Una encuesta reveló que más de la mitad de los tucumanos no conoce cuál es la función de la Legislatura
Un relevamiento realizado por el Poder Legislativo en diferentes localidades de la provincia. El 73,6% de los encuestados, reconoció que "no sabía o no recordaba" dónde se podía consultar leyes de Tucumán.
Imagen de archivo.-
En días donde la Legislatura de Tucumán busca consolidar el Digesto Jurídico Provincial, se conoció una encuesta realizada por la misma cámara que arrojó que más de la mitad de los tucumanos no conocen cuál es la función del parlamento.
El relevamiento fue sobre acceso, comprensión y confianza en las normas jurídicas en Tucumán. De un universo de 600 consultados, de distintos rangos etarios, nivel de formación escolar y académica y de género, casi el 53% dijo que no sabe o no puede responder con certeza cuál es la función de la Legislatura.
En el mismo relevamiento, que se tuvo 60 puntos de muestra, de los cuales 25 fueron en San Miguel de Tucumán, siete en Yerba Buena y siete en Tafí Viejo, un 33,6% de los encuestados consideró que conocía las leyes más importantes que rigen en la provincia. Sin embargo, al solicitarles que mencionen algunas de ellas, un 68% no supo responder. De los que respondieron afirmativamente, la mayoría tenía conocimiento sobre normas laborales o de tránsito.
Aunque más de la mitad de los encuestados dijo no saber cuál es la función de la Legislatura, el 92% de la ciudadanía consideró necesario mejorar el acceso a las leyes. El 52,5% de los participantes -especialmente, entre 16 y 44 años- dijeron que utilizaron internet para buscar una ley. Sin embargo, el 73,6% reconoció que no sabía o no recordaba dónde se podía consultar leyes de Tucumán.
Este último dato generó impacto en la Cámara, cuya finalidad en una república es crear, modificar o derogar leyes, además de controlar a los poderes Ejecutivo y Judicial. De hecho, se plasmó como conclusión que existe un “desconocimiento institucional generalizado de las leyes provinciales que compromete el ejercicio mismo de la ciudadanía, ya que no se puede exigir ni cumplir lo que no se conoce”.
En ese sentido, al indagar al respecto, los encuestadores detectaron que existe una brecha generacional, educativa y digital respecto al acceso a las leyes. “Los datos muestran que el acceso a la normativa no está democratizado. Entre quienes tienen nivel primario incompleto o completo, más del 70% nunca ha consultado leyes por medios digitales", detalló La Gaceta sobre los resultados.
Entre los mayores de 60 años, la desinformación se duplica en comparación con los jóvenes. Por el contrario, en los sectores con formación universitaria, el 65% utiliza medios digitales para informarse sobre legislación. Sin embargo, incluso en este grupo, menos del 30 % conoce las plataformas oficiales”, se dio a conocer.
Se concluyó entonces que sin capacitación, acompañamiento territorial y diseño inclusivo, la digitalización es exclusión encubierta. Además, al indagar sobre el rol de la Legislatura, el 97,1% opinó que la Cámara compuesta por 49 parlamentarios y un presidente debería hacer más esfuerzos para comunicar sus decisiones. “Sólo el 12% confía en que las leyes que sanciona (la Legislatura) representan los intereses ciudadanos”, se indicó.
“Este doble diagnóstico (falta de información y falta de confianza) configura una crisis de legitimidad. La institución aparece como lejana y ajena, incluso en los sectores más informados. La percepción de utilidad tampoco es clara: menos del 25% logra vincular el trabajo legislativo con su vida cotidiana, lo que refleja una desconexión simbólica profunda entre Estado y sociedad”, se reflexionó en el informe. Se agregó que el 39% reconoció que el lenguaje complejo era el principal obstáculo para intentar comprender una ley, pero el 28% afirmó también que le provoca poco interés.
Con el relevamiento también se conoció que el 79% de los encuestados consideró que sería muy útil una aplicación con lenguaje claro para consultar leyes. Sin embargo, al preguntar qué acciones consideran que serían beneficiosas para que la Cámara acerque su trabajo a la ciudadanía, un 73% optó por estrategias presenciales: charlas informativa en barrios (38,6%), material educativo en las aulas (18,5%) y audiencias participativas (16,3%). “La ciudadanía no rechaza las leyes. Lo que rechaza es el modo en que están escritas”, fue parte de la conclusión.
La tarea de la comisión de Digesto Jurídico y Modernización Legislativa por la consolidación de la normativa vigente entró en la recta final. Las distintas comisiones parlamentarias vienen dictaminando las tareas de actualización que se realizaron con personal de la Cámara y en consulta con distintos estamentos y poderes del Estado. Luego de más de 15 años sin llevarse a cabo, está previsto que la consolidación de las normas se aborde en cuatro sesiones: martes 24 y miércoles 25 de junio; y martes 1 y miércoles 2 de julio. Integran el comité C. Vargas Aignasse; Verón Guerra; Berarducci; Ocaranza; Olea; Álvarez; y Noguera.
