La Caja Popular denuncia "animosidad" del Tribunal de Cuentas
Tras una auditoria, el Tribunal de Cuentas dio inicio a un proceso judicial para determinar la responsabilidad sobre una deuda alegada con el Siprosa. Desde la entidad financiera, denuncian la existencia de "parcialidad e ignorancia".

Tribunal de Cuentas
El Tribunal de Cuentas (TC) ha concluido una auditoría iniciada en noviembre de 2023, señalando presuntas anomalías en el área de Juegos de la Caja Popular de Ahorros (CPA). El informe destaca una deuda significativa con el Sistema Provincial de Salud (Siprosa), ascendiendo a más de $3.000 millones, acumulada por la falta de transferencia de fondos desde 2020 hasta 2023. Sin embargo, representantes de la CPA alegan que las acusaciones son un acto de venganza del presidente del TC, relacionado con una denuncia penal contra un miembro de su familia.
Los miembros del TC, Miguel Terraf y Sergio Díaz Ricci, han decidido iniciar un juicio de responsabilidad contra el interventor de la CPA, José César Díaz, basándose en los resultados de la auditoría. Además, han informado a la Justicia sobre los hallazgos y documentos recabados durante la investigación administrativa, sugiriendo la posible comisión de delitos como la violación de deberes de funcionarios públicos o malversación de fondos públicos.
Darío Amatti, subinterventor de la CPA, ha respondido a la resolución del TC, criticando el proceso como una muestra de “animosidad, parcialidad e ignorancia del TC, esta vez en la interpretación de la ley que establece la forma en que parte de los fondos provenientes del juego deben ser destinados al Siprosa”.
La auditoría identificó una “grave irregularidad” en el manejo de fondos por parte de la CPA, destacando un incumplimiento reiterado en la transferencia del 25% de los ingresos brutos del sector de juegos entre 2020 y 2023. Esta suma, que asciende a aproximadamente $3.381 millones más intereses por mora, podría haber contribuido significativamente a la gestión de las crisis sanitarias de la covid-19 y el dengue.
La CPA y el Siprosa han firmado un convenio para financiar la construcción de un centro de atención para pacientes con trastorno del espectro autista, utilizando fondos del juego que corresponden al Siprosa. Amatti también señala que el Siprosa mantiene una deuda con la CPA desde 2015, relacionada con el cálculo para el cobro de ART, y que el TC también adeuda fondos por este concepto.
Amatti aseguró que, “en su afán de extorsionar a las autoridades de la CPA, el Tribunal de Cuentas cambió de criterio y exige a la institución que se aparte de su Carta Orgánica y aporte los fondos provenientes del Juego (al Siprosa), sin tener en cuenta gastos ni costos”.
El subinterventor indicó que la “acusación es mal intencionada y roza lo ilícito”. Y remarcó que la Caja y el Siprosa firmaron un convenio a través del cual el ente crediticio “se hace cargo de financiar la construcción de un centro de atención para pacientes con trastorno del espectro autista con fondos provenientes de la explotación del juego, y que corresponden al Siprosa, con debida intervención del Tribunal de Cuentas”.
Añadió que el Sistema de Salud adeuda a la Caja desde 2015 unos $700 millones “por ocultar de manera intencional la información de la base de cálculo para el cobro de ART”, y que “este daño patrimonial jamás motivó un juicio de responsabilidad”. Incluso, dijo que el propio TC tiene una deuda con la Caja por esta cuestión. “Seguramente esta payasada en contra de Díaz es un capítulo más en la intentona de Terraf para que se desista de la denuncia penal iniciada por el desfalco cometido por su yerno Esteban González, por una cifra que actualizada rondaría los $200 millones”, dijo.