En vivo: Diputados debate una nueva y acotada versión de la Ley Bases de Javier Milei

Después de semanas de negociaciones y ajustes en el texto, la Cámara de Diputados se prepara para debatir este lunes una versión más acotada de la Ley de Bases. Se espera que el debate genere un intenso intercambio de opiniones y posiciones entre los legisladores, marcando así uno de los puntos culminantes del año legislativo.

La sesión promete ser extensa y estar cargada de tensión, ya que se analizarán en detalle las implicancias de la Ley de Bases. Si se aprueba, esta normativa otorgaría al Gobierno poderes significativos para reestructurar el entramado institucional del Estado. Entre las facultades más destacadas se encuentra la posibilidad de reorganizar o incluso eliminar diversos organismos públicos y de privatizar varias empresas estatales. Además, se implementaría un mecanismo para gestionar y controlar los fondos de los grandes fideicomisos.

El proyecto de ley también propone un Régimen de Grandes Inversiones (RIGI), que busca atraer proyectos con inversiones superiores a los 200 millones de dólares, favoreciendo así a grandes empresas y conglomerados corporativos. La propuesta incluye también una reforma laboral moderada, que ha evitado los puntos más conflictivos para la Confederación General del Trabajo (CGT), pero que contempla las necesidades de flexibilidad laboral planteadas por las pequeñas y medianas empresas.

Uno de los aspectos que podría generar controversia durante el debate es la solicitud de algunos diputados, apoyados transversalmente por otros legisladores, de eliminar las denominadas “cuotas sindicales”. Estas cuotas, que se descuentan del salario tanto de afiliados como de no afiliados, son un pilar fundamental en la financiación de las organizaciones gremiales.

El debate fiscal no se quedará atrás en términos de intensidad. Se espera que varios bloques legislativos propongan modificaciones al tratamiento del impuesto a las Ganancias, buscando exenciones para ciertos sectores como las guardias médicas y las horas extras de las fuerzas de seguridad. Además, los representantes de la región patagónica podrían demandar condiciones especiales debido al alto costo de vida en esa área.

La discusión sobre el impuesto a los Bienes Personales también será central. El proyecto de ley pretende reducir significativamente el número de contribuyentes afectados por este impuesto mediante el aumento del mínimo no imponible y la disminución de las alícuotas. Sorprendentemente, también se incluye un régimen que permitiría a los contribuyentes pagar de forma anticipada y unificada por un período de cinco años, garantizando estabilidad fiscal en cualquier impuesto sobre el patrimonio hasta el año 2038.

A medida que se acerca el día del debate, tanto oficialistas como opositores han realizado un detallado recuento de votos sobre los aspectos más polémicos del proyecto. Aunque las proyecciones son favorables para la aprobación de la Ley de Bases, los legisladores admiten que aún podrían surgir sorpresas durante la sesión en Diputados, lo que mantiene a todos en expectativa sobre el resultado final.

Principales puntos de la Ley Bases

- Delegaciones

Se declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año.

- Privatizaciones

A último momento el Ejecutivo eliminó el Banco Nación del listado, el cual generaba amplio rechazo. Quedan sujetas a privatización total Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina e Intercargo S.A.U.

Sujetas a privatización o concesión quedaron AySA, el Correo Oficial, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales.

La Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Yacimientos Carboníferos Rio Turbio (YCRT) solo pueden volverse mixtas, con control del Estado.

La Auditoría General de la Nación deberá realizar un examen respecto del proceso de privatización de cada una de las empresas y la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones del Congreso deberá controlar el proceso.

- Moratoria previsional

Se deroga la moratoria previsional aprobada durante el Gobierno de Alberto Fernández, por la cual personas que no alcanzaban los años jubilatorios podían entrar a un esquema de pago y poder jubilarse. Pero a pedido de la UCR se crea la a Prestación de Retiro Proporcional en el que las personas que no alcanzan a cumplir los 30 años de aporte, cuando lleguen a los 65 años -cuando empieza a cobrarse la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)- también cobren un proporcional por los años que aportaron.

- Impuesto a las Ganancias y Monotributo

El impuesto a las Ganancias empieza a pagarse a partir de un sueldo de $1.800.000 en el caso de solteros y de $2,2 millones para casados. Después de una ardua discusión -porque el oficialismo quería que la actualización sea anual- se fijó que en lo que queda del año el ajuste por inflación (IPC) será trimestral (en septiembre) y después cada seis meses.

El Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) actualiza los topes de facturación y cuotas, con subas de entre 300% y 330%. El ingreso tope anual sería de $ 68 millones, con la novedad de que será para actividades de comercio y servicios por igual.

- Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI)

Es para inversiones iguales o superiores a u$s 200 millones. Obtienen beneficios fiscales, aduaneros y cambiario. Entre ellos, una alícuota única del Impuesto a las Ganancias del 25% y la contabilización del 100% del Impuesto a los débitos y créditos como pago a cuenta de Ganancias.

- Bienes Personales

Los cambios contemplan una reducción del piso a partir del cual se empieza a pagar el impuesto y una disminución en las alícuotas. Según el proyecto, el mínimo no imponible subirá de $ 11 a $ 100 millones y la deducción por la vivienda familiar pasará de $ 56 a $ 350 millones.

Hay un programa de pago adelantado de 5 años con una tasa reducida, que después habilita el "equilibrio fiscal", con el pago de un porcentaje muy bajo para el contribuyente hasta 2038.

Se incluyó un beneficio para el contribuyente cumplidor, de medio punto de alícuota.

- Blanqueo y Moratoria Fiscal

El blanqueo permite regularizar activos no declarados hasta US$ 100.000 sin pagar el impuesto especial. Contempla alícuotas progresivas hasta el 15 % para montos superiores a US$ 100.000

En la primera etapa, que se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2024, la tasa sobre el excedente será del 5%; en la segunda etapa, hasta el 31 de diciembre de 2024, será del 10%; y en la tercera, hasta el 31 de marzo de 2025, del 15%.

La moratoria permitirá pagar las obligaciones impositivas y de la seguridad social vencidas al 31 de marzo de 2024 en hasta 84 cuotas con diversos beneficios como la condonación de la totalidad de las multas y de hasta el 70% de los intereses por los saldos adeudados, dependiendo la modalidad de pago.

- Disolución, fusión o modificación de organismos públicos

El proyecto faculta al Ejecutivo a disponer la disolución total o parcial, fusión, escisión, modificación o transferencia de organismos de la administración central o descentralizada del estado. Pero a pedido de la oposición se escribió un listado con los órganos que el estado no va a "poder tocar".

No podrá disponer la disolución del CONICET; el Laboratorio Malbrán, la ANMAT, el INCAA, el ENACOM, el INCUCAI, el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI); la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE); la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU); la Comisión Nacional de Valores (CNV); el Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI); la Unidad de Información Financiera (UIF); y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

- Intervenciones

Se faculta al Ejecutivo a poder intervenir por el plazo de un año, organismos descentralizados con exclusión de las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan; la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS); la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU); la Unidad de Información Financiera (UIF) y las instituciones de la seguridad social.

- Fondos fiduciarios

Se autoriza al Poder Ejecutivo a unificar, modificar, o liquidar los fondos fiduciarios públicos. Para que, como pasó en febrero, este artículo no haga fracasar la ley, se fijó, a pedido de la oposición y sobre todo de los gobernadores, que si disuelven un fondo que era financiado por una asignación específica se coparticipe. Si se disuelve un fondo financiado por una asignación específica de un tributo no coparticipable el tributo volverá a ser destinado al Tesoro Nacional. Otro punto importante: quedó excluido el Fondo de Subsidios "zonas frías" que es el que beneficia a los consumos residenciales de gas de las provincias del sur.

- Reforma Laboral

Entre los puntos principal se extiende el periodo de prueba -actualmente de 3 meses- a seis meses. Con la posibilidad de que las convenciones colectivas de trabajo puedan ampliar hasta 8 meses en los casos de empresas de 6 a 100 trabajadores.

Se eliminan las multas por trabajo no registrado. Esto se aplica si el empresario blanquea a aquellos trabajadores que tienen en negro. La medida apunta a incentivar el empleo registrado.

La creación de un fondo de cese laboral (tipo UOCRA) para las indemnizaciones. Será opcional por convenio colectivo. También se incluye la posibilidad de contratar un seguro.

¿Qué quedó afuera de la Ley Bases?

En el plano laboral, la reforma quedó acotada a 17 artículos. El artículo referido a la cuota sindical, resistido por los sindicatos, fue dejado de lado. En el DNU 70/2023, cuyo fragmento laboral fue frenado por la Justicia, se limitaba el descuento compulsivo de la cuota sindical que aportan los trabajadores registrados (afiliados o no). Además, se eliminó el artículo que establecía que la participación en bloqueos o tomas de establecimiento era razón de “justa causa” de despido. También se mantiene la “ultraactividad” de los convenios colectivos de trabajo, que el DNU buscó eliminar.

En el ámbito de las privatizaciones, se dejó de lado el Banco Nación y todas sus empresas subsidiarias, aunque el ministro del Interior, Guillermo Francos, advirtió que el Gobierno no descarta su privatización en el mediano plazo.

El oficialismo, además, eliminó los capítulos vinculados a la defensa de la competencia y al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.