Persiste el delito: la UNT recibirá $3.000 millones de YMAD que debería destinar a construir la Ciudad Universitaria
El directorio de YMAD autorizó un adelanto de utilidades a Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán que corresponden al balance 2022, por el que ya recibieron $2.500 millones. La Ley 14.771 dice que esas regalías deben destinarse a construir el campus de San Javier cuya finalización se falsificó en 2008, pero el Rectorado sigue violando la ley con complicidad de la Justicia Federal. Más y más millones para el Saabismo, que les cobra "bonos contribución" a los estudiantes y arancela así la educación pública y gratuita.
Encuentro entre directivos de YMAD y La Alumbrera. (Foto tomada de El Ancasti)
El próximo 11 de marzo, a las 15:00 horas, el directorio de la empresa interestadual Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) se reunirá para aprobar el adelanto de utilidades del balance 2022 a Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán por $3.000 millones, luego de que los directores ya aprobaron un anticipo por $2.500 millones de ese mismo balance. Desde la provincia vecina anticipan que "tanto la Provincia como la UNT disponen a qué obras van a destinar los recursos", por lo que persiste la violación de la Ley 14.771 que indica que las regalías mineras deben destinarse a la construcción de la Ciudad Universitaria de San Javier, que ya declararon falsamente culminada el 2 de enero de 2008. Todo esto ocurre con complicidad de la Justicia Federal, a pocas semanas de la fecha establecida para el inicio del juicio que investigará el Robo de la Ciudad Universitaria -previsto para fines de abril- y significa más y más millones para el Saabismo, que les cobra a los estudiantes de la UNT un "bono contribución", arancelando la educación pública y gratuita.
El artículo 18 de la Ley 14.771 de creación de YMAD reza que "las utilidades líquidas y realizadas que arrojen los balances se distribuirán en la siguiente forma:
a) El sesenta por ciento (60%) para la provincia de Catamarca. Hasta el 7 de junio de 1968, o antes si se concluyera en menos tiempo la ciudad universitaria, el porcentaje establecido se reducirá al 50% del total general, destinándose el 10% restante a la referida construcción emprendida por la Universidad Nacional de Tucumán;
b) El cuarenta por ciento (40%) restante será destinado para la terminación de la ciudad universitaria, conforme a los planos ya aprobados;
c) Una vez cumplidos los propósitos señalados en el punto anterior, de ese porcentaje del cuarenta por ciento (40%) se destinará el cincuenta por ciento (50%) a la Universidad Nacional de Tucumán y el cincuenta por ciento (50%) restante a la formación de un fondo nacional que será distribuido entre las demás universidades del Estado”.
El 27 de diciembre de 2007, el directorio de YMAD firmó a instancias de los directores tucumanos Rodolfo Martín Campero y Mario Marigliano –ya fallecido- el acta N°498 en la que se redactó de puño y letra el documento que firmó el por entonces rector Juan Alberto Cerisola el 2 de enero de 2008 (días después, en fechas atípicas para la vida universitaria) mediante el cual la UNT accedió a dar por “satisfecha la obligación de distribuir a favor de dicha universidad el porcentaje del cuarenta por ciento (40%) contemplado en el artículo 18, inciso b), de la Ley 14.771".
La UNT desistió de recibir el 40% de las utilidades de YMAD declarando terminada la Ciudad Universitaria –que claramente no estaba y nunca estuvo terminada- sin ningún tipo de sustento legal y moral, y acordando así recibir la mitad de los fondos de la minería, pero pasando los mismos a ser de libre disponibilidad. Ya en aquel momento se acreditó a la UNT $36.000.000 (a Catamarca se otorgaron $54.000.000) "a cuenta de futuras utilidades líquidas y realizables correspondientes al ejercicio que cierra el 31 de diciembre".
Recién en 2014 el Consejo Superior de la UNT advirtió que Cerisola no tenía las atribuciones para tomar determinaciones sobre los bienes de la Universidad y declaró nula el acta del 2 de enero de 2008 que declaró culminada la Ciudad Universitaria. En junio de 2020, el diario La Gaceta informó que la Cámara de Apelaciones hizo lugar a un recurso presentado por la Casa de Altos Estudios y dispuso que el 50% del 40% que correspondía a la UNT hasta terminar el campus sea reservado y depositado a la orden del juzgado y colocado en plazos fijos "mientras dure la tramitación de la causa o hasta la terminación de la Ciudad Universitaria".
Con ese propósito, según indica la ley, la UNT siguió y sigue recibiendo millonarias regalías mineras, a pesar de los intentos de Catamarca de dejarla fuera y provincializar YMAD. Sin embargo, la UNT nada hizo para cumplir con la ley -que viola sistemáticamente- y lejos de avanzar en la construcción de la Ciudad Universitaria, proyecta un Museo de Sitio y la señalización de "sitios históricos" donde debía construirse "de acuerdo a los planos ya aprobados" el proyecto diseñado por el prestigioso equipo que lideraron los arquitectos Eduardo Sacriste, Jorge Vivanco y Horacio Caminos.
Esos planos estuvieron ocultos durante años, fueron localizados por eltucumano y son la prueba que complica a las autoridades universitarias en el juicio oral público previsto para los días 29 y 30 de abril de 2024 -Expediente 400369/2010- en la causa contra Cerisola, Juan Alberto y otros s/defraudación contra la administración pública y abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos, donde se sentarán en el banquillo de los acusados el ex rector Cerisola y los ex funcionarios Luis Sacca, Olga Cudmani y Osvaldo Venturino deberán responder por el desmanejo de los fondos de la minería pero donde en la investigación a cargo del fiscal federal Carlos Brito NO SE INVESTIGÓ EL DELITO PRINCIPAL, QUE ES EL ORIGEN DE ESOS FONDOS QUE POR LEY DEBÍAN DESTINARSE A CONSTRUIR LA CIUDAD UNIVERSITARIA. En el marco de la causa declararon pero no fueron imputados la ex vicerrectora María Luis Rossi de Hernández y los todavía funcionarios José Hugo Saab (secretario general del Rectorado y jefe de la burocracia universitaria) y Augusto González Navarro (director de Asuntos Jurídicos, sospechado por adulterar la letra de la Ley 14.771).
$5.500 millones para la UNT que se usan de forma discrecional
El directorio de YMAD -donde hoy la UNT está representada por Domingo Marchese y José Roberto Toledo- aprobará el 11 de marzo próximo el adelanto de utilidades para Catamarca y la UNT correspondientes al ejercicio 2022, por el que ya les han adelantado $2.500 millones según informó El Ancasti de Catamarca.
Fernando Jalil, director de YMAD y hermano del gobernador de Catamarca Raúl Jalil, destacó que "estos últimos años YMAD fue exitosa en sus operaciones y en todos los años hemos tenido utilidades para la compañía y en ese caso para la Provincia y para la Universidad de Tucumán. Estas utilidades que estamos por pagarles, tanto a la Provincia como a la UNT, son diferencias de utilidades del año 2022. Ya les dimos adelanto de utilidades por esos años en total por $2.500 millones".
"Se resolvió que podemos distribuir un adicional de $3.000 millones, por lo que en total se distribuyeron $5.500 millones correspondientes a ese año", explicó el director de YMAD que fuera designado por el gobierno de Alberto Fernández, quien detalló que tanto la Provincia como la UNT disponen a qué obras van a destinar los recursos.
El 1 de abril vencerá el mandato de Jalil, y el presidente Javier Milei podrá designar a un nuevo director de YMAD, empresa que había incluido en las compañías estatales sujetas a privatización en la Ley de Bases que luego retiró del Congreso.
En aquel momento, el rector Sergio Pagani y el propio gobernador Jalil sorprendieron al expresar su "preocupación" y citar la Ley 14.771 que la UNT viola sistemáticamente en una carta en la que señalaron que “es unánime la jurisprudencia judicial y de la Procuración del Tesoro de la Nación, así como calificada doctrina que analizan la especial caracterización de YMAD, que es el fruto de un acuerdo de entes estaduales (Acta de Farallón Negro del año 1958), por lo que la Ley N˚ 14771 ha sido considerada como una muy especial “ley convenio” que solo puede ser modificada o alterada, como condición de legitimidad, como resultado de un nuevo acuerdo de la Provincia de Catamarca y de la Universidad Nacional de Tucumán, que respectivamente representamos y que son los únicos dueños y exclusivos legitimados a los derechos económicos derivados de su explotación”.
