Renunció el fiscal federal Carlos Brito, principal encubridor del robo de la Ciudad Universitaria contra la UNT
El fiscal Federal Nº1 dejará al cargo que ocupó por más de 38 años. Entre ese tiempo, Brito no pudo demostrar el enriquecimiento ilícito del genocida Antonio Domingo Bussi. En 20 años, no logró comprobar la contaminación de Minera Alumbrera y fue el fiscal que encubrió la mayor estafa que haya conocido la Universidad Pública argentina.
Carlos Brito es fiscal desde 1986. Foto La Gaceta.-
A partir del 1 de diciembre, la Fiscalía Federal Nº1 tendrá otro titular, ya que este viernes se confirmó la renuncia del fiscal Carlos Brito, que pone fin a una extensa carrera de más de 38 años en la Justicia Federal tucumana ─fue nombrado por Raúl Alfonsín en 1986─, dejando un historial de graves acusaciones en torno a su desempeño, principalmente en el caso del robo de la Ciudad Universitaria de San Javier contra la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), un fraude multimillonario que afectó a la provincia y quedó impune bajo su "investigación".
La renuncia del funcionario judicial fue comunicada a través de la resolución N° 261/24, que lleva la firma del procurador General de la Nación, Eduardo Casal, quien aceptó el pedido de dimisión de Brito “en razón de haberse acogido al beneficio jubilatorio”.
El procurador General sostuvo que es necesario “tener especialmente en cuenta el esfuerzo y dedicación que el doctor Brito siempre demostró a lo largo de su extensa trayectoria en este Ministerio Público Fiscal, de lo que se hace expresa mención a modo de reconocimiento”.Debido a que Vehils Ruiz también venía cumpliendo un interinato rotativo en la Fiscalía Federal N° 2 de Catamarca, Casal dispuso dejar sin efecto esa función, que ahora quedará a cargo de Santos Edgardo Reynoso, titular de la Fiscalía Federal 1 con asiento en esa provincia vecina.
Brito ─cuarto desde la derecha─ se despidió este viernes de su equipo de trabajo. Foto X/José Romero Silva.-
Brito ─de fuertes vínculos con el saabismo gobernante en la UNT y el diario La Gaceta que le garantizan que no se conozcan sus pseudo investigaciones como la que no pudo probar el enriquecimiento ilícito de Antonio Bussi a pesar de sus cuentas en suiza no declaradas─ encubrió el Robo de la Ciudad Universitaria al omitir investigar el delito principal: la falsificación de la construcción del megacampus, cuyo mandato está claramente establecido en la Ley 14.771. A pesar de contar desde 2007 con una copia del contrato Rooney-Marigliano, que originó el fraude, Brito ignoró este documento en su investigación, centrándose exclusivamente en el uso posterior de los fondos obtenidos de manera fraudulenta y señalando solamente al ex Rector Juan Alberto Cerisola como responsable de declarar terminada la Ciudad Universitaria y distrajo la investigación de tal delito investigando presuntos sobreprecios en las obras y las colocaciones financieras con los fondos de YMAD.
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En su pedido de elevación a juicio, recién en el año 2018, el fiscal Brito le dedicó apenas un párrafo al delito de fondo, el robo de la Ciudad Universitaria: “Ahora bien, merece especial análisis la conducta del ex Rector Juan Alberto Cerisola, al rubricar, como representante de la Universidad Nacional de Tucumán, el Convenio Nº 6 UNT - YMAD, de fecha 02/01/2008 en el que dio por satisfecha la obligación del YMAD de distribuir el porcentaje del 40% de sus utilidades, previsto en el art. 18, inc. "b" de la Ley 14.771, reduciendo el porcentaje al 20 % de manera arbitraria y sin un examen fundado de especialistas en la materia, es decir que no existe ningún antecedente y/o informe técnico que avalase tal decisión, advirtiendo además la llamativa fecha que se firmó”.
La actuación de Brito estuvo sistemáticamente orientada a proteger a los principales responsables políticos del desvío de fondos, como Rodolfo Martín Campero y Mario Marigliano, ambos figuras centrales del radicalismo tucumano.
A pesar de que Campero, como director de YMAD, participó directamente en la negociación del contrato que desvió fondos destinados a la construcción de la Ciudad Universitaria, Brito no avanzó en su imputación.
Otro punto crítico en la gestión de Brito fue su negativa a investigar a funcionarios universitarios que facilitaron el fraude. Entre ellos destacan el histórico Secretario Genel. José Hugo Saab (secretario general de la UNT) y Augusto "Hochi" González Navarro, autor de los dictámenes jurídicos que justificaron ilegalmente el uso de los fondos públicos como privados. Además, los dictámines firmados por González Navavarro alteraron deliberadamente la letra del artículo 18 de la Ley 14.771 para justificar la sustitución de la Ciudad Universitaria por obras menores. Estos dictámenes crearon un régimen paralelo que permitió sobreprecios de hasta 10 veces el valor base de las obras.
Además. Brito tampoco imputó ni investigó adecuadamente a otros responsables, como el abogado querellante Diego Lamoglia, quien habría actuado como un encubridor más. Además, Brito dedicó apenas un párrafo en su requerimiento de elevación a juicio a la falsificación de la Ciudad Universitaria, minimizando deliberadamente el delito.
Recién en el año 2021, Brito finalmente reconoció la gravedad del delito tras la incorporación del Acta 498 desde YMAD, que confirma la falsificación. Sin embargo, para entonces, su inacción había permitido que los responsables políticos y administrativos quedaran impunes.
La causa por el desmanejo de los fondos mineros en la UNT comenzó en el año 2010 y recién en el año 2018 Brito requirió la elevación a juicio; la causa estuvo paralizada durante largos años, fue reactivada por el fiscal federal general Gómez en abril de 2023 cuando subrogando al fiscal ante el Tribunal Oral Federal, Pablo Camuñas, pidió la detención de exrector Juan Alberto Cerisola y los exfuncionarios universitarios Olga Cudmani, Osvaldo Venturino y Luis Fernando Sacca, como también de más de 20 empresarios tucumanos.
En ese momento, Gómez también requirió la citación a indagatoria y posterior detención de María Luisa Rossi, Augusto González Navarro y José Hugo Saab, exvicerrectora y actuales director General de Asuntos Jurídicos y secretario general de la UNT en el marco de la denuncia por defraudación contra la administración pública, administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
¿Maniobra de impunidad?
En septiembre de 2023, la Cámara Federal de Apelaciones dio lugar a un pedido de recusación contra el fiscal federal General, Gustavo Gómez, realizado por el fiscal federal, Carlos Brito, por la causa “IMPUTADO: CALLATA, CRISTIAN DANIEL s/INFRACCIÓN LEY 23.737”, donde adujo una “enemistad manifiesta” contra él provocando “pérdida de objetividad que debe observar en su función, careciendo de equilibrio en los dictámenes que presenta en actuaciones donde interviene el suscripto”.
La Cámara Federal, en su fallo –que lleva la firma de los camaristas Ricardo Sanjuán, Mario Rodolfo Leal, Marina Cossio y Patricia Moltini– señaló que “la enemistad manifiesta entre el fiscal Brito y el Fiscal General Gómez conlleva la grave sospecha de la pérdida de unidad entre ellos y, en consecuencia, los fundamentos vertidos por el Dr. Gómez no resultarían suficientes para sostener que su actuación en las causas donde interviene el Dr. Brito sea, en efecto, objetiva”.
En octubre de 2023, Gómez presentó ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán una reiteración de pedido de pronto despacho y que se tenga presente la Reserva de Queja por Retardo de Justicia en la causa que investiga el Robo de la Ciudad Universitaria para en legal tiempo y forma "reiterar el pronto despacho que fuera interpuesto en fecha 03 de agosto de 2023 (agregado al legajo por Secretaría Penal en fecha 18 de septiembre de 2023 – más de un mes después)".
Esta Cámara Federal es la misma que sostuvo la extraña tesis del fiscal Carlos Brito según la cual la falsificación de todo un campus universitario no fue investigada, y, por el contrario, pasó a llamarse en los estrados federales como "renuncia arbitraria a la percepción del 40% de las utilidades que correspondían a la UNT hasta la terminación de la ciudad universitaria” por parte de Cerisola únicamente, obviando la necesaria implicancia de los directores ante YMAD por la UNT, Rodolfo Martín Campero y Mario Marigliano -ya fallecido-, exrectores y quiénes debían bregar por los intereses de la Casa de Altos Estudios en el directorio de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), y no promover el renunciamiento al gran sueño de la Ciudad Universitaria.
Gómez reactivó la causa, pidió detenciones y nuevas indagatorias, y ante ello Brito buscó recusarlo de la causa por su actuación en "Brito, Carlos Alfredo (Fiscal Federal) s/Prevaricato Pretenso Querellate: Salomón, y Otro" -Expediente FTU 3521/2022.
"Careciendo entonces el Dr. Gómez de objetividad, equilibrio y ejercicio radical y ponderado del poder penal del Estado, su actividad teñida de subjetividad por su enemistad manifiesta con el suscripto, impregna de parcialidad su actuación, y conlleva serias sospechas que el Fiscal General podría desistir del recurso interpuesto en la instancia inferior, con los argumentos allí expresados, lo que esterilizaría la vía recursiva utilizada para obtener un pronunciamiento de ese Tribunal, tendiente a revocar la resolución que declara el sobreseimiento de la imputada Ruth Fernández, por lo que debe ser apartado de estas actuaciones, lo que dejo expresamente impetrado, debiéndosele oportunamente dar intervención al Señor Fiscal General ante el Tribunal Oral de Tucumán, Dr. Pablo Camuña", arremetió Brito el 30 de octubre de 2023 ante la Cámara Federal de Apelaciones.
Gómez respondió a la Cámara Federal señalando que en otra causa en la que intervino, el Fiscal Brito no lo recusó (Querellante: Micaela e Italia Arancibia y otro -imputado: Sánchez José Ricardo s/incidente de prisión domiciliaria - Expediente Nº401383/26) por lo que "puede inferirse así que el magistrado elige en que causa pretende apartarme por la supuesta enemistad manifiesta, y en cuáles no".
En ese marco, Gómez explicó que el planteo debió rechazarse in limine teniendo en cuenta que al abordar la causa en cuestión "debe dejarse en claro que en ese legajo el Dr. Brito es parte de la investigación, pero no representando al Ministerio Público Fiscal -como ahora- sino en calidad de denunciado".
