Ex Fiscal Federal Gustavo Gómez: "La Justicia es el servicio más caro del Estado y el que peor funciona"

Después de 24 años, Gustavo Gómez dejó el cargo de fiscal federal ante la Cámara Federal de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. Desde Bariloche, rompió el silencio y charló de todo con Gabriel Sanzano y Franco Carletto en La Tucumana de Mañana (FM LATUCUMANA 95.9): sus encuentros con el Papa Francisco, las falencias y la corrupción en la Justicia, la postergada Reforma Judicial, la baja en la edad de imputabilidad y hasta el robo de la ciudad universitaria de San Javier a la Universidad Nacional de Tucumán: "Se ha elevado una causa juicio que nada tiene que ver con el procesamiento y las estafas que se le hicieron a la universidad", advirtió, respecto del sainete judicial que entró en su etapa final en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, causa de la que fuera apartado. Sobre la Justicia, y más en el sistema federal, reflexionó: "La Justicia es el servicio más caro del Estado y el que peor funciona".

“Todavía este sigo recibiendo montones de mensajes, preguntándome por cuestiones ambientales, y me siguen diciendo el fiscal Gómez. Alguna vez Adolfo Pérez Esquivel hace ya muchos años, cuando yo le dije que tenía ganas de irme, me dijo: "Mira, Gustavo, si vos te vas, vas a seguir siendo el fiscal del pueblo, así que no podés ser el exfiscal". Pero bueno, lo acepto, no sean problemas”, sostuvo Gómez, antes de repasar sus encuentros con el Papa Francisco, a días de su fallecimiento y ante el inicio del Cónclave que definirá a su sucesor en El Vaticano: “Yo estuve con él durante el primer año de su papado, de su ministerio, sobre todo porque él estaba preocupado por cuestiones ambientales. Tuve cuatro oportunidades, y en una de ellas, de una hora y media, estuve con también con Pino Solanas, que hizo todo un video en aquel momento que todavía está en YouTube. Una entrevista espectacular, me impactó muchísimo encontrarme a una autoridad de la iglesia que estuviera preocupado por los padecimientos que estaba sufriendo nuestra querida madre tierra”, recordó.

“Quizás el legado más importante son las encíclicas. Hay dos encíclicas, la Laudato Deum y la Laudato si’ que son fundamentales, son una apuesta permanente que hizo Francisco, la protección ambiental. La primera tiene que ver con un diagnóstico muy completo, con una relación directa entre esa encíclica y los padecimientos que tenemos en Argentina; Laudato Deum es una encíclica mucho más fuerte, donde el Papa se da cuenta que no le dieron demasiada pelota en la encíclica anterior. Entonces, empieza a quejarse de calentamiento global, establece pautas por el tema del calentamiento global, hace un llamado a la juventud diciéndole: "Miren muchachos, son ustedes los que tienen que salir al encuentro de la madre tierra. Finalmente termina hablando de ecocidio. Las últimas declaraciones vinculadas al ambiente de Francisco, está hablando del grave ecocidio que están padeciendo muchos rincones de nuestro planeta y obviamente eso impacta muchísimo”, subrayó. 

Respecto de su renuncia a su fiscalía federal, admitió: “Les confieso que mi renuncia ha significado también un luto. Dejar 30 y tantos años de fiscal federal y renunciar al cargo merece también un tiempo de padecimiento, de buena gana.  A mí me gustaría poder seguir siendo fiscal, pero también es cierto que el ejercicio del cargo que yo tenía estaba entrando en un cono de muchísimas dificultades, yo veo el sistema de administración de justicia cada vez más destruido”. En ese sentido, repasó un estudio de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza que arrojó que “más del 90 y tanto por ciento de las personas que fueron encuestadas no creen en nuestro sistema (de Justicia)”, y sentenció: “Y la verdad es que le damos razones para no creer, le damos razones muy importantes”.

Gómez graficó que “más del 90% de las causas penales que se denuncian en la fiscalía, sean provinciales o federales, van a parar un archivo y los que denuncian ni siquiera se entran”, y alertó: “Somos el servicio que brinda el Estado más caro y el que peor funciona. Uno ve en la Corte Suprema de Justicia en la Nación como tres jueces, que son nada más que tres, dos se pelean contra uno para ver quién tiene la mejor página en internet para brindar información a la gente con el tema del sistema de administración de Justicia”. En el plano local, indicó: “Yo escucho de Tucumán el caso de Gustavo Morales, por ejemplo, que por los medios periodísticos aparece como un abogado detenido porque habría incumplido con una orden judicial de no hablar mal algún integrante del Ministerio Público. Y me preocupa, la libertad de expresión para mí es el derecho más importante que tenemos. Está por encima del derecho a la vida, para que tengan una idea”.

“A los gobiernos, a un Poder Ejecutivo especialmente, le interesa tener un sistema de administración de Justicia defectuoso, porque obviamente no le avanzan las causas que uno tiene contra ellos, y cada vez son menos los fiscales y los jueces. Que haya en el orden federal más de un 30% de fiscalías federales vacantes es gravísimo; que haya más de un 30% de juzgados federales vacantes es muy grave. Que existan fiscales auxiliares que no tengan acuerdo del Senado de la Nación o no tengan acuerdo de la Legislatura es la prueba más evidente de la falta de independencia del Ministerio Público Fiscal. Si yo fuera gobernador o presidente y quisiera garantizar impunidad de los que están por debajo mío, lo primero que hago es no mandarle los pliegos al Senado para que haya la menor cantidad de jueces posible”, remarcó.

En ese sentido, añadió: “A eso hay que sumarle la corrupción interna que tenemos dentro del Ministerio Público Fiscal y dentro del sistema de administración de Justicia, especialmente en materia penal. La gente tiene que entender que tenemos un sistema de administración de justicia civil, competencia administrativa, y otro que es el penal y es el que está en la boca de todos cada vez que hablamos un caso de corrupción.  Pero evidentemente el sistema de administración de justicia penal, esto de que las causas penales no avanzan, de que hay fiscales o jueces que están nombrados a dedo y por intereses políticos, la demora en las causas judiciales”.

El robo de la Ciudad Universitaria de San Javier a la Universidad Nacional de Tucumán

En mayo de 2024, en la antesala del inicio de la llamada Causa Cerisola, el fiscal federal Gustavo Gómez hizo públicas sus actuaciones antes de ser apartado de la causa por una enemistad manifiesta con el fiscal federal Carlos Brito, quien en su pedido de requerimiento de elevación a juicio -después de años de paralizar la causa- le dedicó apenas un párrafo al verdadero delito de fondo: la falsificación de la construcción de la Ciudad Universitaria que ordena construir la Ley 14.771 de creación de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio. El directorio de YMAD y el Saabismo de la UNT decidieron reemplazar la Ciudad Universitaria por obras menores por iniciativa de los directores ante YMAD por la UNT, Rodolfo Martín Campero y Mario Marigliano, para que los fondos mineros se reduzcan a la mitad y sean de libre disponibilidad para el Rectorado de Juan Alberto Cerisola.

El fiscal encubridor Brito nunca persiguió al jefe de la burocracia de la UNT desde hace 40 años, José Hugo Saab, ni a Augusto González Navarro, su brazo jurídico y autor de los dictámenes que permitieron que se declare terminada la Ciudad Universitaria de San Javier a pedido de Campero y Marigliano, para que los fondos mineros pasen a ser de libre disponibilidad del Rectorado de la UNT y en la antesala de la candidatura de Marigliano a Gobernador en 2007.

Mientras estuvo a cargo de la investigación, Gómez pidió "la detención de todos los acusados". Brito imputó al ex Rector Juan Alberto Cerisola y los exfuncionarios universitarios Olga Cudmani –directora general de Construcciones Universitarias-, Osvaldo Venturino –director de Inversiones y Contrataciones- y Luis Fernando Sacca –subsecretario de Políticas Administrativas y Gestión-. El fiscal general Gómez había requerido también la indagatoria y detención de la exvicerrectora María Luisa Rossi de Hernández y de Augusto Gonzalez Navarro y José Hugo Saab, ayer y hoy director de Asuntos Jurídicos y secretario general del Rectorado, respectivamente.

En diálogo con La Tucumana, Gómez enfatizó: “Hoy tienen una causa penal que llega a mano de ustedes, como el caso de la Universidad, que ha pasado casi 10 o 12 años en llegar (a juicio) y ha llegado una parte, ni siquiera ha llegado a la causa penal completa de un expediente que es fundamental para analizar una crisis que se vive en otra institución nacional como son las universidades. Entonces, me parece que razones para hablar de un sistema defectuoso, grave, incluso al servicio de los poderes de turno es evidente”.

En ese marco, observó: “En todos mis años nunca yo he recibido llamadas telefónicas de un integrante de un poder político para que yo actúe de una manera determinada u otra. Y sé que también eso ocurre en muchos de mis colegas, pero ante el temor, esa autocensura que también aplica a la prensa, esa autocensura que tienen los jueces, tratan de congraciarse con el poder de turno”.

“Un juez federal que pretende ascender a camarista, un juez provincial que pretende ascender a camarista sabe que su ascenso, concurso mediante, supuesto que haya un concurso, depende del poder ejecutivo y del poder legislativo. Entonces va a ser muy complicado que ese magistrado lo resuelva en contra de alguna cosa que supone no le gusta alguno de estos poderes”, denunció.

Respecto de una eventual reforma judicial, consideró que “hay que ir al sistema mexicano”, porque “lo que hace es poner en mano del ciudadano de a pie el sistema de selección de los jueces”, o el sistema que se utiliza en Miami: “Los eligen por concurso, pero después por un periodo de 4 o 5 años de ejercicio tienen que rendir cuentas a la gente, y la gente en una boleta, en un sufragio, en una elección pone si quiere que ese juez siga en su cargo o no.  Entonces, es una manera democrática para poder elegir a los magistrados. Los sistemas de jurados también son muy importantes para controlar, para que la gente confíe, porque es más difícil corromper a 11 o 12 miembros que tiene un jurado que corromper a uno solo, que puede llegar a ser un juez o tres si es un tribunal oral”.

También hizo hincapié en “la necesidad de que los fiscales generales rotaran”, al indicar que “yo estuve 24 años en Tucumán y eso no benefició nada al sistema de administración de justicia”, porque “me tendrían que haber sacado a los 5 o a los 6 años, trasladarme a otro tribunal oral o a otro juzgado de otra cámara federal”. “Es como las fuerzas de seguridad federales, que van trasladando los jefes para evitar el acomodo o el beneplácito con las autoridades políticas”, comparó.

Retomando la causa Cerisola, reprochó que “es cierto que no tienen jueces titulares para cumplir ese lugar, porque los tres cargos de jueces del Tribunal Oral Federal en Tucumán están vacantes, y eso se agrava con que no quieren dar información de lo que es una información pública, como es un expediente judicial que fue elevado a juicio”. 

“Cuando elevan una causa a juicio y se va a hacer una audiencia pública, si es expediente papel o digital, eso tiene que estar en acceso a todos los ciudadanos y que en el caso de la Universidad hayan negado ese acceso a los ciudadanos a poder acceder o a la prensa a poder acceder a esa información, me parece que justamente va en detrimento de un sistema democrático como el que pretendemos mejorar”, denunció, respecto a la negativa del Tribunal Oral Federal al pedido de acceso a la información pública que presentó eltucumano.com.

Luego, el equipo de FM La Tucumana le consultó por la actuación de los fiscales de La Cámpora, Pablo Camuña y Agustín Chit, quiénes no le hicieron preguntas a José Hugo Saab en su declaración testimonial: “Yo discrepo con la elevación en juicio, porque justamente debió haberse elevado a juicio con más imputados, con más autoridades universitarias que fueron acusadas por mí y que fueron incluso pedidas de detenciones por nuestros casos y que en ese momento el doctor Brito no los aceptó o los ignoró. En ese punto, es probable o por lo menos desde mi visión que uno no puede interrogar a un testigo que se supone que es un delincuente, pero lo que hay que hacer es decirle, ‘miren, estamos en presencia de una persona que no puede prestar declaración testimonial porque para el Ministerio Público es cómplice de los delitos que se están juzgando en este momento’”.

“Ahí hay una salvedad importante que hay que hacer. No se lo elevó a juicio, no se lo quiso ni siquiera citar a prestar declaración indagatoria. Entonces, es muy difícil en el rol que tuvieron Camuña y Chit en ese sentido, tomar una decisión o interrogarlos sobre un punto que es incluso parcial. Se ha elevado una causa juicio que nada tiene que ver con el procesamiento y las estafas que se le hicieron a la Universidad en materia de la construcción, del destino que se dio a muchos de esos fondos”, manifestó.

“No hay que perder de vista que este juicio no es un juicio por las obras que se están haciendo, sino por el manejo financiero de los dineros que se aportaron desde Minera La Alumbrera y la manipulación que se hizo desde la propia Universidad, para justamente cambiar el destino de esos fondos. Entonces, estamos hablando de un juicio parcial elevado a media. Yo no estuve nunca de acuerdo con eso. La Cámara Federal le dio la razón a Brito, esto hay que decirlo también.  Entonces, me parece que se viene una segunda causa penal donde imagino que los fiscales van a tener en cuenta un interrogatorio más profundo”, aseveró.

“Hay que investigar y hay que juzgar el desvío de fondos. Las pericias que mandó a pedir el tribunal, por ejemplo, sobre las construcciones o sobre las pericias hechas por Gendarmería Nacional no me parecen adecuadas, porque no tiene nada que ver con el hecho que se le imputa a los que hoy están siendo acusados. Yo lo he dicho en mis dictámenes, mis escritos, ustedes los han publicado. Recuerden que mi actividad como fiscal de Cámara siempre fue de absoluta transparencia. A mí cada vez que me pedían un dictamen, yo lo tenía de modo inmediato, excepto que perjudicara de alguna manera la investigación que debía hacerse en los casos inferiores. Pero a mí me llegaban los expedientes 8 años después. Entonces, fíjese usted cómo es pernicioso, cómo está de mal preparado nuestro sistema de administración de justicia, que todo va en redunda de los poderosos, de los que tienen buenos abogados, de los que saben chicanear un expediente para que se demore tantos años.  A mí me parece que es fundamental, por ejemplo, aquello que hoy se están admitiendo como autores responsables de esa famosa suspensión que se dio en el año 2007 y que yo lo señalo en mis escritos”, expuso.

Hacia el final de la entrevista, Gómez se refirió a la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional de reducir la edad de imputabilidad a 14 años: “Un preso en una comisaría es un profesor del delito. Si yo tengo comisarias abarrotadas con presos, lo que voy a tener también es la universidad del delito en una comisaría. Si a esa universidad delito yo le sumo menores para que justamente tratar de justificar el clamor social, lo que estoy haciendo es capacitando ya no en términos universitarios, sino en términos de una escuela secundaria a cómo cometer delitos; cuáles son las mejores estrategias para llevar la droga, dónde esconderla, cómo venderla, cuántos ravioles podés tener encima para que no te acusen de narcotraficante; qué habilidad tenés que tener para robar un celular; cómo manejar una moto contramano, cómo romper un vidrio, todo eso se enseña en una comisaría”.

“Si no cambiamos ese sistema penitenciario donde la recuperación, como dice nuestra Constitución Nacional, sea un hecho evidente y en beneficio social, cuantos más presos tenemos, más delitos vamos a tener. Y esto hay que entenderlo”, concluyó.

Entrevista completa al ex fiscal federal general Gustavo Gómez en FM LATUCUMANA 95.9: