Allanan un barrio privado en San Javier construido en tierras de la UNT
La Justicia Federal determinó que Gendarmería tome fotos aéreas y se identifique a los ocupantes. En 2008, el servicio jurídico de la Universidad Nacional de Tucumán, a cargo de Augusto González Navarro abandonó la causa y el juez Daniel Bejas sobreseyó a Próspero Marcelo Sosa, quien continúa construyendo el barrio en pleno Parque Sierra de San Javier que pertenece y "custodia" la universidad.
Imagen de archivo.-
La Justicia Federal dictaminó allanar el barrio privado bautizado como “Las Pirámides”, ubicado en el parque Sierras de San Javier, tierras que pertenecen y debe custodiar la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).
El barrio se encuentra en el km. 28 de la ruta 338, en el sector sur del parque Sierra de San Javier y empezó a ser construido por Próspero Marcelo Sosa, que niega que la UNT tenga derechos sobre esa tierra, está en conflicto con la casa de altos estudios.
La familia de Sosa vivió en ese lugar desde hace muchos, si bien se trata de un área del cerro que había sido expropiada y entregada a la Universidad en 1948.
La ocupación del predio habría comenzado hace décadas, pero en 2008 el por entonces juez Daniel Bejas lo sobreseyó y pudo avanzar con el loteo gracias a la inacción del servicio jurídico de la propia UNT, que desde 1999 está a cargo de Augusto González Navarro.
Esto recién fue advertido por la universidad en 2018, que inició otra acción judicial de reivindicación contra el ocupante, y en ese marco se logró una decisión de la Justicia que le ordenó a Sosa no seguir construyendo ni tallar árboles ni abrir caminos, por tratarse de una zona que debe ser protegida ambientalmente. A la treintena de casas que había en 2018 se comprobó en 2023 que ya pasaban de 50 viviendas. La justicia además procesó a Sosa por desobediencia, según informó La Gaceta.
Como medida complementaria de esta última causa se llevó a cabo este operativo, ordenado por el juez federal José Manuel Díaz Vélez, a pedido del fiscal federal Agustín Chit. Participaron en la medida la secretaria Julia Vitar y el prosecretario Alberto López Vallejo. Hubo 20 gendarmes y por la UNT asistieron el abogado Máximo Castro, el secretario de Bienestar Universitario, Gustavo Vitulli, y los ingenieros agrimensores Julio Robles y Sebastián Canevaro.
En el operativo se utilizaron drones para sacar más de 200 fotos y hacer relevamiento del predio y se requirió a las personas que se encuentren dentro del predio que presenten toda la documentación que tuvieren en su poder referidas a compras de los terrenos. “Se determinó que siguieron las construcciones y que las que antes estaban en estado primario ahora estaban bastante avanzadas”, explicó Castro.
Según un censo oficial, en 2018, la inacción de jurídico de la UNT ya se habían instalado unas 169 viviendas de ocupantes ilegales (34 en San Javier -“Las Pirámides”- y 135 en Horco Molle), calculándose que había 676 personas viviendo en el predio de la reserva que debía custodiar la universidad.
Desde 1999, González Navarro es el director de Asuntos Jurídicos de la Universidad Nacional de Tucumán. Es investigado por la Justicia Federal por omitir la letra de la Ley 14.711 y permitir que los fondos de YMAD que llegaban a la UNT no se destinen a construir la Ciudad Universitaria, equiparar la misma a una serie de obras y refacciones menores y encima permitir que esos fondos sean manejados como fondos privados, al margen de la Ley de Obras Públicas 13.064, lo que devino en un festival de sobreprecios con una veintena de empresarios tucumanos procesados.
La Universidad pública tucumana contaría con la documentación que prueba la expropiación del predio en 1947, y con esa documentación querelló a Sosa por la ocupación de 4.600 hectáreas de las más de 18.000 del parque Sierras de San Javier expropiadas por Juan Domingo Perón para erigir allí la gran Ciudad Universitaria que proyectó junto al rector Horacio Descole, en una iniciativa que fue reivindicada por el presidente radical Arturo Frondizi, quien dispuso en 1958 que el 40% de los fondos de la minería nacional al crear Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio debían destinarse a construir el campus de la UNT.
Las obras se paralizaron definitivamente en el '55, cuando allí ya se habían construido las 33 viviendas de San Javier, el Acueducto que desde Anfama todavía abastece de agua a la zona, el lago artificial parquizado, la Residencia Universitaria de 36 viviendas en Horco Molle, el block de la residencia de varones -que todavía yace inerte en San Javier y era apenas un tercio del total de ese edificio- y el funicular, que iba a conectar San Javier y Horco Molle y hoy es un sendero que recorren a pie jóvenes y atletas tucumanos.
El 27 de diciembre de 2007, el directorio de YMAD resolvió mediante el acta 498 y a propuesta de los exrectores Rodolfo Martín Campero y Mario Marigliano –ya fallecido- declarar “satisfecha” la necesidad de la UNT de recibir fondos para construir la Ciudad Universitaria, reducir así del 40% al 20% los fondos de YMAD que llegaban a la UNT y permitir que el campus sea reemplazado por el plan de obras 2006-2009 del rector Juan Alberto Cerisola, quien sentenció en actas el fin de la Ciudad Universitaria el 2 de enero de 2008. Todos ellos, el mencionado Augusto González Navarro, el secretario general del Rectorado, José Hugo Saab, y otros exfuncionarios y autoridades universitarias son investigados por la Justicia Federal por el Robo de la Ciudad Universitaria de San Javier.
En diciembre de 2018, una medida cautelar ordenó al constructor Sosa "suspender de inmediato, toda construcción de vivienda, tala de árboles y de toda especie vegetal, parquizado de terreno y cualquier otra acción que deprede el sector", y la UNT lo acusó de ser un "verdadero depredador ambiental". Tras solicitar a la Policía de Tucumán que tome imágenes satelitales para dar cuenta del desmonte, en febrero de 2021 la Universidad denunció el incumplimiento de esa cautelar.
En abril de 2022, la Cámara Federal ordenó constató la construcción de 21 casas nuevas, un galpón, un quincho, un vivero, cuatro nuevas obras en ejecución, un nuevo desmonte y apertura de una calle de ripio de 600 metros de largo e instalación de tendido eléctrico, según enumeró La Gaceta; en septiembre de 2022 el fiscal federal Agustín Chit pidió que se cite por desobediencia a Sosa por ese incumplimiento. En noviembre se presentó ante la Justicia y se abstuvo de declarar. Su abogado rechazó el planteo, que ahora confirma la Cámara.
Ya serían más de 50 las casas construidas en Las Pirámides y en la Justicia Civil Federal están acusados el propio Próspero Marcelo Sosa -que fuera embargado por $30.000.000-, su hijo y cinco personas que compraron lotes y construyeron sus casas en el predio.
