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Derrota del Gobierno: el Senado aprobó la nueva fórmula de movilidad jubilatoria y Milei amenaza con vetarla

CONGRESO

La oposición se unió y juntó 61 votos a favor y 8 en contra para establecer cambios al modelo que propuso la Casa Rosada por Decreto de Necesidad y Urgencia. Unión por la Patria, la UCR y miembros del PRO votaron juntos.

  • 22 Ago 2024 - 17:20

(Foto: Prensa Senado)




Nueva derrota en el Congreso para el Gobierno de Javier Milei: esta vez, la oposición se unió en el Congreso y junto 61 votos (contra 8) para aprobar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, introduciendo cambios a la que impuso por Decreto de Necesidad y Urgencia el Gobierno. El Presidente ya amenazó que vetará la fórmula aprobada.

Los bloques de Unión por la Patria y la Unión Cívica Radical alcanzaron un acuerdo para modificar el proyecto que llegó desde Diputados, con el apoyo de senadores del PRO y de algunos espacios provinciales.

"El sistema previsional argentino está en crisis, producto de la crisis económica del país. El Estado tiene que hacerse cargo", sentenció el kirchnerista Mariano Recalde, miembro informante del proyecto junto al radical Martín Lousteau.

"Aprobar esta ley es un acto de justicia y de reparación. En 2015, un jubilado compraba 49 kilos de asado, hoy 29. Es urgente que reparemos esta pérdida y este retroceso, porque los jubilados se lo merecen", insistió el senador porteño.

El proyecto que se aprobó y que ahora pasará al Ejecutivo nacional —que amenaza con vetarlo— establece una actualización mensual en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC), como el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vigente que activó el Ejecutivo.

Además, incorpora una compensación extra —o “empalme”— del 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero. Con este mecanismo, el haber mínimo garantizaría la cobertura de la canasta básica del adulto mayor. El Ejecutivo insistió en que esto fuera a partir de julio y la oposición lo quiere retroactivo desde febrero. Esto último es lo que se impuso.

Para evitar que la actualización de la canasta básica —que se efectiviza después del pago de los haberes— no quede desfasada, se optó por empujar en ese sentido un mínimo equivalente a 1,09. Tampoco fue avalado por la Casa Rosada, aunque varios dialoguistas consideran que a Diputados “se le fue la mano”, según detalló Infobae.

No obstante, tampoco se aceptó modificarlo y se aprobó como llegó de la Cámara Baja. Además, la Cámara Baja agregó de forma anual un adicional del 50% de la variación entre el RIPTE —promedio de los salarios— y el IPC para habilitar la posibilidad de mejorar las jubilaciones en contextos de crecimiento económico. Bajo este precepto, el IPC no se convertirá en un techo para los haberes. Otro punto que el Gobierno no tolera y que quedó sancionado.

Durante el debate en Diputados, una prenda de cambio entre opositores fue priorizar el pago de los juicios sobre reajuste de haberes y de las deudas con las cajas previsionales provinciales —que 13 distritos no transfirieron a Nación— con fondos de la ANSES, pero sin tocar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Por ende, se pagarán con los tributos que tienen asignación específica para la ANSES, como el impuesto al cheque, el PAIS y el IVA. Para el Ejecutivo, esto significa el final del déficit cero.

Por otra parte, durante la sesión ordinaria se aprobó y giró a Diputados el proyecto que impone “prisión de 5 a 15 años al que reciba y a quien entregue ilegítimamente a una persona menor de edad mediando o no precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”.