Osvaldo Jaldo pone un freno al lobby judicial: "No vamos a nombrar 50 jueces de una sola vez"
El gobernador de Tucumán frenó el lobby de la familia judicial de Tucumán que exige al Poder Ejecutivo cubrir las más de 70 vacantes que hoy existen. Mientras el gobernador pone cautela para no incrementar aún más las millonarias cifras que demanda el funcionamiento de la Justicia tucumana ─con un gasto en 2025 cercano a los $200 mil millones de pesos ─, en el Palacio de Tribunales los nombramientos no cesan.
Osvaldo Jaldo. Atrás Daniel Leiva y la ultrafeminista presidenta del FAM, Marcela Machi Ruiz.-
Este viernes, autoridades del Poder Judicial y de la Provincia, participaron de la apertura del Congreso de Inteligencia Artificial en la Justicia, organizado por la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM) y la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán (AMT), que se realizó en el Hotel Catalinas Park y contó con asistentes de todo el país.
Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán, fue parte del evento y tras disertar en la presentación, habló con la prensa y respondió a las consultas de las presiones de la Justicia para cubrir las vacantes y ternas de jueces que aún esperan definición. “No se deben hacer por el número de vacantes sino por la necesidad de servicio en cada uno de los lugares”, respondió con contundencia el mandatario ante las exigencias de la Corte Suprema de Justicia, con los que mantiene conversaciones regularmente. “Tenemos que saber qué vacante es indispensable y necesaria cubrirla porque trae aparejado un costo financiero y presupuestario, no es solo nombrar jueces, también hay una infraestructura que está a la vuelta” del magistrado, explicó.
Y agregó: “Este gobernador no va a firmar la designación de un juez que no justifique la mejor atención de los ciudadanos, no vamos a firmar designaciones masivas hasta que el Poder Judicial nos indique cuál es la necesidad o prioridad y por donde tenemos que empezar”.
En diciembre de 2024, la Legislatura de la Provincia aprobó el Presupuesto 2025 elaborado por el Ejecutivo (PE) para el funcionamiento de todo el Estado. Este prevé erogaciones por 3,4 billones de pesos, de los cuales el Poder Judicial se lleva 181.200 millones de pesos, lo que representa un 5,33% del presupuesto anual.
Estas cifras millonarias, las cuales cuestan imaginar para un ciudadano común, son las que el gobernador trata de no incrementar, por lo que puso cautela al pedido de designaciones. “En momentos financieros muy difíciles, seguramente por ahí, a los juzgados de Familia hay que darle prioridad o a los que tienen sensibilidad por los casos que tratan, pero no vamos a nombrar 50 jueces de una sola vez, también tenemos que ver el rendimiento. Si el (Poder) Ejecutivo se esfuerza lo deben hacer todos”, sentenció.
Y fue más allá: “En el Ejecutivo tengo más de 6 mil vacantes producto de gente que se jubiló y otros que se acogieron al Retiro Voluntario, pero ¿por qué haya vacantes voy a realizar 5 mil nombramiento…? No es así”.
A principios de mayo, a través de una nota de La Gaceta, la familia judicial hizo lobby por los "70 cargos y 42 vacantes" sin definición que existen en la actualidad y que el último nombramiento de magistrados fue realizado hace ya más de un año. "Desde que inició su gestión ya juraron 41 jueces, fiscales y defensores. Pero desde marzo del año pasado dejó de hacerlo", describió el centenario diario.
A pesar del lobby judicial para más nombramientos, a fines del 2024 y comienzos del 2025, el Poder Judicial evidenció gran salto en los nombramientos y ascensos a dedo en las diferentes y numerosas oficinal del Palacio de Tribunales.
En la actualidad, existirían aproximadamente 50 relatores y unos 75 secretarios de Corte, cuyos salarios es equiparable a los salarios de un juez de primera instancia, lo que podría significar la apertura de 7 nuevos fueros a servicio de los tucumanos.
Es tal la desidia y la ineficiencia del millonario Poder Judicial de Tucumán, que le costará a los tucumanos $181.200 millones durante este 2025, que el 70% de los funcionarios judiciales no se encuentran en oficinas jurisdiccionales donde deberían estar trabajando para dar respuestas a la sociedad, y se encuentran ocupando espacios sin tareas específicas en diferentes oficinas, como son las del Centro de Especialización y Capacitación Judicial, la Dirección de Comunicación Pública, la oficina de Derechos Humanos y Justicia y la oficina de la Mujer, entre otras.
En agosto de 2023, eltucumano.com intentó arrojar luz sobre el funcionamiento de la Dirección de Comunicación Pública, al presentar un requerimiento formal de Acceso a Información Pública ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia cargado de interrogantes sobre la transparencia y el acceso a la información en el Poder Judicial de Tucumán. La solicitud fue rechazada.
Además, el trabajo eficiente de la Justicia tucumana quedó resentido luego de que la Ley 9.607 habilitara a crear dos megaestructuras dentro del Poder Judicial, como lo son las oficinas de Planificación Estratégica y Gestión Judicial, cuyos titulares se manejarían como vocales de Corte, dejando a jueces, funcionarios judiciales y empleados bajo su completa dependencia.
