular. Imagen de archivo. Foto de La Gaceta.-
Cincuenta minutos. Este fue el tiempo que la acusada de robar el celular del gobernador Osvaldo Jaldo durante un acto en La Cocha, tuvo el dispositivo en su poder y es la razón por la que ayer fue trasladada al complejo penitenciario de Delfín Gallo, luego de que el juez Cristian Velázquez, dictaminara su prisión preventiva durante 30 días.
El hecho ocurrió el pasado miércoles en el municipio del sur tucumano, a donde Jaldo y buena parte del gabinete habían partido durante esa mañana para encabezar diferentes actos y eventos institucionales.
Luego del almuerzo, subió a un escenario para hablar ante militantes y vecinos de esa ciudad y de las seis comunas del departamento. Al bajar, como acostumbra, la gente comenzó a acercarse para saludarlo y tomarse fotografías. En ese tramo, hasta la camioneta que lo aguardaba, alguien metió la mano en sus bolsillos y le quitó el móvil.
Al subir al vehículo para regresar, el mandatario se percató de que no tenía su teléfono, modelo Samsung Galaxy S25 Plus. De inmediato, personal de seguridad del mandatario y efectivos de la zona comenzaron a indagar entre los presentes. Así, revisaron las imágenes tomadas por un fotógrafo que se encontraba allí y vieron a una mujer que -en apariencia- mete la mano en el bolsillo del saco de Jaldo.
Dirigentes locales la identificaron como Liliana “Pampita” Carrizo y, ya con aviso a la Policía, acudieron hasta su domicilio en Los Pizarro, a unos siete kilómetros del lugar.
Efectivamente, tenía el móvil del gobernador en su poder. Tras ser reintegrado el teléfono, luego de aproximadamente una hora, la mujer quedó aprehendida en la comisaría de La Cocha.
Tras un allanamiento en su domicilio, donde la Justicia secuestró un celular, una notebook y tres pendrive, los investigadores ponen el foco en saber qué hizo la mujer con el celular del Gobernador. El fiscal Héctor Fabián Assad dejó en claro que no descarta que haya existido una maniobra para obtener información del móvil del titular del Poder Ejecutivo.
"Se debe agravar la imputación porque quedó claro que estaba preparada para cometer ese ilícito. Además, todavía no está claro cuál fue el fin de ese robo”, fundamentó Paula Morales, designada por Jaldo como abogada querellante.
Por su parte, la auxiliar de la fiscalía a cargo de la causa, Emilse Guevara, señaló que “nos queda determinar qué hizo con el celular durante los más de 50 minutos que lo tuvo en su poder". "No podemos dejar de mencionar que en ese móvil debe haber información muy importante sobre cuestiones de Estado que pueden afectar a las instituciones y hasta a la seguridad pública”, destacó la funcionaria judicial.
En ese sentido, Guevara dijo que están analizando las cámaras de seguridad para determinar con quién estuvo después de haber hurtado el celular; entrevistar a personas con el objeto de determinar si estuvo en contacto con terceros después de haber cometido el ilícito; y analizar los tres pendrives, el celular y la computadora de “Conectar Igualdad” que se secuestraron en el allanamiento que hicieron los policías el jueves por la noche en el domicilio de la acusada. “Creemos que si se le otorga la libertad podría entorpecer la investigación y hasta fugarse por lo que hizo”, añadió la auxiliar, que siguió las instrucciones de Assad.
“No podemos descartar que haya una banda detrás de este hecho. Una organización que podría haber enviado a la acusada a hurtar el celular del gobernador Jaldo para extraer información sensible que puede afectar la seguridad pública y las instituciones tucumanas”, aseguró la querellante Morales. “De confirmarse esta versión, estaríamos ante un caso de gravedad institucional sin precedentes en la historia de la provincia. Por eso se debe investigar hasta las últimas consecuencias”, finalizó.
La investigación judicial apunta a dilucidar si el robo fue planeado y organizado, ya que la autora o los autores involucrados podrían haber realizado en 50 minutos diferentes maniobras, como clonar particiones del sistema, instalar un malware persistente, subir contenidos a servidores externos y hasta borrar rastros manuales del acceso. Incluso, si bien se recuperó el teléfono aparentemente intacto, el dispositivo corre el peligro de que se haya instalado un spyware silencioso persistente, si se aprovechó una vulnerabilidad del sistema Android correspondiente al modelo de celular utilizado por el Gobernador.
¿Una maniobra política?
Desde el diario La Gaceta, aventaron sospechas de que el robo del celular sea por una cuestión política tras la intervención del municipio de Juan Bautista Alberdi, luego de que se hiciera público un audio sobre presuntos vínculos de funcionarios con el narcotráfico.
Vecinos de Los Pizarros, no salen de asombro por el hecho y por conocer a la mujer detenida, a la que vinculan con la subdelegada comunal. “Ella trabaja en la Comuna, tiene cargos ahí y además limpia en la escuela técnica de San Ignacio. Es casi ‘una mano derecha’ de la subdelegada comunal, Gisella Robles”, señal un vendedor ambulante que se instala habitualmente cerca de la escuela local.
Susana, una vecina del barrio donde vive Pampita Carrizo, contó que “en el pueblo hay fuertes rumores que podría haber sido enviada por gente de Alberdi". "Nos da mucha vergüenza que el pueblo sea noticia por esto”, añadió, visiblemente afectada por la repercusión del caso.
“Ella siempre fue de bajo perfil y muy poco conversaba con los vecinos; pero en los eventos políticos que había en La Cocha, ella siempre estaba primero junto a la subdelegada”, expresó otra vecina.
Además, relató el impacto que vivieron los hijos de Carrizo durante el allanamiento, en el cual la Policía secuestró celulares y computadoras del programa Conectar Igualdad. “Nos da mucha pena por sus hijos, porque son menores, pero el caso no deja de ser extraño para nosotros. No le robó a cualquier persona, le robó al gobernador”, subrayó. La misma mujer, con cierto tono de sospecha, apuntó: “Si la subdelegada la estaba llevando a la Comisaría antes de que la Policía llegue al domicilio, es por algo; hay cosas que no cierran en el caso. Si la absuelven, tendrá que irse del pueblo porque es muy vergonzoso lo que hizo”.
