"No tienen perdón, han quemado viva a mi hija": empezó el juicio por el crimen de Rocío Rojas

Este lunes empezó el juicio por el crimen de Rocío Milagros Rojas, ocurrido el 1 de julio de 2021 en Lules. El banquillo de los acusados lo ocupan María Carolina Graneros, madrina de la niña, y su esposo, Edgardo Caro.

Rocío tenía tan solo 4 años cuando la asesinaron. Su madrina había alegado que su mamá la maltrataba y se quedó con la niña. El 1 de julio denunció su desaparición en la comisaria de Lules, a los días se encontraron restos óseos fragmentos y quemados a orillas del río Colorado, luego se corroboró que se trataba de Rocío. Por el crimen detuvieron a Graneros, Caro, y también a su yerno Mauro Leonel Véliz, quien fue juzgado por encubrimiento a 6 años de prisión en un juicio abreviado. 

Tres años después, Caro confesó el crimen. En una audiencia reconoció que la niña fue víctima de “maltratos crueles e inhumanos” de manera reiterada por parte de él y su esposa. El presunto asesino confesó los golpes y las situaciones humillantes a las que Rocío fue sometida: “obligándola a arrodillarse en maíz, a sostener mitades de ladrillos en sus manos, abandonándola en múltiples oportunidades al frío y desnuda en el patio de su casa a horas de la madrugada y arrojándole agua fría mientras le recriminaban que se hacia sus necesidades encima”, sostiene el expediente. Luego, el día de su desaparición, Caro abusó sexualmente a la niña y, junto a su mujer, la tiraron viva después en el pozo de una letrina y la prendieron fuego.

“No tienen perdón, han quemado viva a mi hija envuelta en una colcha y dicen que ‘no tiene validez’ su confesión porque no quedaron órganos para comprobar si fue abusada efectivamente o no”, dijo en diálogo con TN la mamá de Rocío, Maira Rojas. Y remarcó: “Lo que declaró debería ser suficiente para que lo condenen”.

Cuando ocurrieron los hechos, Rocío y su hermanito de 1 año y nueve meses se encontraban bajo el cuidado Graneros y Caro. Según la Justicia, en ese momento se le otorgó la guarda a la pareja porque los menores vivían en condiciones de vulnerabilidad debido a una supuesta adicción a las drogas de la madre. Sin embargo, la versión de los familiares es otra.

“Yo estaba internada porque tenía cáculos en la vesícula cuando se llevaron a los chicos”, contó Maira a TN. De acuerdo a su testimonio, fue Graneros acompañada por una asistente social quien se llevó a sus hijos en un móvil policial y desde entonces nunca más le permitieron volver a verlos.

“Dijeron que yo había firmado un papel para que ella se hiciera cargo de mis hijos, pero yo nunca firmé nada, yo no sé ni leer ni escribir”, subrayó la mujer. Por su parte Susana Amaya, tía abuela de Rocío, reclamó la tenencia del hermano menor de la víctima - que actualmente está en la Casa Cuna de Tucumán - y en relación a los imputados, sentenció: “Son monstruos, no hay palabras para definirlos”.

El inicio del juicio

Luego de la confesión de Caro el pasado viernes, el juez decidió rechazar el acuerdo de juicio abreviado e interpretó que es necesario un debate oral y público “para tener mayor amplitud y desarrollo de las pruebas”. Se espera que la condena sea cadena perpetua. 

Según informó TN, en la primera audiencia del juicio, el fiscal Pedro Gallo alegó: “Los imputados, previo acuerdo de voluntades y actuando de manera conjunta y coordinada, aprovechándose del estado de indefensión de la menor y a los fines de lograr la impunidad, la cargaron convaleciente en una motocicleta y la trasladaron hasta un terreno en La Reducción, Lules. Allí, con claras intenciones de causarle la muerte de un modo cruel, inhumano y aumentando de manera innecesaria el sufrimiento, la tiraron en un pozo cavado para letrina y la prendieron fuego produciendo la muerte de la niña y se retiraron del lugar”.

Gallo acusó a Caro por los delitos de homicidio agravado por alevosía, ensañamiento, femicidio y criminis causa, por lesiones y abuso sexual con acceso carnal agravado. En tanto, a Graneros la imputó de homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y criminis causa, y por lesiones. Tanto el representante del Ministerio Público Fiscal como la querella coincidieron en pedir para ambos la pena máxima: prisión perpetua. Por su parte, la defensa de los acusados solicitó la absolución.